BOGOTÁ (apro).- El asesinato de la dirigente social María del Pilar Hurtado, ocurrido el pasado viernes 21 en un pequeño municipio del noroccidente de Colombia, conmocionó a este país por un video donde aparece uno de sus hijos llorando desesperadamente la muerte de su madre, cuyo cadáver se observa a un lado. El homicidio, cometido por sicarios, no fue noticia nacional por el hecho en sí, ni porque con la muerte de María del Pilar sean ya al menos 500 los dirigentes sociales asesinados en Colombia desde la firma de los acuerdos de paz con la exguerrilla de las FARC, en 2016, sino por el video. En las imágenes se ve a Brayan, de 12 años, que llora, grita “mamá, mamá”, patea el piso, golpea una puerta de lámina, se lleva las manos al rostro y voltea a ver el cadáver de la dirigente, que está tirado en la calle de tierra de un humilde barrio en Tierralta, una conflictiva población del departamento de Córdoba, ubicada 450 kilómetros al noroccidente de Bogotá. María del Pilar había llegado a ese municipio desde el suroccidental departamento del Cauca, donde había sido amenazada por el Clan del Golfo, la principal banda del narcotráfico de Colombia y cuyos jefes son antiguos paramilitares. El asesinato de la dirigente social es sintomático del nuevo tipo de violencia que vive Colombia. El acuerdo de paz con las FARC redujo a niveles históricos las muertes relacionadas con el conflicto armado, a pesar de que siguen actuando disidencias de esa exguerrilla y de que el insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN) se ha fortalecido en los últimos años. Pero con la salida de las FARC del conflicto armado, la violencia se volvió más selectiva. En las regiones que abandonó esa exguerrilla se desataron varias guerras entre bandas criminales por el control de los cultivos cocaleros y surgió un nuevo tipo de paramilitarismo ligado a latifundistas que siempre han repudiado los acuerdos de paz por razones ideológicas y económicas. El pacto con las FARC contempla una reforma agraria y un nuevo catastro rural que obligaría a pagar impuestos prediales realistas a empresarios del sector agropecuario que han acumulado enormes extensiones de tierra a lo largo de los años de conflicto armado. Muchos de esos predios son producto del despojo a familias desplazadas por la violencia. El problema agrario y los negocios de la coca y la minería ilegal, que se concentran en regiones donde la presencia del Estado es frágil o nula, están en el trasfondo de los asesinatos de dirigentes sociales, que según estimaciones de la Defensoría del Pueblo (la comisión colombiana de derechos humanos) sumaron 462 entre enero de 2016 –año de la firma del acuerdo de paz-- y febrero de este año. Entre marzo pasado y mediados de este mes han sido asesinados al menos 40 líderes comunitarios más en Colombia, con lo cual las organizaciones sociales estiman que con el homicidio de María del Pilar Hurtado van más de 500 dirigentes ejecutados desde 2016. Este es ya un fenómeno sistemático cuyos principales responsables son estructuras criminales surgidas del paramilitarismo. Según la ONG Somos Defensores, la autoría del 59 por ciento de las agresiones contra dirigentes sociales ocurridas durante el primer trimestre de este año son estructuras paramilitares como Los Caparrapos, las Águilas Negras, Los Pachencas y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (así se hace llamar el Clan del Golfo). De acuerdo con informes de inteligencia de la policía colombiana, todas esas bandas criminales –con excepción de las Águilas Negras, que son como un membrete paramilitar utilizado por varios actores armados para amenazar a líderes sociales— tienen relaciones con los cárteles mexicanos de la droga. Otros responsables de las agresiones contra dirigentes sociales son las disidencias de las FARC (9%) y el ELN (4%), mientras que en la cuarta parte de los casos se desconoce al autor, indica el reporte de Somos Defensores. Todo esto ocurre en una coyuntura marcada por una feroz lucha contra el proceso de paz con las FARC encabezada por el gobernante partido Centro Democrático (CD), que lidera el expresidente y senador Álvaro Uribe, quien se caracteriza por sus posturas ultraderechistas. El mismo presidente Iván Duque, militante del CD y discípulo político de Uribe, ha emprendido una batalla para modificar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema de justicia transicional surgido de los acuerdos con las FARC y al cual Uribe y sus seguidores buscan derogar. Con un presidente tan acotado por el sector más radical de su partido, la ONU y diferentes organismos internacionales de derechos humanos han hecho reiterados llamados al gobierno para reforzar la seguridad de los dirigentes sociales en riesgo y de los excombatientes de las FARC, que también están siendo perseguidos, principalmente por las disidencias del proceso de paz. El partido político FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) reportó este fin de semana que, desde la firma de los acuerdos de paz, en 2016, han sido asesinados 133 exguerrilleros, 34 de sus familiares y 11 más se encuentran desaparecidos. La FARC divulgó una declaración en la que afirma que estos asesinatos son “sistemáticos” y constituyen “una clara violación” al acuerdo de paz. Relatores de Naciones Unidas acusaron a principios de este mes al gobierno colombiano de haber “ignorado las garantías prometidas a los excombatientes”, lo que aumenta las posibilidades de que estos abandonen el proceso de reinserción y vuelvan a tomar las armas. Además, exhortaron al gobierno de Duque a dejar de “incitar a la violencia” contra los desmovilizados y a “cumplir con las garantías que se les otorgaron (a los excombatientes) durante las negociaciones” de paz con las FARC. Duque rechazó esa declaración y Uribe, a quien el programa de sátira política “La tele letal” llama “el presidente eterno”, no sólo criticó a la ONU sino que insinuó que el organismo encubre actos delictivos de excombatientes. El asesinato de la dirigente social María del Pilar Hurtado coincidió con una visita de Duque al balneario francés de Cannes, donde asistió al Festival de Creatividad para hablar de su proyecto “Economía naranja”. Amplios sectores le criticaron al mandatario lo que consideraron una reacción “tardía” frente al ataque contra la líder comunitaria. Humberto de la Calle, quien fue el jefe de la delegación gubernamental que negoció la paz con las FARC, le escribió en Twitter que si bien “la carnicería de líderes sociales” no inició en su gobierno está claro que hay “un agravamiento”.

“Mire bien cuáles ingredientes de su política han contribuido. Si seguimos así, viene una hecatombe humanitaria”, le dice de la Calle al mandatario.