TOLUCA, Edomex. (apro). - Representantes de varias organizaciones sociales del Estado de México, aglutinadas en el Frente de Lucha Contra la Corrupción, solicitaron a la Legislatura mexiquense citar a comparecer al gobernador, Alfredo del Mazo, para que detalle la apertura, en 2012, de la cuenta por 1.5 millones de euros en la Banca Privada de Andorra (BPA). La petición se concretó la mañana de este martes mediante la remisión de un oficio dirigido a Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), por parte de asociaciones como Garval y Ralp, la Organización Nacional Mexiquense contra la Corrupción A.C., la Fundación Soy Leal, la Fundación Pies Sin Fronteras A.C. Edomex, y un grupo de abogados y ciudadanos. La carta, redactada con copia para las dirigencias estatal y nacional de Morena y para el presidente Andrés Manuel López Obrador, refiere como propósito único que Hernández González realice las gestiones necesarias dentro de la Legislatura para que el mandatario mexiquense sea citado a comparecer ante el pleno en periodo ordinario o extraordinario. La convocatoria, según exponen, tiene como finalidad que el gobernador explique a los representantes populares y al pueblo mexiquense la información revelada el jueves 18 de julio por el periódico El País, sobre los 1.5 millones de euros depositados en un banco paraíso fiscal de Andorra “casi al término de su gestión como presidente municipal de Huixquilucan”. Los firmantes, entre los que destacan el huixquiluquense Hilario García Valdés, como presidente de Garval y Ralp; Jesús Vallejo Ceja, presidente de la Organización Nacional Mexiquense; Jonathan Leal, titular de la Fundación Soy Leal; Víctor Edgar Hernández Cruz, dirigente de Fundación Pies Sin Fronteras; el morenista Rosendo Marín Díaz, Ana Yurixi Leyva Piñón (ex perredista, petista y abogada), Erick Valdimir Ruiz Cruz, Víctor Edgar Hernández Cruz y Ernesto Ruiz López, además piden al también presidente de la Junta de Coordinación Política ser invitados al pleno en que se concrete la comparecencia. Por su parte, aún sin conocer la petición, Maurilio Hernández precisó que por ahora la Legislatura local no tiene previsto intervenir en el asunto, debido a que es competencia de la justicia de Andorra. “Es un asunto que ya está en el terreno judicial; no es nuevo, no es que apenas se haya descubierto, lo tenemos desde hace dos años y, judicialmente, entiendo que ya cumplió las etapas”, manifestó. A partir de la publicación de El País, el además coordinador del grupo parlamentario de Morena aseguró que se hará un acopio de información, “a efecto de que no nos vayamos con la finta de que tenemos que intervenir”. Además, dijo, “estaremos muy pendientes del desenlace de este caso, para con todos los elementos marcar una posición al respecto”. En caso de que el proceso realizado por la justicia de Andorra confirme la configuración de algún ilícito en el caso, y que hay “incidencias y afectaciones a los recursos públicos, lógicamente tenemos que entrar”. En tanto, Miguel Sámano, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), consideró innecesario realizar alguna investigación, pues “quienes tenemos la oportunidad de conocerlo sabemos que es un hombre que se distingue por la transparencia, la rendición de cuentas”. Además, consideró, fue muy claro al señalar que el hecho se suscitó en 2012 y “ya lo aclaró… fue contundente”.