VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- El gobernador Adán Augusto López Hernández informó que colabora con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) en la investigación sobre la “estafa maestra”, en la que –subrayó-- se encuentran implicadas cuatro universidades de Tabasco y un instituto superior. Sobre el caso, aseguró que tiene la película “clara y completa” y su gobierno ya proporcionó la información que le requirió la ASF y la SFP, incluso la Fiscalía General de la República (FGR) “que pidió algún informe”. “Por ley y convicción estamos obligados a proporcionar la información que nos requieran, ya lo hemos hecho, no puedo abundar más por una investigación que está en curso, pero tengo la película clara y completa”, puntualizó. Mencionó que en algunos casos se tienen identificadas las empresas que se beneficiaron con la “estafa maestra”, y las autoridades federales habrán de deslindar responsabilidades sobre rectores de universidades de Tabasco implicados. “Desde luego”, respondió López Hernández, cuando se le preguntó si los rectores sabían de las irregularidades en las universidades, reveladas posteriormente en la investigación periodística. “Lo que nosotros tenemos de información es que conocían (las anomalías), desde el rector hasta las áreas administrativas y financieras”, señaló al mandatario morenista. “Sé que es una investigación seria, la que están haciendo la Función Pública y la Auditoría Superior (ASF)”, añadió, y sostuvo que desconoce en qué porcentaje de avance van las investigaciones en Tabasco. “Pero me imagino que ahora, con la vinculación a proceso de la exsecretaria (Rosario Robles), irán ya particularizándose otros casos”, acotó, y rechazó que la autonomía universitaria sea obstáculo para las investigaciones. “Una cosa es la autonomía y otra cosa que se haya incurrido en actos de corrupción y desviación de recursos. Las disposiciones legales vigentes te permiten auditar recursos y, si se comprueba que hay irregularidades en el gasto, pues se derivan acciones jurídicas”, enfatizó. Al preguntarle si cree que “caigan” algunos tabasqueños involucrados en la “estafa maestra”, respondió: “No sé, porque no soy Ministerio Público, y la información de la que yo dispongo y que es muy completa también me obliga a ser prudente, a guardar la secrecía. No puedo andar ventilando este tipo de asuntos en público. Sí confío en que las autoridades finquen responsabilidades, si las hay”. Los implicados De acuerdo con la investigación del portal Animal Político, que dio origen a la “estafa maestra”, en Tabasco se encuentran implicados siete rectores de cuatro universidades y de un instituto superior. Entre ellos, el aún rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), José Manuel Piña Gutiérrez, y el exrector de la Universidad Tecnológica de Tabasco (UTT), Fernando Calzada Falcón, quien ahora se desempeña como subsecretario de Educación Media y Superior de la Secretaría de Educación del estado. Calzada Falcón también fue secretario de Finanzas en el gobierno sustituto de Manuel Gurría Ordóñez (1992-1994), en el interino de Enrique Priego Oropeza (2001) y en el de Manuel Andrade Díaz (2002-2006). También se encuentran involucrados tres exrectores de la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH), José Víctor Zárate Aguilera, José Luis Hernández Lazo y Pedro Javier Muñoz Vergara; el exrector de la Universidad Politécnica del Golfo de México, Luis Andrés Domínguez, y Carlos Mario Olán López, del Instituto Técnico Superior de Comalcalco (ITSC). Entre 2011 y 2014, estas cinco instituciones académicas de Tabasco y la Universidad Autónoma de Carmen (Campeche) firmaron 39 convenios con Pemex Exploración Producción (PEP), mediante la cual la empresa productiva del Estado entregó tres mil 576 millones de pesos a 96 empresas, muchas de ellas “fantasmas”. Las universidades darían diversos servicios a PEP, pero en los hechos triangularon el dinero a empresas "fantasmas", quedándose con una comisión de más de mil millones de pesos. El exrector de la UTT y actual subsecretario de Educación de Tabasco, Fernando Calzada Falcón, firmó cinco convenios con PEP, por el que la institución recibió 47 millones 604 mil 800 pesos de “comisión”. La UPCH, por ejemplo, firmó un convenio por 238 millones de pesos y el mismo día transfirió el dinero a la empresa Maheca S.A. de C.V. En otro caso, la UPCH tenía tanta prisa por subcontratar a Maheca S.A. de C.V., que firmó el contrato un día antes de sellar el convenio. Esta universidad repitió el modelo en al menos 11 ocasiones tanto con Maheca S.A. de C.V. como con otras tres empresas: Surface Technology S.A. de C.V., Pro Source S.A. de C.V. y Cantarell Services, para repartir 861 millones de pesos. Por su parte, el ITSC firmó en 2013 contratos por 566 millones con las empresas: E&P Solutions, Energy Oil and Gas, Drilling and Completion Services y Integrated Reservoird Management Services de México. Las cuatro compartían socios, representantes legales y comisarios, quienes resultaron ser prestanombres, según confirmó el portal Animal Político tras entrevistarlos en sus domicilios de colonias populares de Tabasco. Además, desaparecieron en cuanto recibieron el dinero de PEP, vía el ITSC, según la fecha que presentan las actas de liquidación entregadas al Registro Público del Comercio y en los datos de los contratos de cada convenio.