CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la negativa del Congreso de la Unión para que sean llamados a comparecer los funcionarios que rechazaron la recomendación relacionada con la cancelación del programa de estancias infantiles, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció que el caso podría ser llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Sistema de Protección de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En un comunicado, el organismo defendió la recomendación como “producto de una investigación seria, puntual, sustentada en información y evidencia objetiva, fundada en normatividad, criterios y estándares aplicables a la materia, tanto a nivel nacional como internacional, cuyo contenido es públicamente disponible para su análisis y consulta”. Y destacó que, ante el compromiso que tiene con las víctimas de violaciones que motivaron la recomendación, en su carácter de Institución Nacional de Derechos Humanos de México y en el marco de los compromisos internacionales que el Estado mexicano ha asumido para el respeto y vigencia de los derechos humanos, “valorará hacer del conocimiento de las relatorías e instancias de los sistemas universal y regional de derechos humanos el presente asunto”. Dichas instancias, abundó, han reiterado en diversos pronunciamientos la necesidad de que las autoridades den cumplimiento a las recomendaciones de la CNDH. De igual manera, expresó “su más profunda preocupación” por los votos mayoritarios en la Comisión Permanente para hacer “nugatoria la aplicación efectiva” del artículo 102 constitucional, que permite al Congreso mexicano llamar a cuentas a los titulares de las dependencias que se niegan a aceptar las recomendaciones, en este caso las secretarías de Bienestar y de Hacienda, así como de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. “Esta determinación cancela la posibilidad de que las víctimas de las violaciones a los derechos humanos reconocidas por la recomendación 29/2019, a quienes revictimiza, reciban, por parte de las autoridades que no aceptaron dicho pronunciamiento, la explicación fundada y motivada a la que constitucionalmente tendrían derecho sobre las razones que sustentaron su negativa”. Además, agregó, se perdió la oportunidad de que en una comparecencia pública se pudiera debatir con representantes populares de manera abierta y transparente el sentido de la negativa a aceptar el documento recomendatorio. La CNDH hizo ver la coincidencia de los argumentos expresados por funcionarios que rechazaron la recomendación y los de aquellos legisladores que le cerraron el paso a la comparecencia, “principalmente de carácter ideológico o político, sin sustento en información objetiva y verificable, además de ser ajenos a lo que debería ser un debate plural e informado, en el ámbito de los derechos humanos, sobre los derechos de la infancia y de las mujeres, principalmente”. Asimismo, manifestó su preocupación por “las descalificaciones y aseveraciones infundadas”, expresadas por legisladores en la sesión de la Comisión Permanente, relacionadas con “el profesionalismo, calidad moral e independencia de la CNDH y de quienes prestan sus servicios en ella”. Las aseveraciones “no corresponden a la realidad, desinforman a la sociedad y generan una percepción equivocada sobre el caso, desviando y confundiendo la atención pública de las cuestiones realmente importantes y de fondo”, recalcó. En su defensa, el organismo insistió que las afirmaciones hechas por legisladores para denostar al organismo de derechos humanos “quedan desvirtuadas con información pública disponible que da constancia del trabajo desarrollado por la CNDH, evidencian desconocimiento de las leyes vigentes, y en particular del marco normativo aplicable a la actividad de los órganos que integran el sistema no jurisdiccional de protección a los derechos humanos, así como un desdén por la legalidad y la institucionalidad democrática”.