CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La representación en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) manifestó su solidaridad a la periodista Lydia Cacho Ribeiro, tras el allanamiento de su domicilio, al tiempo que exhortó al Estado mexicano “redoblar sus esfuerzos para la creación de un ambiente seguro y propicio” para que defensores de derechos humanos ejerzan su labor.

En un pronunciamiento la ONU-DH condenó las recientes agresiones a la periodista, quien “fue nombrada embajadora de la ONU para el proyecto ‘Spotlight’ que busca prevenir feminicidios y la violencia contra las mujeres y niñas”.

Tras resaltar que el domingo 21 de julio el domicilio de Cacho fue allanado por personas que robaron equipo de trabajo e información relevante, el Sistema de las Naciones Unidas en México, recordó que en 2005 la periodista “fue detenida arbitrariamente y torturada” luego de hacer pública una red de explotación sexual infantil.

Agregó que Cacho recurrió al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, mismo que determinó en agosto de 2018 que “el Estado mexicano había violado su derecho a la integridad física, libertad de expresión y acceso a la justicia, entre otros”.

La ONU-DH reconoció que, pese a los riesgos, “la defensora ha mantenido su lucha por los derechos humanos de las mujeres y niñas al tiempo que continúa exigiendo justicia por las agresiones que ella sufrió”,

Al expresar su solidaridad con Lydia Cacho, la ONU en México valoró “su labor como periodista y como persona defensora de los derechos humanos de las niñas y las mujeres”.

El pronunciamiento de la ONU-DH sobre las agresiones a Lydia Cacho se sumó al que formuló en la víspera la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que además de exigir a las autoridades el esclarecimiento de los hechos, dar con los responsables del allanamiento para que sean sancionados, apuntó que la violencia contra periodistas ha generado el desplazamiento forzado de al menos diez comunicadores.

La CNDH resaltó que de acuerdo a expedientes del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, existen diez casos en los que comunicadores se han visto obligados a abandonar sus lugares de origen para “ponerse a salvo junto con sus familiares”, y que están siendo asistidos por el Estado mexicano, obligado a “generar las condiciones para su retorno o su integración plena en un nuevo lugar de residencia”.

El organismo recordó a las autoridades de los tres niveles de gobierno que “toda afectación a la libertad de expresión -amedrentamientos, amenazas, medios indirectos como criminalización y uso de derecho penal contra comunicadores, desaparición y el asesinato de periodistas- constituyen acciones condenables que deben prevenirse, investigarse y sancionarse para evitar su repetición”.