CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un motivo para convivir en sociedad conforme a un orden jurídico preestablecido es que a las personas se nos proteja frente a quienes ostentan mayor poder y pretendan abusar de él, por medio de la violencia, discriminación, manipulación, engaño, subordinación, opresión y dominación en general. Una función primordial del gobierno es justo la de ofrecer protección contra los poderes privados. Si falla en tan elemental tarea, es resposabilidad del Poder Judicial enmendar la situación. A cinco años del derrame más grave de la historia de la minería en México, en los ríos Bacánuchi y Sonora, se presenta una nueva oportunidad para comprobar en los hechos, la posición en la que se encuentran la actual administración federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La verdad oficial heredada del gobierno anterior es que la contaminación fue remediada y las afectaciones a la población resarcidas a través de un programa ambiental y la creación de un fideicomiso, cuya ejecución quedó confiada al grupo empresarial responsable de ese derrame. La minera Buenavista del Cobre de Grupo México pactó con las autoridades ambientales federales un mecanismo alternativo para solucionar el desastre que provocó. Lo hizo con apoyo en leyes vigentes en nuestro ordenamiento jurídico. Y a partir de ello obtuvo todo el respaldo de la administración en el sexenio anterior. Por supuesto, empresa y gobierno olvidaron un monumental detalle: acordaron siempre sin la participación de las personas y comunidades afectadas en Sonora. No se necesitaban grandes dotes de estadista para anticipar que esa forma de actuar como si la población fuera parte del paisaje, con escasa transparencia y sin participación adecuada de las personas afectadas, generaría problemas y cuestionamientos jurídicos. La gente organizada en los Comités de Cuenca Río Sonora ha llevado esas disputas hasta la Suprema Corte, cuya Segunda Sala tiene hoy cinco casos pendientes por resolver, pero tres estrechamente vinculados en tanto que en ellos se litiga la manera en que operó el “Fideicomiso Río Sonora”. Ya el año pasado la Segunda Sala emitió un fallo histórico porque garantizó la participación de las personas en temas ambientales –a raíz del juicio que combatió la construcción y operación de una nueva presa de jales de la mina Buenavista del Cobre–. Como consecuencia, el pasado 5 de julio tuvo lugar una reunión pública informativa y actualmente las autoridades ambientales federales están en proceso de cumplimiento de la sentencia de la Corte, ciertamente con una renovada visión. Entre tanto, toca una vez más a quienes integran la Segunda Sala de la Corte ser garantes de los derechos de las personas y no prestarse a avalar un mecanismo de impunidad para las empresas –en especial para Grupo México, que no parece ejemplo de debida diligencia–. El tema es sencillo: la protección de las personas y de las comunidades no puede quedar confiada a las empresas que les afectaron. Si la Segunda Sala termina por decidir que no se puede cuestionar por medio del juicio de amparo el actuar del Fideicomiso Río Sonora, porque no lo considera una autoridad o porque sus actos no los estima equivalentes a los de las autoridades, aunque al frente del Comité Técnico que lo dirigió estuvo un subsecretario de la Semarnat; si tampoco le da peso a que su objeto y fin fue remediar el derrame ocurrido y resarcir los daños a las personas en su salud y medio ambiente; y si no repara en que tal Fideicomiso no se creó por iniciativa propia de la concesionaria minera sino como consecuencia de una solución alternativa fundada en una ley y acordada con el gobierno, sin tomar en cuenta a las personas afectadas; entonces la Corte abrirá una puerta para la impunidad empresarial, pues quedará como precedente que quien contamina puede quedar a cargo de remediar lo que causó. La verdad, justicia y reparación en torno a los desastres ambientales dependerían de quienes los provocaron, y peor, el resarcimiento de daños que las empresas no quieran afrontar terminaría demandándose al gobierno –que no deja de tener la obligación de proteger a las personas–, para que lo pague con recursos públicos. De ese tamaño la importancia de los juicios del Río Sonora y el deber de la Corte.