CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La casa de la periodista Lydia Cacho en Puerto Morelos, Quintana Roo, fue allanda por dos sujetos, quienes mataron a una perra, envenenaron a otra, y le robaron equipo de trabajo y material periodístico altamente sensible. La misma periodista dio cuenta del hurto a través de su cuenta oficial de Twitter, mensaje en que aclaró que sus investigaciones periodísticas están fuera del país y los presuntos ladrones solo se llevaron copias.

Es cierto, los niveles de violencia y crueldad aumenta en la misma medida en que la impunidad les protege. Gracias por su solidaridad. Mis investigaciones periodísticas están seguras fuera del país; se llevaron copias, la verdad nadie se la roba. #AquíNadieSeRinde https://t.co/mszjZteSYH

— Lydia Cacho (@lydiacachosi) July 22, 2019

En otro mensaje en la red social, la escritora declaró: “Por más que lo intenten no dejaré de investigar. El miedo no colonizará mi espíritu. Soy periodista, soy feminista y #DerechosHumanos el poder conlleva responsabilidad social. A los que me amenazan les digo: #AquiNadieSe Rinde #Justicia #NiñezPrimero”. De acuerdo con la relatoría de Artículo 19 y la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), a las 18:30 del domingo 21, dos hombres irrumpieron en el domicilio de la periodista y, tras destruir cables de las cámaras de seguridad y desactivar la alarma, sustrajeron una grabadora de audio, tres cámaras fotográficas, varias tarjetas de memoria, una computadora portátil y 10 discos duros “con información de alto interés público relacionada con casos de pederastia”. Los agresores también desordenaron la habitación de la escritora, destrozaron fotografías familiares y ropa interior; además, mataron a la perra que protegía la casa y envenenaron a otra. De acuerdo con el comunicado de ambas organizaciones, la situación resulta alarmante, dado que expertos en seguridad “consultados por la periodista, después del allanamiento, aseguran que ‘iban por ella’ y que, afortunadamente, no se encontraba en su hogar”. Según las organizaciones firmantes, los destrozos y la muerte de los canes que vivían con la periodista ocurren en momentos en que Cacho está en plena búsqueda de justicia por la tortura a la que fue sometida en 2005, “por parte del grupo criminal de poder encabezado por altos funcionarios y empresarios de los estados de Puebla y Quintana Roo”. Exigen protección Artículo 19 y Redim exigieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador garantizar la seguridad e integridad de Cacho y sancionar a los responsables. En el documento firmado, aseguraron que fue “un acto de represalia por su ejercicio de defensa de los derechos humanos y de su libertad de expresión”. El robo ocurrió a poco más de tres meses de que se liberaron órdenes de aprehensión por tortura contra el exgobernador de Puebla, Mario Marín; el empresario textil, Kamel Nacif, y el exsubsecretario de Seguridad Pública de Puebla, Hugo Adolfo Karam Beltrán. Artículo 19 y la Redim advierten que el allanamiento se registró cinco meses después de que el gobierno de López Obrador ofreció disculpas públicas a la periodista. De igual manera, recordaron que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas “declaró a México responsable por la violación a sus derechos humanos, por la tortura a la que fue sujeta y por la falta de debida diligencia en la investigación”, como consecuencia de la publicación del libro “Los demonios del Edén”, que aborda la red de pederastas en los estados mencionados, tema sobre el cual sigue investigando Cacho. El 11 de abril, añadieron, la Fiscalía para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) giró órdenes de aprehensión en contra de Marín, Nacif, Karam y el exjefe de Mandamientos Judiciales de la Procuraduría estatal, Juan Sánchez Moreno --éste último fue detenido el 16 de abril--, “por su probable responsabilidad como autores intelectuales por los hechos de tortura en contra de la periodista”. Para la organización de defensa de la libertad de expresión, “las agresiones del día de ayer constituyen un ataque frontal a la búsqueda de justicia de Lydia, que ha llevado más de 14 años”, y destaca que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU consideró que “las agresiones que sufrió la periodista habían sido focalizadas y con contenido discriminatorio en razón de género y connotación sexual”. Para Artículo 19 resulta grave que “el mismo patrón sucedido en 2005 se repite en las agresiones de ayer: la ruptura de fotos familiares, de su ropa íntima y el asesinato de su perra, pretenden dar un mensaje amenazador e intimidante para la periodista”. En el comunicado se puntualiza que “el allanamiento y la sustracción de material con información de interés público figuran como elementos intimidatorios que pretenden generar un efecto inhibidor en el activismo, defensa de derechos humanos y ejercicio de la libertad de expresión de Lydia Cacho, quien hoy es una referencia a nivel internacional sobre el ejercicio periodístico y la defensa de derechos humanos de las mujeres y la niñez”. A casi cinco meses de la disculpa pública ordenada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Estado mexicano no sólo reconoció las violaciones a los derechos humanos de la periodista, sino que se comprometió a lograr una reparación integral del daño y “todas las medidas para garantizar su vida, integridad y libertad de expresión”. Ante ello, las organizaciones firmantes exigieron a la Secretaría de Gobernación, a la Fiscalía General de la República, y en particular a la FEADLE, que “se cumplan las garantías de no repetición, se garantice su seguridad y su vida en todo momento y se sancione a los responsables de estos hechos”.