CIUDAD DE MÉXICO (apro). - El próximo 18 de octubre el Estado mexicano reconocerá la responsabilidad internacional en las violaciones a derechos humanos cometidas por miembros del ejército mexicano contra las hermanas González Pérez y su madre, Delia Pérez, en junio de 1994, en Chiapas, en el contexto del combate al levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

La fecha de la disculpa pública y sus condiciones fue acordada en una reunión de trabajo encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, realizada el lunes 22 de julio, en la que participaron las hermanas González Pérez, acompañadas por representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), del Comité Hermanas González Pérez de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y de Amnistía Internacional.

En un comunicado firmado por las organizaciones que acompañan a las víctimas, recordaron que el 4 de junio de 1994 las hermanas González Pérez y su madre, Delia Pérez, fueron detenidas de forma arbitraria, privadas de la libertad y torturadas sexualmente y, en el caso de Celia González Pérez, se violentaron los derechos de la niñez, ya que era menor de edad, abusos atribuibles a un grupo de militares que estaban desplegados en el estado de Chiapas.

En 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró la “responsabilidad internacional del Estado mexicano y recomendó la investigación del caso y la reparación adecuada” a las víctimas, pertenecientes al pueblo maya tseltal.

Como resultado de la reunión, Encinas Rodríguez se comprometió a que la disculpa pública se lleve a cabo el 18 de octubre en Ocosingo, Chiapas, sea encabezada por la titular de la Gobernación, Olga Sánchez Cordero, “altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Fiscalía General de la República”, puntualizaron las organizaciones.

De acuerdo con los términos solicitados por las hermanas González para la realización del evento, el formato tendrá que considerar “los usos, costumbres y cosmovisión del pueblo indígena maya tzeltal”, además de que “deberá condenar los hechos de violencia en contra de las mujeres y el pueblo indígena maya tzeltal, así como las violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de las hermanas González Pérez y su madre”.

Al reconocer los esfuerzos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los representantes de la Segob para “emprender el proceso de reparación y acceso a la justicia”, las organizaciones destacaron que en la reunión sostenida el lunes los representantes del Estado mexicano se comprometieron a “cumplir con las garantías de acceso a la justicia y no repetición para que estos hechos no ocurran nuevamente, considerando que por más de 25 años el caso de las hermanas González Pérez ha permanecido impune”.

Siendo el reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano “una garantía imprescindible para la no repetición de violaciones a derechos humanos”, que permite “comenzar a reparar el daño”, las organizaciones firmantes puntualizaron que “la presencia de altos mandos de la Sedena en el evento es fundamental y necesaria como parte del acceso a la justicia de las víctimas: las hermanas González Pérez, su madre, su familia y el pueblo indígena maya tzeltal”.

Los firmantes reiteraron que “sin el cumplimiento de dichas condiciones, el Estado mexicano estaría omitiendo su obligación de garantizar una reparación adecuada”.