CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La reciente –y atinada– intervención del gobierno de la CDMX en torno a la modificación de la nueva Ley de Cultura Cívica propuesta por la Asamblea Legislativa, que consideraba “la prostitución” una falta, ha vuelto a desatar la andanada abolicionista en contra del comercio sexual. En todo el mundo hay dos posturas antagónicas al respecto: por un lado están quienes desean eliminar el mercado del sexo, pues las mujeres son cosificadas como objetos sexuales, incluso hay quienes creen que todas las transacciones comerciales son favorecedoras de la trata; por el otro, estamos quienes apoyamos a las personas que hacen trabajo sexual y que demandan el reconocimiento legal de sus variadas formas de organización del servicio. El tema es, además de complejo, políticamente candente; enfrenta visiones conservadoras a perspectivas liberales. El debate acerca del comercio sexual no puede desvincularse del contexto de la sobrevivencia económica. Para la filósofa Martha Nussbaum el problema no radica en que las mujeres con muchas opciones elijan el trabajo sexual, sino en que las de los sectores pobres no tengan otra alternativa económica. En ese sentido, mientras no existan opciones verdaderamente equiparables al ingreso que se logra en el trabajo sexual, lo que hay que hacer es regularlo y respetar los derechos laborales de quienes dan los servicios. Hay que recordar que hace cinco años, en nuestra ciudad, una juez federal ordenó a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del entonces Distrito Federal otorgar a las personas que trabajan en el comercio sexual callejero la licencia de trabajadores no asalariados. Esta resolución judicial fue la culminación de una larga lucha de un grupo de trabajadoras/es sexuales independientes que hoy persisten en defender sus derechos. Ya Amnistía Internacional se pronunció sobre la necesidad de despenalizar el comercio sexual para defender los derechos humanos de las y los trabajadores sexuales. Amnistía aprueba todos los aspectos del sexo consentido entre adultos, que no incluyan coerción, explotación o abuso, al tiempo que condena enérgicamente todas las formas de trata de personas, incluida la sexual. Sin embargo, hay personas que siguen afirmando que la regulación del comercio sexual siempre es violencia hacia las mujeres y conduce siempre a la trata. No hay estudios ni indicios serios que sugieran que la regulación da lugar a un aumento de la trata, y la experiencia de Holanda, Alemania y otros países lo confirma. [caption id="attachment_587922" align="alignnone" width="643"] Cartón de Rocha[/caption] Hablar de todas las trabajadoras sexuales como víctimas que deben ser salvadas confunde la situación de las mujeres que optan por vender servicios sexuales por razones económicas y de flexibilidad horaria con las que son obligadas a tener sexo a través de engaños, amenazas o violencia. Existe una gran variedad de situaciones en las que se encuentran las trabajadoras sexuales, con distintos niveles de decisión personal y de ganancia económica. El oficio tiene compensaciones y riesgos, y lo que existe, más que un claro contraste entre trabajo libre y trabajo forzado, es un continuum de relativa libertad y relativa coerción. Sin embargo, muchísimas mujeres realizan una fría valoración del mercado laboral, y usan la estrategia de vender servicios sexuales para ganar buen dinero, moverse de lugar, o independizarse. Hablar solamente de víctimas favorece posturas fundamentalistas, que desvían la imprescindible lucha contra la trata hacia el absurdo proyecto de erradicar (abolir) todo el comercio sexual. En este capitalismo tardío, la liberalización de las costumbres sexuales junto con la desregulación neoliberal de los mercados, ha expandido el mercado del sexo como nunca antes. Igual que ocurre en otro tipo de mercados, algunos negocios funcionan de manera criminal, como es el fenómeno de la trata, que ha crecido al cobijo delincuencial, y que hoy en día es una de las preocupaciones más sentidas en la sociedad. En México los legisladores podrían establecer un marco legal que, además de garantizar derechos laborales, preservara la independencia y seguridad en el trabajo. Con la ley actual, si las trabajadoras sexuales rentan un espacio donde dar servicios sexuales, se las puede acusar de lenocinio. Esto las fuerza tanto a ingresar a esquemas de “protección”, como a acudir a hoteles, muchos de los cuales abusan económicamente de ellas. Quienes intentan trabajar por fuera de las mafias enfrentan no sólo dificultades enormes por las extorsiones sino también grandes peligros por la delincuencia organizada y el narco. Es indispensable que las propias personas que se dedican al trabajo sexual tengan derecho a formas de organización del trabajo más seguras, que les permitan enfrentar el sórdido entramado de corrupción y abuso que rodea sobre todo al comercio sexual callejero. Ojalá y en la Asamblea Legislativa se debata responsablemente y sin moralismos respecto a la necesidad de una forma de regulación donde tanto las trabajadoras sexuales como los clientes tengan seguridad y se respeten sus derechos. Regular no impide luchar contra la trata, al contrario, las trabajadoras sexuales son grandes aliadas en ese imprescindible combate. Pero no hay que mezclar la estrategia contra la trata prohibiendo todo comercio sexual. Este análisis se publicó el 9 de junio de 2019 en la edición 2223 de la revista Proceso.