HERMOSILLO, Son. (apro).- El documental "Río Sonora: Impunidad y Olvido” se presenta como una piedra angular entre "la verdad oficial en contra de la realidad" que se vive en las siete comunidades ribereñas que fueron afectadas con la falla de Grupo México en su mina Buenavista del Cobre, el 6 de agosto de 2014. A cinco años de este ecocidio -que lacera a 22 mil pobladores en los municipios de Aconchi, Arizpe, Banámichi, Baviácora, Huépac, San Felipe de Jesús y Ures- este trabajo documental reúne los testimonios de los olvidados, de los desprotegidos y los marginados. Los realizadores Amalia Escobar, Francisco Javier Luna y Paul Contreras Corona resumen los hallazgos periodísticos de un lustro en un documental de 20 minutos. Desde las tomas aéreas hasta la intimidad de las entrevistas desgarradoras aborda una dolorosa secuencia: La impunidad y el olvido. La presentación de este documental fue simultánea y atípica, mientras la periodista Amalia Escobar presentaba el material videográfico en el auditorio del sindicato de académicos de la Universidad de Sonora (Staus) en Hermosillo; Paul Contreras y Francisco Javier Luna proyectaban el documental a través de las redes sociales, desde la Ciudad de México. Esta fue la primera presentación para representantes de los medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles e internautas. En los próximos días, se planea una agenda de proyecciones en los sietes pueblos afectados, además de su presentación en foros estatales y nacionales. "Río Sonora: Impunidad y olvido” somete al escrutinio público la metodología gubernamental instrumentada en lo que ya se conoce como “la tragedia ambiental más grande en la historia de la minería moderna”. La realizadora, Amalia Escobar, considera que este trabajo periodístico tiene su más grande valía en documentar la realidad que se vive en las poblaciones afectadas; en las promesas ambientales y gubernamentales incumplidas; pero sobre todo las redes de complicidad tendidas Grupo México para que se desatiendan a los miles de afectados. “Esta una publicación oportuna porque se cumplen cinco años (de la tragedia) y parece que se está dando un borrón y cuenta nueva; para que todos pensemos que no ha pasado nada, pero la gente en los recorridos nos manifiesta que están más enfermos, con la terrible noticia que ya se están registrando muertes”, expresó la realizadora sonorense. En tanto, el documentalista Francisco Javier Luna compartió que videograbar “Río Sonora: Impunidad y Olvido”, le dejó un mensaje triste y contundente, pues en un principio no lograba definir cómo los involucrados combinaron “el dolor con la desfachatez”. Una sensación similar experimentó Paul Contreras Corona, quien recordó que con recursos del Fideicomiso Río Sonora se repartieron cantidades similares a 15 mil pesos por toma de agua, a quienes resultaron afectados en su salud y otros pagos, en cantidades que resultan irrisorias si se contrastan con el daño sufrido. En retrospectiva, a cinco años del ecocidio -externa el periodista- es posible inferir que con esos recursos se intentó comprar conciencias, en un “te doy dinero para tenerte contento”. Testigos de honor Reina Castro Longoria, moderadora durante la presentación del documental, consideró que este material videográfico es digno para que se tome en cuenta en la mesa de negociación que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de que se abra paso a las negociaciones de Grupo México con los mineros de la Sección 65 y los afectados por la contaminación del Río Sonora. "’Río Sonora: Impunidad y olvido’, es un material de consulta para los años por venir, debido a que la 'verdad histórica' sobre el derrame en los ríos Sonora y Bacanuchi día a día se va diluyendo”, comentó la también catedrática en investigadora de la Universidad de Sonora. El investigador Antonio Romo lamentó que los especialistas para atender a los afectados con metales pesados solo se encuentran en el centro del país, lo que complica su atención médica en la sierra sonorense. “A los pobladores solo los han atendido médicos generales y en la Unidad de Vigilancia Epidemiológica nunca se presentó siquiera un toxicólogo”, acusó. Otro de los presentadores de este documental, el académico Juan Antonio Pavlovich denunció que el gobierno federal en lugar de generar certeza para la población que cayó en desgracia se convirtió en un generador de confusión. “Ninguno de los especialistas que atendieron el derrame ofreció una postura desde el punto de vista de la población; el gobierno incumplió su obligación de garantizar la salud a la sociedad y en cambio generó confusión, miedo y creó las condiciones para que los ribereños dejaran sus tierras”, puntualizó. Este documental abre la discusión para definir las estrategias de remediación y el rescate de los enfermos que -en los últimos meses- se acumulan por decenas.