En años recientes un grupo de políticos y empresarios –de entre los que destacan los apellidos Slim, Azcárraga Romandía, Bartlett Álvarez, Elías Ayub o Grisi Mariscal– empezó a construir fincas de lujo en la comunidad de Salazar, Estado de México, en tierras adquiridas irregularmente. Los propietarios originales se defendieron de la invasión, pero en represalia fueron amedrentados, y algunos hasta encarcelados. Éstos, recién liberados gracias a la promesa del gobierno lopezobradorista de excarcelar a los presos políticos, vuelven a la lucha por lo que les corresponde. SALAZAR, Edomex (Proceso).- A un mes de que salieran de prisión seis de sus compañeros –encarcelados en 2017 por defender sus tierras–, los comuneros de esta localidad retoman su lucha para expulsar a los empresarios y políticos que de manera ilegal construyen sus lujosas fincas campestres en los bosques de la región. Entre esos empresarios y políticos, afirman los comuneros, están Carlos Slim; Jaime Azcárraga Romandía, presidente del consejo de administración de Grupo Fórmula; Pablo Escudero, senador del Partido Verde y yerno del priista Manlio Fabio Beltrones, y León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad, entre otros. [caption id="attachment_592180" align="aligncenter" width="1200"] Víctor Fernández Becerril, Armando Rojas Nava, Cutberto Vilchis García y Germán Rojas Nava, integrantes del consejo comunal de Salazar, en Lerma, Edomex. Foto: Alejandro Saldívar[/caption] “Nos arrestaron por oponernos a estos empresarios y políticos que llegaron a invadirnos. Para aplacarnos nos fabricaron delitos, pero salimos libres en calidad de presos políticos (se refiere a la liberación de este tipo de prisioneros, prometida por el nuevo gobierno). Ahora continuaremos nuestra lucha para recuperar nuestras tierras”, asegura don Cutberto Vilchis, líder de los comuneros y quien estuvo encarcelado casi dos años. En su vivienda, rodeada de montes boscosos empapados por la neblina, a don Cutberto lo acompañan los otros tres representantes comunales de Salazar: Víctor Fernández, Germán Rojas y Armando Rojas, sentados todos en torno a una mesa donde colocan sus títulos agrarios, que datan de la época colonial. Don Víctor comenta orgulloso: “Tenemos documentos de 1545. ¡Sí, señor! Desde entonces nuestras familias ya habitaban en los llanos de Salazar, donde el cura Hidalgo tuvo una batalla muy recordada entre nosotros. Y aquí está todavía la tumba de mi bisabuelo materno, que murió en 1875. Por eso se nos reconoce la posesión histórica de estas tierras”. Agrega don Germán: “Vivíamos muy tranquilos sembrando maíz y haba. También avena que usamos de forraje para el ganado. Pero luego la zona empezó a ser muy codiciada por sus bosques y por estar cerca de la autopista México-Toluca… y comenzó a venirse gente de mucho dinero a construir sus fincas, invadiendo nuestras tierras”. Su hermano, Armando, lo secunda: “Sí, así fue. Y uno de los primeros en llegar fue Carlos Slim. Más recientemente llegaron León Manuel Bartlett y un grupo de empresarios muy ricos que comenzaron a construir sus grandes fincas con caballerizas. “Esas construcciones son parte del proyecto inmobiliario Reserva Santa Fe, prolongación de la zona de Santa Fe de la Ciudad de México, pero mucho más exclusiva y cara, porque la de aquí –dice su publicidad– es sólo para gente que puede comprar extensiones más grandes de terreno para practicar la equitación. “Con ellos empezaron a llegar grupos de golpeadores que trataban de amedrentarnos. Nos decían: ‘Desalojen los terrenos, venimos de parte de los constructores y compradores’. Nosotros para protegernos pedíamos apoyo policiaco, pero nunca lo tuvimos. Quedamos abandonados a nuestra suerte.” [caption id="attachment_592181" align="aligncenter" width="1200"] Límite del desarrollo residencial “Reserva Santa Fe” en Atarasquillo, Estado de México. Foto: Alejandro Saldívar[/caption] Palacios Salazar es un caserío de unos mil 500 pobladores, asentado en un valle del municipio mexiquense de Lerma, muy cercano al área recreativa de La Marquesa. En su planicie todavía es común ver pastores con rebaños de ovejas desparramadas en los pastizales. Tiene una laguna que refleja los montes de los alrededores, tapizados de altísimos pinos, cedros, ocotes y oyameles. Pero el proyecto Reserva Santa Fe, realizado por la empresa Zimbra, arrasa como una plaga con esos bosques; aquí y allá emergen áreas taladas donde se construyeron ranchos hípicos de varias hectáreas. Ya se pueden ver finos caballos retozando en algunas laderas pelonas, caballerizas bien alineadas, pistas techadas de entrenamiento y obstáculos para practicar el salto. A las afueras de Salazar, la enorme finca de Slim está protegida por larguísimos muros de concreto cubiertos de enredaderas, que se extienden por el terreno ondulante hasta desaparecer en un paraje boscoso. Sobre las bardas sólo alcanzan a asomarse los techos de la residencia a desnivel del magnate. [caption id="attachment_592183" align="aligncenter" width="1200"] Propiedad atribuida a Carlos Slim. Foto: Alejandro Saldívar[/caption] En lo alto de una loma está el rancho hípico de Escudero. Tiene una hectárea y pertenece al club ecuestre Reserva Salazar, propiedad de Héctor Alfonso Gutiérrez Casillas. En 2016 el senador le compró la propiedad, en 8 millones de pesos, a éste, de quien al parecer es socio, según una nota publicada el 1 de marzo de 2018 por el diario Reforma. [caption id="attachment_592182" align="aligncenter" width="1200"] Propiedad atribuida a Pablo Escudero, senador del Partido Verde y yerno del priista Manlio Fabio Beltrones. Foto: Alejandro Saldívar[/caption] Y la residencia campestre de Azcárraga se vislumbra también en lo alto, a lo lejos, casi coronando una cima; es de una blancura fulgurante. En cambio, el terreno de Bartlett está en la planicie y aún no puede construir, porque ahí los comuneros siguen sembrando sus milpas y se niegan a salir. [caption id="attachment_592184" align="aligncenter" width="1200"] Propiedad atribuida a Jaime Azcárraga Romandía, presidente del consejo de administración de Grupo Fórmula. Foto: Alejandro Saldívar[/caption] Serpenteando entre los bosques, una carretera asfaltada se conecta con los caminos privados que tiene cada finca. Son accesos empedrados o adoquinados, con exuberantes jardineras a sus flancos. Y ­desembocan en macizos portones adornados con herrajes de motivos ecuestres. Guardias de seguridad –con cachucha, uniforme gris y mirada recelosa– vigilan las 24 horas los accesos y alrededores de las fincas. En ocasiones lo hacen desde casetas con vidrios polarizados o bien se les ve caminar o patrullar a bordo de camionetas. Hay terrenos donde aún no se construye nada; son todavía claros con gruesos troncos talados casi a ras de tierra, delimitados por largos listones de plástico blanco y letreros que advierten: “Reserva Santa Fe. Propiedad privada”. [caption id="attachment_592185" align="aligncenter" width="1200"] Propiedad atribuida a Carlos Slim. Foto: Alejandro Saldívar[/caption] Conflicto comunitario Dan los comuneros los nombres de otros empresarios que adquirieron predios en esta zona privilegiada: Arturo Elías Ayub, director de la Fundación Telmex y yerno de Carlos Slim; Carlos Alberto Grisi Mariscal, consejero del Grupo Grisi; Ricardo Nizri Guasp, accionista del Grupo Corrado, una compañía contratista que, se dice, pertenece a los exgobernadores priistas Javier Duarte, de Veracruz, y Eruviel Ávila, del Estado de México. Todos ellos compraron tierras en medio de un litigio agrario entre Salazar y la comunidad aledaña de San Mateo Atarasquillo, conflicto que data de 1947, cuando la entonces Secretaría de la Reforma Agraria realizó un ­reparto agrario entre las comunidades de la zona y emitió una resolución en la que prácticamente declaró inexistente a la comunidad de Salazar, pues su área de 217 hectáreas –que antes se le reconocía– se le incluyó a la de San Mateo Atarasquillo. [caption id="attachment_592186" align="aligncenter" width="1200"] Un caballo en la comunidad de Salazar, Lerma, Edomex. Foto: Alejandro Saldívar[/caption] Esther Goujon, la abogada de los comuneros de Salazar, comenta: “Esa resolución borró del mapa a Salazar, como si no existiera. Y sus tierras pasaron a ser de San Mateo. Por lo que los comuneros de Salazar promovieron un amparo para recuperar sus tierras”. Agrega que alrededor de 2005, ya puesto en marcha el proyecto Reserva Santa Fe, los desarrolladores inmobiliarios empezaron a comprarle tierras a San Mateo Atarasquillo, que vendió las suyas y también las que estaban en litigio. “Fue así como los pobladores de San Mateo estuvieron vendiendo tierras que pertenecen a Salazar. Le vendieron a estos políticos y empresarios tierras ajenas”, recalca la abogada. No fue sino hasta agosto de 2017 cuando el Tribunal Unitario Agrario del Noveno Distrito le dio la posesión histórica de esas tierras a los comuneros de Salazar. Y después, el 11 de octubre de 2018, el Tribunal Superior Agrario –la máxima instancia en la materia– les confirmó la posesión. “Quedó así sentencia firme y definitiva. Estos empresarios y políticos ya no pueden hacer nada ante el fallo del Tribunal Superior Agrario. Esas tierras no les pertenecen, las compraron ilegalmente. Pediremos la nulidad en materia agraria”, asegura Goujon. Aunque se deberán “determinar medidas y colindancias por parte de peritos en topografía”, pues al parecer algunos compradores adquirieron predios que abarcan partes de Salazar y de San Mateo. –¿De qué manera estuvieron comprando? ¿Con qué documentos? –se le pregunta. –Por ejemplo, Slim, quien fue de los primeros compradores y utilizó como prestanombres a Daniel Rihan Salum, lo hizo mediante contratos de cesión de derechos. Lo mismo hizo Azcárraga. Pero la ley establece que los bienes comunales no son objeto de comercio, y además que la cesión de derechos sólo se puede hacer entre pobladores del mismo núcleo agrario. ¿Usted cree que Slim y Azcárraga sean campesinos del lugar?… ¡Para nada! “Además, vimos que sus contratos venían con papel membretado y firmado por funcionarios de la Procuraduría Agraria en el Estado de México. Esto significa que la procuraduría se coludió con ellos y, por tanto, se prestó a actos de corrupción. Ante tanto ilícito, nosotros promovimos amparos contra estas compras.” [caption id="attachment_592188" align="aligncenter" width="1200"] Límite del desarrollo residencial “Reserva Santa Fe” en Atarasquillo, Estado de México. Foto: Alejandro Saldívar[/caption] Grupos de choque Entrevistada en su despacho de la colonia Obrera de la Ciudad de México, Goujon indica que, en un segundo momento, por los años 2015 y 2016, llegó Bartlett a la cabeza de otro grupo de compradores, asesorados por el abogado Mario Alberto de León Venegas, quien ya empezó a valerse de grupos de choque que llegaban a Salazar a intimidar a los comuneros. Cuenta: “De León Venegas es el abogado que contrataron los compradores para defender sus intereses. Su objetivo final es despojar de sus tierras a una comunidad completa, pues les resulta un estorbo para instalar ahí su exclusivo proyecto inmobiliario. Así de simple. “De León Venegas empezó a mostrarnos certificados de derechos agrarios para demostrar que su grupo de compradores ya eran dueños de las tierras. Le dije: ‘Discúlpeme, abogado, está usted muy equivocado, esos papeles sólo constatan que las tierras siguen siendo de los campesinos’... Nunca podrán comprobar la propiedad de las tierras.” Goujon saca de su archivo algunas copias de estos certificados parcelarios y los muestra al reportero. Uno de ellos, el de León Manuel Bartlett Álvarez, fue inscrito el 24 de abril de 2015 en el Registro Agrario Nacional (RAN), con el número 000001020362. Ahí se dice que Bartlett adquirió una “parcela” mayor a una hectárea, es un ingeniero de 33 años y reside en la calle Sierra de Aconcagua, en las Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México. Otro certificado, el del “empresario” Ricardo Nizri Guasp, de 34 años, también adquiriente de un terreno de una hectárea, fue inscrito en la misma fecha en el RAN, con el número 000001020370. Otro más es del “empresario” Federico Carlos Fernández Senderos, casado y de 47 años. Goujon saca otros documentos más antiguos, de diciembre 2007. Ahí están, por ejemplo, tres contratos de cesión de derechos parcelarios que obtuvo Jaime Azcárraga Romandía, otorgados por los “cedentes” Luis Ramos Colín, Isidoro Ramos Javier y Jesús Ramos Javier, quienes le cedieron las parcelas 30, 40 y 45. Están en hojas membretadas y firmadas por la Procuraduría Agraria, delegación Estado de México. [caption id="attachment_592190" align="aligncenter" width="1200"] Una caseta de vigilancia en un terreno en la comunidad de Salazar, Lerma, Edomex. Foto: Alejandro Saldívar[/caption] En otros dos contratos semejantes, del mismo año, los campesinos Benjamín Félix Aguilar Almeyda y María de la Luz Victoriano le ceden sus parcelas –números 28 y 39– a Daniel Rihan Salum, quien, según la abogada, funge aquí como prestanombres de Slim. Es Rihan un desarrollador inmobiliario, socio de la empresa Centurion Real Estates and Resorts y organizador de exclusivos eventos ecuestres, como el Otomí Grand Prix, en San Miguel de Allende, Guanajuato. Asegura Goujon: “Rihan Salum incluso llegó personalmente a supervisar la construcción de la finca de Slim. En ese tiempo les dijo a los mismos comuneros que la propiedad era realmente de Slim”. La abogada agita al aire los documentos, los coloca sobre la mesa de su oficina y luego comenta: “Esta es la documentación que han presentado. No tienen más. No los avala como propietarios. Legalmente no pueden hacer nada. Por ello tuvieron que recurrir a la fuerza para aplacar la lucha de la comunidad de Salazar”. [caption id="attachment_592205" align="aligncenter" width="1200"] Construcción del desarrollo residencial “Reserva Santa Fe” en Atarasquillo, Estado de México. Foto: Alejandro Saldívar[/caption] –¿Ellos estuvieron entonces detrás de la detención de los comuneros? –Sí, por supuesto, eso está clarísimo. Y se valieron de un brutal operativo en el que intervinieron elementos del Ejército, la Marina y de distintas fuerzas policiacas. Llegaron una madrugada tomando por asalto al poblado: violentaron domicilios, destruyeron muebles, aterrorizaron a las familias y robaron lo que pudieron. Detuvieron a ocho comuneros, sacándolos de sus casas descalzos y sin ropa. Así se los llevaron a prisión. El aparatoso operativo, en el que participaron más de mil elementos policiacos y castrenses, se realizó la madrugada del 31 de agosto de 2017. Finalmente, de los ocho detenidos, a dos los dejaron en libertad y los restantes seis permanecieron arrestados. Se les acusó de retener y despojar de sus pertenencias a tres enviados de los empresarios que un día fueron a Salazar en actitud provocadora, entre ellos iba el abogado De León Venegas, quien los acusó de haberle robado su teléfono celular. Algunos centros de derechos humanos, como el Zeferino Ladrillero, aseguraban desde entonces que fueron “cargos fabricados” con el fin de “criminalizar la lucha social” para favorecer intereses particulares, por lo que exigían la liberación de los presos. Relata Goujon: “Mientras estuvieron arrestados, Bartlett, a nombre de los empresarios, tuvo todavía el cinismo de ofrecernos la libertad de los presos a cambio de que les dejáramos las tierras. En una ocasión nos citó en un despacho en Polanco, en la Ciudad de México. Fuimos ahí. A Bartlett lo acompañaban unas 15 personas. Ninguna nos dio su nombre. Sólo nos dijeron que eran abogados y representantes de los empresarios y que Mario Alberto De León Venegas trabajaba para ellos. “Bartlett encabezó la reunión. Nos explicaron que habían invertido mucho ­dinero en el proyecto inmobiliario, por lo que les resultaba difícil abandonarlo. Luego nos propusieron abiertamente: ‘Les dejamos libres a sus gentes, pero a cambio ustedes nos dejan las tierras’. Obviamente que nos negamos. Ya no había duda; ahí constatamos que un poder económico muy fuerte, coludido con un gobierno corrupto, utilizó a las fuerzas del Estado para arrestar a los campesinos y podía también maniobrar para dejarlos en libertad”. [caption id="attachment_592203" align="aligncenter" width="1200"] Comuneros de Salazar en la mañanera. Foto: Eduardo Miranda[/caption] Pero la suerte de los comuneros cambió radicalmente al asumir la Presidencia Andrés Manuel López Obrador, quien prometió liberar a los presos políticos del país. La Secretaría de Gobernación, junto con la senadora Nestora Salgado, elaboró una lista de cientos de presos políticos en la que incluyeron muy especialmente a los comuneros de Salazar, quienes finalmente fueron puestos en libertad el pasado 23 de mayo, después de permanecer un año y nueve meses en prisión. Ya libre, el líder de estos campesinos, don Cutberto Vilchis, sabe bien que volverán a enfrentarse con este poderoso grupo para recuperar sus tierras. “No la tenemos fácil. Estamos peleando contra gentes muy ricas y con muchas influencias. Se defenderán de algún modo. Pero tarde o temprano tendrán que salirse de nuestras tierras”, asegura. –¿Qué medida tomarán ustedes para lograr su propósito? –Para protegernos, por lo pronto le pediremos a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que tomen medidas cautelares. Serán una garantía para que estos empresarios no vuelvan a usar la fuerza contra nosotros. Rodeado por sus compañeros, que asienten a sus dichos, don Cutberto echa un vistazo a los títulos agrarios y concluye: “Somos un pueblo originario, ahí están los papeles que nos avalan. Somos también gente de paz, no queremos pleitos con nadie. Sólo pedimos que se respete la ley”. [caption id="attachment_592204" align="aligncenter" width="1200"] Canchas de futbol en la comunidad de Salazar, Lerma, Edomex. Foto: Alejandro Saldívar[/caption] Este reportaje se publicó el 7 de julio de 2019 en la edición 2227 de la revista Proceso