CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La agencia calificadora Moody’s Investors Service señaló que el comportamiento estable de las transferencias federales y el sólido marco institucional fortalecen la capacidad de los estados y municipios para enfrentar la desaceleración económica por la que atraviesa México. Luego de sostener que este año y el próximo la economía del país crecerá 1.2 y 1.5%, respectivamente --monto desfavorable si se compara con el avance de 2% en 2018--, la calificadora prevé que los recursos que se canalizan a los estados vía participaciones crecerán menos, pero mantendrán una tendencia positiva. En ese sentido, estimó que para 2019 y 2020 el avance será de entre 6 y 8%, y “este crecimiento estable apoyará resultados financieros estables de los estados y municipios”. No obstante, “esperamos que el crecimiento de las participaciones disminuya a medida que la economía se desacelera”. Según la agencia calificadora, el presupuesto federal para 2019 contempla 920 mil millones en participaciones, lo que significa un incremento anual de 9% respecto de 2018. De hecho, entre enero y mayo de 2019, las participaciones crecieron 9.9%, en comparación con el mismo período del año pasado. En promedio, las participaciones equivalen a 38% de los ingresos totales de los gobiernos locales y regionales mexicanos. Estas transferencias están relacionadas con el crecimiento económico, porque representan una porción del conjunto de impuestos federales y de ingresos petroleros –también conocido como Fondo General de Participaciones (FGP)– que los estados y municipios pueden utilizar para cualquier fin, como los gastos operativos o de capital. Los estados y municipios también se benefician del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), que cubre las diferencias entre las participaciones presupuestadas y las observadas durante un año fiscal, esto es, hasta 10% en 2019. Una vez publicados los reportes federales trimestrales, el gobierno federal revisa el monto real de las participaciones otorgado a los estados en comparación con el monto presupuestado. Si el monto es menor que el presupuestado, al día siguiente el gobierno federal compensa con el FEIEF la diferencia. “Esto reduce demoras en la recepción de los fondos y limita posibles presiones de liquidez. El fondo de estabilización actualmente cuenta con 91 mil 600 millones de pesos, ofreciendo un colchón sólido en caso de una mayor desaceleración económica”, explicó Moody’s. Explicó que los estados y municipios también dependen de transferencias federales etiquetadas, incluidas las aportaciones, la mayoría de las cuales cubren los gastos de salud y educación. Tales aportaciones representan alrededor de 36% y 20% de los ingresos totales de los estados y municipios, respectivamente. Estas transferencias son relativamente resistentes a las condiciones económicas y, dada su importancia social, es difícil que el gobierno federal las recorte. “Incluso en la recesión económica de 2009, estas transferencias siguieron aumentando. Sin embargo, las transferencias etiquetadas para infraestructura y otros programas sociales han estado disminuyendo desde 2016”, acotó. Para contrarrestar estos niveles más bajos, los estados y municipios podrían hacer más recortes a los gastos de capital o, en última instancia, emitir nueva deuda para financiar programas y proyectos, abundó. En 2019, los estados y municipios recibirán un total de 736 mil millones por concepto de aportaciones, un ligero incremento con respecto a 2018. Moody’s advirtió que el presupuesto federal en 2020 será clave, y si los esfuerzos de consolidación del gobierno federal limitan el crecimiento de estas transferencias o incluso llevan a una disminución, los gobiernos regionales y locales, y especialmente los estados (que son responsables de la salud y la educación), enfrentarán el importante desafío de conseguir los ingresos necesarios para continuar prestando estos servicios. Sobre el grado de predictibilidad y efectividad de las políticas económicas en México, la agencia calificadora sostuvo que se ha debilitado, por lo que “no podemos descartar cambios repentinos e inesperados en el marco institucional de México”. Mencionó que cambios en las reglas del fondo de estabilización, de la forma en que se constituye el fondo general de participaciones, de las fórmulas de distribución de las transferencias federales o en las transferencias federales etiquetadas bajo la Ley de Coordinación Fiscal, “tendrían un impacto significativo en la estabilidad financiera del sector”.