BOGOTÁ (apro).- El embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, se ha convertido por estos días en un arquetipo de lo que la izquierda latinoamericana definiría como una suerte de “imperialismo yanqui de cuello blanco”, que es aquel que no invade militarmente pero sí interviene en asuntos internos de otros países para favorecer sus intereses. Legisladores colombianos han denunciado que Whitaker los quiso instruir para votar un proyecto de ley en el Congreso como él quería que lo hicieran. Y hace unos días se conoció que llegó al punto de presionar a magistrados de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia quitándoles a tres de ellos sus visas de ingreso a Estados Unidos. Lo que en América Latina definimos como “imperialismo yanqui”, con toda la legitimidad de nuestro historial de agravios, no involucra a Estados Unidos como país, sino al sector estadunidense que lo promueve en su expresión militar y, también, política, como es el caso de lo que ocurre en Colombia. En reacción a las presiones de Whitaker, el presidente de la Corte Suprema, Álvaro Fernández, denunció el pasado viernes un “sistemático ataque a la integridad del Poder Judicial en general y, en particular, contra algunos magistrados de la Corte Constitucional”. Y el Consejo de Estado deploró la utilización indebida de cualquier “mecanismo de presión o represalia frente a las decisiones judiciales”. La indignación del Poder Judicial y de amplios sectores políticos y ciudadanos en Colombia responde a la suma de actuaciones injerencistas de Whitaker. El pasado viernes 10 se supo que la embajada de Estados Unidos en Bogotá canceló las visas de ingreso a ese país de los magistrados Diana Fajardo y Antonio José Lizarazo, de la Corte Constitucional, y Eyder Patiño, de la Corte Suprema Eyder Patiño. Ante las reacciones, la embajada respondió el domingo 12 que tiene “amplia autoridad para revocar visas” cuando tenga información que indique que el titular de la visa “puede ser inadmisible en Estados Unidos”. El fondo del asunto es que el Congreso y el Poder Judicial tienen en sus manos una decisión que le interesa a Estados Unidos y que está relacionada con los acuerdos de paz con la exguerrilla de las FARC y con la extradición de colombianos a ese país. El presidente colombiano, Iván Duque, objetó seis artículos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) -el sistema de justicia transicional que juzga los delitos cometidos en el marco del conflicto armado- que, según el mandatario, permitirían que narcotraficantes se “cuelen” a ese tribunal y eludan la justicia ordinaria o la extradición a Estados Unidos. Los defensores de la paz señalan que esas objeciones violan el acuerdo con las FARC y aseguran que su verdadero propósito es limitar los alcances de ese pacto que puso fin a un conflicto armado de 52 años. Estados Unidos ha sido un férreo defensor de esas objeciones y el embajador Whitaker se ha encargado de hacer un intenso lobby para que los cambios a la JEP sean aprobados. Amenazas precisas El mes pasado, Whitaker citó a su residencia a varios legisladores que posteriormente contaron a la prensa que el embajador ejerció “presión” sobre ellos para que aprobaran las objeciones y les advirtió que, de lo contrario, Estados Unidos podría tomar represalias, como la anulación o rebaja de la ayuda de 500 millones de dólares que otorga cada año a Colombia. También expresó su molestia por la política antidrogas del presidente Duque, a pesar de que el mandatario se ha esforzado por aplicar los lineamientos de Washington en esa materia y de que es un estrecho aliado de Estados Unidos en temas de seguridad y defensa. Varios legisladores le hicieron ver al embajador que las objeciones a la JEP eran innecesarias, pues la legislación de ese tribunal no pone en riesgo el tratado de extradición con Estados Unidos ni posibilita que narcotraficantes se hagan pasar por guerrilleros desmovilizados. Varios lo han intentado pero los filtros para impedirlo funcionaron, le dijeron. Uno de los congresistas asistentes a la reunión que salió a denunciar la “intromisión” de Whitaker en asuntos internos colombianos fue John Jairo Cárdenas, a quien días después la embajada de Estados Unidos en Bogotá le anuló su visa de ingreso a ese país en un claro acto de “represalia e intimidación”, según él mismo afirmó. Cárdenas dijo además que era necesario enviar un claro mensaje al gobierno estadunidense: “No vamos a tolerar que el embajador de Estados Unidos llame a los congresistas de Colombia a decirnos cómo tenemos que votar las leyes de nuestro país”, afirmó. Pero finalmente el Congreso no aprobó las objeciones a la JEP, lo que fue una dura derrota para el embajador, para el presidente Duque y para el exmandatario Álvaro Uribe, actual senador y líder del ultraderechista partido de gobierno, el Centro Democrático, principal opositor a los acuerdos de paz con las FARC. El Congreso le pidió a la Corte Constitucional, tribunal de decisiones finales en la justicia colombiana, que determine si la votación en el Congreso contra las objeciones del presidente Duque a la ley de la justicia transicional es definitiva. El embajador estadunidense buscaría ahora que los magistrados de esa Corte aprueben las objeciones. Varios magistrados del Poder Judicial han hablado de “presiones indebidas” y han denunciado que sus teléfonos celulares están interceptados, aunque no han señalado a nadie en particular como el autor de esa acción ilegal. El presidente de la Corte Suprema, Álvaro García, dijo que “cualquier interferencia, acto injusto, persecución, seguimiento o interceptación ilegal contra sus magistrados es también una agresión contra la independencia judicial”. Esa fue una de las muchas reacciones de indignación a la decisión de la embajada estadunidense de retirar sus visas a los magistrados Diana Fajardo, Antonio José Lizarazo y Eyder Patiño. Lizarazo es el ponente del fallo que deberá adoptar la Corte Constitucional sobre las objeciones a la JEP, que tanto le interesa a Estados Unidos, particularmente por la extradición. Y el magistrado Eyder Patiño fue el ponente el año pasado de un fallo en que el que la Corte Suprema negó la extradición a Estados Unidos del indígena José Martín Yama Guacanés, quien fue acusado por la DEA de narcotráfico, pero quien fue sancionado por la comunidad bajo sus usos y costumbres a 10 años de prisión. La corte aplicó el principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito y por eso negó su entrega a Estados Unidos, lo que molestó a la DEA. Viraje Whitaker, quien es embajador en Colombia desde 2014 y ya está por abandonar el cargo, se manejó con propiedad diplomática en este país durante la administración de Barack Obama, que concluyó en enero de 2017. Pero desde que llegó a la Casa Blanca Donald Trump ha dado un viraje. Ha insistido en que Colombia debe reanudar las fumigaciones aéreas con glifosato para combatir los cultivos de hoja de coca, que rebasan las 200 mil hectáreas, a pesar de que ese herbicida es considerado potencialmente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de que esa estrategia es tachada de ineficaz por expertos en el tema de drogas. Por esa razón, y porque la Corte Constitucional así lo recomendó en un fallo, el gobierno colombiano decidió hace cuatro años suspender el uso del glifosato. Whitaker insiste en que el glifosato es “seguro” y hace un intenso lobby para que se reanuden las aspersiones con el herbicida a fin de evitar la proliferación de cultivos de hoja de coca, algunos de los cuales financian los cárteles mexicanos de la droga, según reportes de inteligencia de la Policía colombiana. La actuación del embajador está en línea con la renovada guerra contra las drogas declarada por Trump, quien considera que el presidente Duque –su principal aliado en la región-- “no ha hecho nada” para reducir la cantidad de cocaína que sale de Colombia hacia Estados Unidos. “Él (Duque) dijo que iba a detener las drogas (…) pero hay más drogas saliendo de Colombia ahora mismo que antes de que fuera presidente”, aseguró Trump el pasado 29 de marzo en un acto en Florida. Unos días después, el gobernante estadunidense volvió a arremeter contra Colombia al afirmar que “desafortunadamente” el negocio de las drogas ha crecido un 50 por ciento desde que Duque es presidente. Además, aseguró que Colombia, Honduras, Guatemala y El Salvador están enviando “criminales” a Estados Unidos. Nadie sabe si Whitaker sólo cumple órdenes de Washington o si se volvió más papista que el Papa desde que Trump llegó a la Casa Blanca, en enero de 2017. Antes de eso, se sabía que no estaba muy entusiasmado con las negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC, que se prolongaron entre 2012 y 2016, y que sus cuestionamientos a ese proceso se agudizaron cuando el entonces presidente Barack Obama lo marginó y designó como su representante en los diálogos con esa exguerrilla al veterano diplomático Bernard Aronson. En círculos políticos colombianos existe una generalizada molestia por las “reiteradas injerencias” de Whitaker en asuntos internos y hasta se le acusa de “violar la soberanía nacional”. Por otra parte, existe cierto alivio porque el embajador está por culminar su gestión al frente de la embajada estadunidense en Bogotá. Trump ya nominó a principios de este mes al diplomático Philip Goldberg como nuevo embajador en Colombia, pero falta que el Senado apruebe su designación. Goldberg fue embajador de Estados Unidos en Bolivia la década pasada y en 2008 el presidente de esa nación, Evo Morales, lo expulsó del país al acusarlo de conspirar contra su gobierno.