CIUDAD DE MÉXICO (apro). - Carlos Urzúa fue el tercero en la lista del presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar la cartera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Antes, el mandatario pensó en, primer lugar, en Rogelio Ramírez de la O, presidente de la reconocida consultoría Economía Aplicada (Ecanal), y como segunda opción estaba Santiago Levy, exsubsecretario de Egresos de la dependencia. Pero en los largos días, meses y años de campaña, después de dos intentos fallidos por alcanzar la Presidencia, se desgastaron económica y políticamente los primeros dos candidatos. Así fue como Urzúa, quien ocupaba el lugar tres de la lista, quien dejó su responsabilidad como profesor del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) para sumarse al proyecto de López Obrador. Ramírez de la O y Levy manifestaron su apoyo a López Obrador, pero en 2018 decidieron tomar distancia, no sin antes participar en los proyectos regulatorios y operativos para la banca de desarrollo y el Plan de Nación, los cuales recogen parte de los consejos y puntos de vista de los dos expertos economistas. Una alta fuente del gobierno explica que el ahora exsecretario se mantuvo muy cerca de López Obrador, aunque no participó en uno de los documentos clave del ideario lopezobradorista: el Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024, presentado en noviembre de 2017 en el Auditorio Nacional. Hasta el 9 de julio, Urzúa seguía sin manifestar su protesta en contra del proyecto presidencial de país, nada en contra de los lineamientos que el presidente marcaba como política económica. Aún más, durante los días del periodo de transición, en el último bimestre de 2018, Urzúa anunció y aplaudió la decisión de consolidar las compras de gobierno en la Oficialía Mayor de la SHCP, bajo la responsabilidad de su exalumna en el Colegio de México, Raquel Buenrostro. Esta dura funcionaria, no obstante, comenzó a acordar directamente con el presidente López Obrador, aunque en la estructura orgánica de la SHCP la también matemática dependía de Urzúa. Los recortes al gasto, la Ley de Austeridad Republicana, los cálculos para obtener mayores recursos a los programas de subsidios y transferencias de efectivo para los esquemas de apoyo a jóvenes, adultos mayores y productores agrícolas, tuvieron prioridad en la Oficialía Mayor, bajo la responsabilidad de Buenrostro. Fue hasta el 9 de julio cuando el ahora exsecretario de Hacienda aseguró en una inusual carta de renuncia al presidente López Obrador que mantenía discrepancias en materia económica. ¨Hubo muchas¨, dijo sin precisar en qué momento comenzaron a presentarse o si simplemente nunca estuvo de acuerdo en la política económica del presidente. Urzúa dejó la titularidad de la SHCP con un dardo envenenado al hablar sobre sus discrepancias: “Algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento”. Y agregó: “Estoy convencido de que toda política pública debe realizarse con base en evidencia cuidando los diversos efectos que esa pueda tener y libre de todo extremismo, sea éste de derecho o de izquierda¨. Fue así como el martes 9 al medio día, con el tiempo suficiente para que los mercados financieros y cambiarios reaccionaran negativamente, cuando Urzúa dio a conocer que durante su gestión las convicciones respecto a la aplicación tradicional de las políticas públicas no encontraron eco. Pero fue en la Oficialía Mayor, bajo la responsabilidad de Buenrostro, que durante más de ocho meses (tomando en cuenta el periodo de transición) se modificaron, sin previo diagnóstico, políticas públicas como la que regían las compras de medicamentos por más de 51 mil millones de pesos a través de esquemas consolidados. También bajo su responsabilidad comenzó a ejecutarse la reducción de plazas, la cancelación de proyectos de inversión y el apoyo financiero para Pemex. Durante esos ocho meses las discrepancias no se hicieron públicas, ni siquiera cuando desaparecieron las oficialías mayores de las dependencias y Urzúa, junto con Raquel Buenrostro, dirigían los nombramientos de los responsables de las áreas de administración de cada entidad quienes, según consta en oficios, les reportaban cada movimiento, sin importar que se contravinieran, incluso, las órdenes de los propios titulares, afectando la operación de las dependencias. Así sucedió en el IMSS durante la gestión de Germán Martínez. En entrevista, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, estimó necesario que las secretarías de Estado y los organismos del gobierno federal recuperaran su facultad para compras y adquisiciones, pues no era deseable ni conveniente la concentración de facultades en la Oficialía Mayor de la SHCP. Pero Urzúa y Buenrostro no sólo concentraron las decisiones en materia de compras y adquisiciones por más de un billón de pesos, sino también la capacidad de gestión para realizar nombramientos. Sin embargo, de acuerdo con la carta de renuncia de Urzúa - quien regresó a su puesto como académico del ITESM- los desencuentros también se extendieron a las estructuras orgánicas y administrativas que gestionaba desde la SHCP: “Me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés”.  Urzúa tuvo grandes diferencias con el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, por nombramientos de titulares de áreas administrativas y hasta de mandos medios. Consideraba que el titular de la SHCP es quien preside los consejos directivos del sector hacendario, por lo que le correspondía la toma inobjetable de decisiones. Tras la renuncia de Urzúa, el tipo de cambio apenas perdió algo de terreno frente al dólar, para ubicarse en 19.45 pesos, mientras que el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores bajó 1.77 %, registrando su caída más pronunciada desde el 23 de marzo. El bono soberano, cuya calificación depende de Moody´s, Fitch Ratings y Standard & Poor´s, aumentó su rendimiento a 7.53% en su plazo a 10 años, un alza de 21 puntos base en el margen de ganancia para los inversionistas. Nada de que alarmarse. Y el nombramiento de Arturo Herrera tranquilizó el mar que quiso agitar Urzúa. Anulado Como sucedió en el IMSS y en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en la banca de desarrollo se nombró a cada uno de los responsables de las áreas administrativas. Sin embargo, en Nacional Financiera (Nafin) y Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) las discrepancias ya trascendieron a procesos administrativos ante la Secretaría de la Función Pública, indicaron funcionarios del área de administración de Nafin. Fue a finales de junio cuando con un notario público como testigo y previo levantamiento de un acta administrativa, el director general de Nafin y Bancomext, Eugenio Nájera, removió de su puesto a la directora general adjunta de Administración de ambas instituciones, Martha Patricia Jiménez. La política tabasqueña, quien colaboró en el gobierno perredista de Arturo Núñez, fue separada de su cargo, luego de varios meses de confrontación con el responsable de los dos principales bancos de desarrollo del país, de acuerdo con información de funcionarios del sector hacendario que conocieron sobre la confrontación. Nájera, un empresario regiomontano que recibió directamente la invitación de López Obrador para hacerse cargo de las instituciones que conforman el núcleo de la banca de desarrollo en el país, documentó una serie de decisiones por parte de la funcionaria nombrada por Urzúa que, desde su perspectiva y en línea con las leyes orgánicas de ambos bancos, comenzaron a afectar la operación de las instituciones. Nájera es amigo del jefe de Alfonso Romo y ha sido su colaborador desde Seguros Comercial América, la compañía de seguros que estuvo vinculada con la venta de cartera a ING de negocios como la cobertura a Fertinal. También colaboró con Romo en Cigarrera La Moderna, la compañía tabacalera que éste vendió hace casi dos décadas a la British American Tobaco (BAT). Romo y Nájera fundaron Seminis y Bionova con las cuales Romo buscó ingresar en el mercado mundial de semillas.  Antes, el director general de Nafin, fue ejecutivo en dos de las principales compañías del Grupo Monterrey, Grupo Vitro y FEMSA. En Maseca, cuyos accionistas también son dueños de Grupo Financiero Banorte, fue director de planeación financiera. Su relación con el extitular de Hacienda nunca fue buena. El episodio de junio pasado representó una afrenta directa para Carlos Urzúa, quien antes de renunciar a la SHCP había intentado, a mediados de junio, convocar a una junta extraordinaria del Consejo Directivo que presidía para revisar la situación de Nafin y Bancomext, las instituciones que el presidente López Obrador ordenó fusionar. Sin embargo, el Consejo Directivo convocado por Urzúa no se realizó porque el propio presidente de la República lo canceló, dijeron las fuentes consultadas. Antes, Urzúa intentó mediante comunicación oficial enviado a Nájera, a través del titular de la Unidad de Banca de Desarrollo de la SHC, José de Luna Martínez, que no podía remover a Jiménez Oropeza de su puesto como directora general adjunta de Administración y Finanzas y le solicitaba su inmediata reinstalación. En el oficio 368-070/2019, Luna Martínez escribió: “es facultad indelegable de los Consejos Directivos de ambas instituciones aprobar el nombramiento y remoción de sus directores generales adjuntos y directores de área. En virtud de lo anterior, solicito dejar sin efecto la remoción de la Maestra Martha Patricia Jiménez Oropeza como Directora General Adjunta de Administración y Finanzas y otros funcionarios que fueron destituidos en el transcurso de esta semana y que habían sido nombrados por el Consejo Directivo”. Por instrucciones de Urzúa, Luna Martínez agregó: “reitero nuevamente que la administración de ambas instituciones carece de facultades para llevar a cabo tales acciones sin contar con la aprobación de sus respectivos Consejos Directivos”. Junto con Martha Patricia Jiménez al menos 20 funcionarios que habían sido nombrados por su área fueron removidos. Pero la exdirectora adjunta de Administración y Finanzas no dejó su puesto sin antes iniciar ante los órganos internos de control de Nafin y la dirección de personal del banco de desarrollo una investigación por los gastos en los que incurrió Eugenio Nájera por negarse a mover su residencia de Monterrey a la Ciudad de México, lo que generó un incremento en los gastos y viáticos del empresario a cargo de la banca de desarrollo que, entre otros cargos, es consejero de compañías como Arabela, una empresa de productos de consumo y ventas multinivel. Además, tras su remoción, Jiménez Oropeza junto con los funcionarios que también fueron despedidos, presentaron ante la Secretaría de la Función Pública una denuncia contra Nájera, confirmaron funcionarios de Nafin en el área de auditoría. En medio de esta confrontación, el proyecto de fusión de Bancomext y Nafin enfrenta no sólo obstáculos de recursos sino también la oposición del sindicato de trabajadores del banco encargado del financiamiento al sector exportador, quienes también establecieron un frente contra este plan de integración durante la gestión de Francisco Gil Díaz. Carlos Urzúa tenía como principal mandato impulsar el crecimiento económico del país. Como sus antecesores, sin embargo, buscó ejercer desde la SHCP LA toma de decisiones que involucraron nombramientos y gestión del gasto, un interés que siempre han mostrado los burócratas para controlar el dinero público. Sin embargo, en ninguno de los anteriores gobiernos se había registrado la participación tan activa del jefe del Ejecutivo en la conducción de la economía reduciendo el papel protagónico del titular de la cartera hacendaria. En 2013, el extitular de la SHCP Luis Videgaray impulsó cambios en las políticas públicas en sectores como la vivienda, dispuso del subejercicio del gasto público, lo que llegó a retrasar la ejecución de al menos 60 mil millones de pesos, según estimaciones realizadas por Gerardo Esquivel hace seis años desde su puesto como investigador del Colegio de México. La decisión de subejercer el gasto público provocó que en 2013 la economía también enfrentara riesgos de recesión y que el PIB aminorara su crecimiento en al menos un punto porcentual. La confianza también comenzó a escasear. Sin embargo, el proyecto y la promesa de reformas estructurales que, supuestamente, apoyarían el desarrollo del país provocó que la inversión aumentara después de que la construcción llegó a caer hasta 4.5%. Pero desde hace 30 años la desaceleración económica se hace presente ante el cambio de gobierno. La consultoría Credi Suisse estimó en un reporte especial sobre la economía mexicana que los pronósticos seguirán empeorando y que en agosto podría confirmarse el deterioro del PIB en el segundo trimestre del año. Se develaría, según el banco de inversión, que la economía sólo crecería 1% con una presión mayor sobre los ingresos fiscales, lo que hubiera puesto sobre la mesa la necesidad de que el titular de la SHCP escogiera entre la reducción del gasto o ceder en sus metas fiscales durante 2019 y 2020. Urzúa, según un analista de un banco de inversión estadounidense, dejó otro dardo envenenado en el Presupuesto 2019: el compromiso de mantener un superávit primario de 1%, con lo que la relación deuda y PIB se mantendría en 45%. De no cumplirse este objetivo, las calificadoras castigarían más a México. El aspirante más viable para Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, vive ahora en Nueva York; sigue con sus actividades como consultor en banca de inversión, le preocupa la situación de Pemex, la debilidad de sus bonos y la capacidad del “contraparte soberano” del gobierno federal, para responder a los requerimientos de los inversionistas y acreedores extranjeros en el caso de un mayor deterioro de las finanzas de la petrolera. Sigue a la distancia al gobierno de AMLO, según amigos del estratega, y dispuesto a venir a salvar el barco en cuanto se requiera si así se lo solicitara el presidente López Obrador. Por ahora es el turno de Herrera.