Apenas comenzado su sexenio, Enrique Peña Nieto invitó a Estados Unidos a extender sus tentáculos de espionaje sin límites de presencia y operación en nuestro país. De acuerdo con un informe del Cisen entregado a la CIA, el gobierno mexicano expuso la creación de la nueva estrategia llamada “México en paz”, que implica nuevas labores de inteligencia contra los cárteles de la droga y otros grupos del crimen organizado.

WASHINGTON (Proceso).– En el arranque de su gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto le abrió la puerta grande al espionaje estadunidense. Apenas con cuatro meses en el poder, el mexiquense presentó a la administración de Barack Obama el proyecto Switch Access para que las agencias de inteligencia estadunidenses extendieran sus tentáculos en territorio mexicano.

El nuevo esquema de operación y presencia de los agentes de inteligencia fue presentado en Washington el 15 y 16 de abril de 2013 por Eugenio Ímaz Gispert, entonces director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Dirigidos a John Brennan, quien encabezó la Agencia Central de Inteligencia (CIA), los documentos clasificados, cuya copia tiene Proceso, exponen en el apartado de “Notas” que el gobierno mexicano propuso una nueva era de cooperación bilateral en materia de inteligencia respecto de la estrategia definida en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

“Realizar una breve explicación del nuevo modelo de inteligencia del gobierno de México (diferencias en la operación de inteligencia criminal y de protección de seguridad nacional) y señalar las prioridades establecidas por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en materia de coordinación, judicialización de casos y readecuación de plataformas tecnológicas”, se lee en los folios.

Ímaz también presentó a la CIA un diagnóstico sobre el Centro Coordinador Regional de Inteligencia y Operaciones (CCRIO), creado en el gobierno de Calderón, y en el que resalta que “aunque no cumplió las expectativas generales, será utilizado como modelo para el establecimiento de los cinco Centros Regionales de Fusión de Inteligencia (CRFI)”.

Durante la gestión del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el Cisen propuso la participación de las agencias de espionaje de Estados Unidos sin limitar su presencia y operación en territorio mexicano, incluso en áreas que no fueron consideradas inicialmente en la Iniciativa Mérida, herramienta bilateral de combate al crimen organizado. “Ampliar horizontes hacia terrorismo y/o anarquismo, no centrar la utilidad en la delincuencia organizada”, destacan los documentos sobre el programa Switch Access.

En los archivos clasificados el gobierno de Peña plantea la participación de las agencias estadunidenses en casos regionales y no sólo en “blancos de alto valor”, como son los jefes del crimen organizado. “Ello conllevaría su inclusión en el proyecto de las coordinaciones regionales, pero bajo esquemas controlados”.

En cuanto a los CCRIO, el Cisen expone que “el esfuerzo binacional que actualmente se realiza se centralizará en la Ciudad de México, en apoyo a la operación de los nuevos cinco CRFI. El CCRIO no seguirá operando de la forma ni en el lugar vigente”.

Agrega que la cooperación bilateral puede expandirse en los siguientes temas de capacitación del personal que laborará en los centros regionales: análisis táctico y estratégico, inteligencia, acopio de información, entrevistas, forensia y operaciones. “Dicho esfuerzo podría ser apoyado por la Iniciativa Mérida”.

Queja de la Sedena

El mensaje de Ímaz a la CIA también revela el alto grado de operación que las agencias de inteligencia de Estados Unidos tuvieron en México durante el sexenio de Calderón en la realización de sobrevuelos sin la presencia de agentes mexicanos:

“El gobierno mexicano está redefiniendo el esquema de plataformas aéreas. Sin embargo, se considera que hay espacio para capacitación en infraestructura tecnológica requerida en el servicio de sobrevuelos e integración de una tripulación mexicana”.

El gobierno de Peña Nieto se limitó a exponer algunas quejas a la CIA de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre la operación de las agencias de inteligencia estadunidense en la lucha contra el narcotráfico, pero, de igual manera, les ofreció expandir sus tentáculos sobre los asuntos de terrorismo o anarquismo.

En el subtítulo “Contexto”, Ímaz expone ocho puntos a la CIA. En el primero menciona que a dos años y tres meses del inicio de las operaciones del CCRIO se mantiene el esfuerzo interinstitucional y binacional, “con la participación de la Agencia Antidrogas, el Buró Federal de Investigaciones, Departamento de Seguridad Interna, Oficina de Política de Análisis y Desarrollo, la Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa y el Comando Norte, representado por 18 civiles”.

En el segundo punto indica que la cooperación en el intercambio de información binacional se ha fortalecido con el apoyo de los avances tecnológicos en sistemas de cómputo y comunicaciones, que permiten consultar diversas bases de datos, entre ellas domicilios, propietarios de vehículos, trámites de visas, cruces fronterizos, sábanas telefónicas y rutas aéreas comerciales de blancos prioritarios.

En el tercero expone que con las plataformas áreas K.A.-300 y PC-12, “operadas por empresas civiles contratadas por el Departamento de Defensa y el Dash-7 del ejército estadunidense, ambas coordinadas por agentes de la representación de Estados Unidos en el CCRIO, trabajan con dos o tres vuelos diarios sobre blancos de acceso que los analistas del CCRIO programan. Ello ha permitido tener éxito en operaciones para la detención de delincuentes”.

En el cuarto punto detalla que las plataformas tienen su base en San Antonio, Texas, y poseen independencia de vuelo en la zona fronteriza de Tamaulipas, Coahuila y en el norte de Nuevo León.

En el quinto apartado el Cisen reconoce que “existe la inquietud” sobre la salida de personal comisionado por el gobierno de Estados Unidos. “Al respecto se podrían considerar como alternativas el refrendo de los enlaces de militares con militares (Sedena/Comando Norte), la posibilidad de reinstalar al personal del Comando Norte a la estructura de gobierno (militar a civil) y la donación de equipo de CCRIO para los Centros Regionales”.

En el sexto externa la “inquietud sobre la operación de plataformas que actualmente están instaladas en la zona noreste por la cercanía con el territorio estadunidense. El esquema para que se concentren en otro punto (por ejemplo, en la región centro o en el Centro Nacional) demandará nuevas formas de colaboración y revisión de los marcos legales”.

En el séptimo asunto se destaca una queja de la Sedena que exigía la presencia de un piloto mexicano (en las operaciones); Estados Unidos aceptó, pero el trámite lleva “ocho meses sin solución”.

El Cisen agregó que “resultaría conveniente evaluar la conveniencia de dejar ver que México podría estar más interesado en generar capacidades propias, vía la adquisición de equipo”.

Nueva táctica

El gobierno de Peña Nieto le planteó al de Obama el establecimiento de una estrategia llamada México en Paz, para combatir al narcotráfico y el crimen organizado.

El plan binacional, coordinado por Osorio Chong desde la Secretaría de Gobernación, según el documento, pretende un nuevo modelo de labores de espionaje por medio de la Coordinación Nacional de Fusión de Inteligencia. El Cisen había recibido la “oferta” de la CIA de formar “unidades veteadas” y de retomar los trabajos conjuntos para eliminar cultivos ilícitos.

En la estrategia México en Paz, la Sedena, la Secretaría de Marina (Semar), la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia y el Cisen tendrían mayor participación.

En el contexto del plan México en Paz se establecieron los cinco CRFI y fueron distribuidos de la siguiente manera: el primero en Sinaloa, bajo el mando de la Sedena; el segundo en Monterrey, bajo el mando de la Sedena; el tercero en Manzanillo, bajo el mando de la Semar; el cuarto en Toluca, bajo el mando de la Sedena; y el quinto en Coatzacoalcos, bajo el mando de la Semar.

“Cada coordinación regional dispondrá de subsedes en las entidades que conformen la zona de atención. Las estructuras se encontrarán desagregadas en tres componentes de acuerdo a sus funciones y ámbito de competencia: inteligencia (acopio y análisis), operación y ministerial”, agrega.

En el contexto de la asistencia económica, técnica y militar que el gobierno de Obama ofrecía a México vía la Iniciativa Mérida, Ímaz notificó a Brennan que incluso se estaba canalizando “la posibilidad de someter a personal mexicano seleccionado a los exámenes de control de confianza de Estados Unidos”.

El entonces director del Cisen, a cuatro meses de iniciado el sexenio peñanietista, le presumió a la CIA que en el combate a los cárteles del narcotráfico ya se había logrado “la captura de 41 objetivos y neutralizado a otros tres”, y que se trabajaba para “ampliar el conocimiento” sobre la operación de los grupos criminales.

El Cisen, además, solicitó a la CIA mayor cooperación de sus analistas para avanzar y retroalimentar los objetivos de la estrategia México en Paz.

Cerco al “Chapo”

Los documentos clasificados detallan que el Cisen actualizó a la CIA en 2013 sobre el “cerco técnico” a 244 objetivos de aproximación de los cárteles del Pacífico (Sinaloa), Zetas, Golfo, Juárez, Caballeros Templarios, Familia Michoacana y Jalisco Nueva Generación.

El reporte del Cisen detalla que los esfuerzos federales estuvieron concentrados en cuatro blancos: el primero era Joaquín El Chapo Guzmán. Las labores contra él comenzaron el 15 de mayo de 2012. “Se ha construido un cerco técnico sobre 159 objetivos de aproximación relacionados con los círculos familiar (19), negocios (140) y corrupción institucional (1) mediante 19 medidas judiciales con 172 teléfonos”.

El segundo blanco se refiere a Miguel Ángel Treviño Morales, Z-40. Los trabajos se iniciaron en mayo de 2012. “Se ha establecido un cerco técnico sobre 116 objetivos de aproximación relacionados con los círculos familiar (26) y negocios (90), mediante 42 medidas judiciales con 178 teléfonos”.

Contra Vicente Carrillo Fuentes, El Abuelo, los trabajos comenzaron el 30 de diciembre de 2011. “Se construyó un cerco técnico sobre 153 objetivos de aproximación relacionados con los círculos familiar (12), negocios (135) y corrupción institucional (6) mediante 42 medidas judiciales con 308 teléfonos.

El último blanco mencionado en el archivo clasificado es Enrique Plancarte Solís, El Kike. Los operativos en su contra comenzaron en mayo de 2012 y se expone que “la investigación de gabinete y campo permitieron construir un cerco técnico que consta de 35 objetivos de aproximación (cinco familiares y 30 de negocios) con 55 números telefónicos mediante 12 medidas judiciales”.

A su vez, Ímaz reconoció al gobierno estadunidense por haber “aportado información mediante el uso de tecnología de vanguardia y de bases de datos sobre cruces de blancos de aproximación hacia Estados Unidos, la movilidad de los hermanos Treviño Morales y los contactos del Cártel de Juárez en la Unión Americana”.

Según los expedientes, el espionaje telefónico contra jefes de los cárteles dio como resultado conocer las estructuras del Cártel del Poniente, que en 2103 estaba en proceso de desarticulación. A su vez se registra la “polémica” causada por el nivel de acceso de las agencias estadunidenses a investigaciones mexicanas y que pretendían una suerte de rendición de cuentas.

“Hay aceptación, pero eso limita su acceso a pocos casos. La presión continúa bajo el argumento estadunidense de que sus agencias no tendrían elementos para aumentar el número de casos en México. Actualmente el representante del gobierno de Estados Unidos (Clay Yarbrough) ha asumido las funciones de interlocutor ejecutivo y técnico. Las agencias mexicanas coincidieron en la necesidad de ampliar su representación de acuerdo a funciones definidas. La figura que plantea Estados Unidos sería de muy alto nivel en función de la estructura gubernamental mexicana. Para resolver el tema, ya se iniciaron encuentros sistemáticos con la participación de técnicos y usuarios”, concluyen los documentos clasificados. Este reportaje se publicó el 18 de agosto de 2019 en la edición 2233 de la revista Proceso