CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI, por sus siglas en inglés) y el Instituto Internacional del Ombudsman (IIO) se solidarizaron con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante “las lamentables descalificaciones y comentarios perjudiciales pronunciados por el gobierno mexicano contra el organismo constitucional autónomo”, luego de que la Secretaría de Bienestar se negó a aceptar la recomendación 29/2019 relacionada con la suspensión del programa de Estancias Infantiles. La CNDH divulgó los pronunciamientos de los organismos, suscritos por Alfonso Negret Mosquera --Defensor del Pueblo en Colombia y presidente de la GANHRI, creada a instancia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)-- y Peter Tyndall, presidente del IIO, así como por el secretario general Werner Amon y la presidenta de la Región Caribe y América Latina del organismo, Victoria Pearman. En la primera carta, el presidente de la GANHRI reconoció que la recomendación 29/2019 detonó la andanada de descalificaciones del gobierno mexicano hacia la CNDH, integrante de la Alianza Global. Negret Mosquera admitió que “si bien en los escenarios democráticos es natural este tipo de diferencias entre funcionarios, es importante que el Poder Ejecutivo promueva los espacios de diálogo e interlocución para el manejo de dichas diferencias”, y que se continúe con la realización de actos, como la entrega del Informe Anual de labores de la CNDH, y “sean asumidos por la máxima autoridad del Estado, como lo es el presidente de la República, tal como se ha llevado a cabo históricamente”. El pasado 3 de junio, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, acusó que el presidente Andrés Manuel López Obrador se negó a recibir el informe de labores correspondiente al año 2018, y el documento fue entregado a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. El presidente de la GANHRI hizo votos para que el gobierno de López Obrador reafirme “el compromiso con los derechos humanos, que es prioridad para el gobierno mexicano”, y dijo que “habrá una sincronía institucional de la mejor manera” con la CNDH. En cuanto a la carta firmada por representantes del IIO, que incluye a 200 instituciones independientes de más de 100 países de África, Asia, Europa y América, se advirtió la “gran preocupación” por “las descalificaciones y observaciones negativas realizadas por el titular de la Presidencia de la República Mexicana” hacia la CNDH. En la misiva, el IIO expresó “su profunda preocupación por los acontecimientos recientes y condena enérgicamente cualquier ataque al Defensor del Pueblo o la institución de la CNDH”, y manifestó su “apoyo total” al organismo y a su presidente, Luis Raúl González Pérez. Para los integrantes del IIO, presididos por Peter Tyndall, “es inevitable que, en el desempeño del trabajo del Defensor del Pueblo, se produzcan recomendaciones que sean críticas de las acciones de los órganos gubernamentales”. Añadieron: “En una democracia existe la expectativa de que tales críticas sean consideradas y puestas en práctica”, de ahí que “desprestigiar la tarea de la CNDH”, organismo ampliamente reconocido, “se percibe internacionalmente no sólo como falta de respeto hacia la institución, sino también a los derechos de los mexicanos, a quienes protege”. Los ombudsperson que integran el IIO recordaron que, como parte de los tratados internacionales, el Estado mexicano está obligado “a respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos que ellos contienen y que comprometen a impedir y prevenir violaciones a éstos, así como a investigar y proveer a las víctimas de recursos para resarcir los abusos”. Los firmantes pidieron al gobierno de López Obrador “acatar los compromisos internacionales asumidos, con el fin de proteger y reconocer la función, atribuciones y mandato constitucional de la CNDH”, así como emprender “un diálogo razonado y profesional” con el organismo y sus funcionarios”. De igual manera, recordaron que en la Declaración de Bangkok --adoptada por los miembros de la IIO en 2016-- se determinó que “el Defensor del Pueblo no estará sujeto a ninguna forma de intimidación o amenaza que limite su independencia o restrinja su capacidad de proteger los derechos fundamentales de todas las personas”. Los pronunciamientos de la GANHRI y del IIO se suman al que hizo, el pasado jueves 11, la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), que representa a 103 ombudsperson de 22 países iberoamericanos. La FIO consideró que “las descalificaciones desde altas instancias gubernamentales”, promovidas para desacreditar la labor de la CNDH, “derivan en vulneraciones al Estado de Democrático de Derecho, dejan en condiciones de indefensión a la población más desprotegida y ponen en riesgo todo el sistema de libertades ganado a tan alto precio por la comunidad internacional”. En el documento, difundido por la CNDH el 14 de julio, los integrantes de la FIO solicitaron a las autoridades mexicana a asumir sus compromisos internacionales, “a fin de proteger y reconocer la función, atribuciones y mandato constitucional de la CNDH, toda vez que resulta palpable y evidente el beneficio que brinda para la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad, así como para la vida democrática en México”. El documento está firmado por la presidenta de la FIO y Procuradora del Ciudadano del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Iris Miriam Ruiz Class; el vicepresidente del organismo por la Región Centroamericana, Defensor del Pueblo de Panamá, Alfredo Castillero; la vicepresidenta por el Cono Sur, Procuradora de los Derechos Humanos de la República de Brasil, Deborah Duprah; el vicepresidente por la región Europa, Defensor del Pueblo de España, Francisco Fernández Marugán, y el vicepresidente por las Instituciones Regionales y Locales de Derechos Humanos, Defensor de Pueblo de Santa Fe, Argentina, Raúl Alberto Lamberto. https://twitter.com/CNDH/status/1151673837731373059?s=20