CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales condenaron los “actos de acoso y hostigamiento de la Guardia Nacional contra la Casa del Migrante de Saltillo (CDM Saltillo)”, ocurridos el sábado 20 y el martes 23.

Ello, subrayaron, pese a que el albergue cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y con medidas de seguridad por parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob).

En un comunicado, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), Front Line Defenders, el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México-Tijuana (PRAMI) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), exigieron el “cese inmediato de todo acto intimidatorio en contra de este albergue humanitario que desde 2001 brinda atención integral y acompañamiento en derechos humanos a las personas migrantes y refugiadas”.

Las organizaciones, que impulsan la campaña #DefendersBeyondWalls #DefensoresSinMuros, reportaron que el sábado 20 integrantes de la Policía Federal “pretendieron realizar una revisión migratoria en la CDM Saltillo”, que fue impedida por los defensores al argumentar que la pretensión de los oficiales era ilegal.

En respuesta a la negativa a ingresar a las instalaciones de la CDM Saltillo, los policías federales “amenazaron a un integrante del equipo diciendo que se estaba ‘metiendo en un problema’ y que pedirían la intervención del Instituto Nacional de Migración para acordonar el área”.

Tres días después de esos acontecimientos, “un operativo conjunto de la Guardia Nacional y la Policía de Saltillo hicieron nuevamente una verificación migratoria a las puertas de la CDM Saltillo”.

El personal del recinto reiteró la ilegalidad de su actuación, a lo que “las autoridades respondieron tomando fotografías y videos de las y los defensores”.

Las organizaciones resaltaron que los actos de hostigamiento y agresiones a la CDM Saltillo “no son hechos aislados”, sino que “responden a un contexto cada vez más adverso para la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y sujetas a la protección internacional”.

Destacaron que, en los últimos dos meses, albergues de otras entidades “han denunciado que fuerzas policiales y militares han tratado de ingresar a sus instalaciones, bajo el pretexto de buscar víctimas del delito o personas migrantes en condición irregular”, además de que han recibido “oficios en los que les solicitan entregar información específica y desagregada sobre la población atendida”.

Para las organizaciones firmantes, los ataques contra los defensores de migrantes forman parte de “una estrategia amplia y regional derivada de diversas políticas y acuerdos implementados por Estados de la región, entre ellos el reciente acuerdo entre México y Estados Unidos, mediante el cual se estigmatiza la migración y, en consecuencia, se criminaliza y estigmatiza la labor humanitaria y de derechos humanos en favor de las personas migrantes y desplazadas de Centroamérica, el Caribe, África y Asia.

De igual manera, consideraron que la “criminalización y estigmatización pública en contra de defensoras y defensores” se originaron de declaraciones “sin sustento” de funcionarios de alto nivel, como la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien en marzo pasado acusó a la organización Pueblo Sin Fronteras de organizar las caravanas migrantes.

Con base en las acusaciones que tienen el objetivo de “desprestigiar la labor de organizaciones de derechos humanos” es que autoridades locales “se sienten legitimadas par hostigar a organizaciones, albergues y personas defensoras que les son incómodas por señalar sus omisiones y simulaciones”, puntualizaron los firmantes del comunicado.

Denunciaron que “las autoridades no sólo han sido omisas” en garantizar la integridad de personas defensoras y de su labor, sino que “han fomentado estos actos de criminalización y hostigamiento”, situación que ha sido plenamente identificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Y recalcaron que, pronunciamientos como el de Sánchez Cordero, “en algunos casos servirían de fundamento para iniciar acciones penales en contra de las y los defensores con el fin de obstruir sus labores”.

La Red TDT, Front Line Defenders, el PRAMI y CEJIL pidieron a las autoridades de México “abstenerse de implementar acciones que tengan como fin obstaculizar las labores de la Casa del Migrante de Saltillo y de cualquier otra organización o albergue para personas migrantes, y que lleven a cabo las medidas necesarias para garantizar la integridad de las y los defensores para que puedan seguir realizando su trabajo de manera segura”.

Finalmente, precisaron que durante 15 años la CDM Saltillo “ha sido un oasis en medio de la ruta migratoria, cada día más riesgosa para miles de personas que se ven obligadas a cruzar nuestro país”, y exigieron al Estado mexicano “que garantice entornos adecuados que permitan la crucial labor de defensa de los derechos humanos”.