CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronunció en contra de la reforma en Baja California que amplió de dos a cinco años el periodo de gobernador del morenista Jaime Bonilla. Diputados federales y senadores rechazaron la aprobación del decreto por medio del cual se pretende extender el periodo del ejercicio del Ejecutivo de Baja California a partir de primero de noviembre de 2019 hasta el 31 de octubre de 2024. En ese contexto exhortaron al congreso local y a los ayuntamientos de esa entidad a dejar sin efecto el decreto 112 de reformas a la Constitución Política local, aprobado el 8 de julio de 2019. En un pronunciamiento avalado en la sesión de hoy, los legisladores federales solicitaron que se lleven a cabo las acciones correspondientes, de acuerdo con las Cartas Magnas de nuestro país y de Baja California, para garantizar el orden constitucional y el respeto al Pacto Federal. https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1151659600665440257 En un comunicado, la Comisión Permanente detalló las posturas de los grupos parlamentarios, en el que destaca la postura de la mayoría morenista, a favor de respaldar una controversia constitucional contra la reforma en Baja California. El senador Antonio García Conejo, del PRD, advirtió que la reforma aprobada por la XXII Legislatura de Baja California atenta contra el Estado Derecho, la legitimidad e integridad del proceso electoral y de las instituciones democráticas. El diputado Carlos Alberto Puente Salas adelantó que el PVEM impulsará una acción de inconstitucionalidad en caso que se publique y entre en vigor la reforma, promoverá un juicio político a los legisladores locales y a los magistrados el Tribunal Electoral del estado, así como la posibilidad de desaparecer los órganos jurisdiccionales electorales locales. https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1151628157486845952 María Rosete Sánchez, diputada del Partido Encuentro Social, expuso que la aprobación de ese decreto, además de “una aberración jurídica con la anuencia del gobernador”, es un fraude electoral porque los ciudadanos votaron por un encargo de dos años. La senadora Nancy de la Sierra Arámburu, del PT, dijo que esa sucia maniobra aumenta la desconfianza ciudadana hacia los legisladores, pues podrían suponer que se puedan cambiar las reglas del juego en cualquier momento y a su conveniencia, ignorando la voluntad del electorado. La senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, dijo que no hay forma de defender la ampliación del mandato del gobernador de Baja California. La diputada priista Dulce María Sauri Riancho destacó que su grupo parlamentario confía que el punto de acuerdo contribuya a que regrese la razón y la prudencia política a Baja California. “Si la boleta dice dos años esos serán, si dice seis también”, detalló. Por parte del PAN, la diputada Lizbeth Mata Lozano subrayó que el acto realizado por el Congreso de Baja California es la antítesis de la democracia, a todas luces ilegal e inconstitucional y antidemocrático. No debemos permitir que este precedente suceda porque es un peligro no sólo para esa entidad, sino para el país, advirtió. El diputado Raúl Bonifaz Moedano, de Morena, expuso que ampliar el mandato del gobernador de esa entidad va en contra del pacto federal. Por ello, la fracción parlamentaria a la que pertenece hizo un exhorto de prudencia y sensatez. De presentarse una controversia constitucional Morena lo respaldaría, señaló.