CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante los riesgos que representa para niñas, niños y adolescentes “la estrategia de seguridad militarizada en contra de las personas migrantes”, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) urgió al Estado mexicano a promover un mecanismo transnacional de protección integral para la niñez migrante y refugiada. La exigencia de la organización responde a la crisis humanitaria que vive la región expuesta en los números de detenciones y de solicitudes de refugiados ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). Al señalar que el 30% de los migrantes centroamericanos son menores de edad, REDIM apuntó que de enero a abril del 2019, 6 mil 842 niñas, niñas y adolescentes han sido detenidos, en tanto que hasta marzo se presentaron 7 mil 285 peticiones de niñez migrante ante la Comar. La Red criticó las recientes declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la promesa de dar “un trato privilegiado a niñas, niños y adolescentes migrantes”, al recordar que “ninguna persona migrante es ilegal” de manera especial la niñez y la adolescencia, quienes “tienen protección internacional reforzada por su condición de edad; en consecuencia no pueden ser separados de sus familias, ni deportados a sus países de origen, como ya lo establecieron varios amparos federales que obligan a su protección integral”. La organización consideró “lamentable (...) la actitud de docilidad del gobierno federal ante los chantajes económicos del presidente de los Estados Unidos, con ello, el Estado mexicano renuncia a la tradición histórica de ser un país hospitalario, y contradice las obligaciones legales de no permitir injerencias externas en su política interna”. Tras destacar que la estrategia militarizada emprendida por el gobierno de López Obrador obliga a las personas migrantes a “buscar rutas más peligrosas bajo control del crimen organizado”, REDIM advirtió que “son graves las omisiones del Estado mexicano para brindar la protección integral que requieren las niñas, niños y adolescentes víctimas de esta emergencia humanitaria”. Recordó que pese a que el 30 de abril el gobierno federal anunció una “ruta de atención para niñez migrante”, hasta ahora “sigue siendo desconocida para las y los funcionarios federales y estatales que interactúan” con menores migrantes dando una “asistencia desarticulada y aislada”, ya que “no se está difundiendo masivamente el derecho al refugio como medida de protección prioritaria para la niñez migrante que viene huyendo de la violencia armada de Centroamérica”. Ante la crisis, la REDIM llamó al Estado mexicano crear un “Mecanismo Transnacional de Protección Integral para la Niñez Migrante y Refugiada, en contexto de movilidad humana entre las autoridades de México, Guatemala, Honduras y El Salvador”, mismo que tendría que “articular a los Sistemas Nacionales de Protección Infantil de cada país que trabajen de manera coordinada en la prevención y atención de la migración”, infantil y adolescentes de la región así como para quienes soliciten protección internacional de México. La REDIM reprobó “cualquier detención o deportación” al recordar “la suspensión definitiva que el juez Jonathan Bass Herrera emitió para que no pueden ser deportados ninguna niña, niño o adolescentes y sus familiares, integrantes de las caravanas migrantes, mientras se estudiaba y resolvía el amparo presentado por la Clínica Jurídica para Persona Refugiadas Alaide Foppa y la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C”, ante las omisiones del Estado mexicano y la COMAR, ante el reconocimiento “prima facie” considerada en la legislación mexicana. Esto último significa que “ante una influencia masiva de solicitantes de asilo se hace evidente una situación que merece una protección de carácter colectivo, sin esperar al análisis individual de cada caso”, lo que corresponde a las obligaciones del Estado mexicano para brindar protección a niñas, niños y adolescentes.