CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamó al Estado mexicano a “asegurar la independencia y autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)”, luego de que el nombramiento de su titular, Rosario Piedra Ibarra, motivó diversos cuestionamientos. En un comunicado, la ONU-DH describió la sucesión del ombudsman saliente, Luis Raúl González Pérez, como un proceso “marcado por un ambiente de polarización, dudas sobre el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de la candidata a quien se tomó protesta, y cuestionamientos respecto a si en la tercera votación se alcanzó la mayoría calificada que exige la Constitución”. El organismo reconoció la labor de la CNDH “en la promoción y protección de los derechos humanos y su valioso aporte en la construcción de una sociedad democrática y un estado de derecho”. Y apuntó que para realizar de manera “cabal” su función, la institución requiere “de plena independencia y legitimidad”, condiciones que nacen de un proceso de designación “particularmente escrupuloso, objetivo, transparente y certero, de forma tal que se evite cualquier tipo de cuestionamiento que afecte la legitimidad de la persona a quien se designa, de la institución cuya cabeza se nombra y de quien hace la elección respectiva”. Ante la crisis de derechos humanos en la que está México, resaltó, “la CNDH está llamada a ejercer un rol activo en la defensa de todos los derechos humanos sobre la base del principio de indivisibilidad e interdependencia de los mismos”. De acuerdo con la ONU-DH, el organismo debe guiarse por criterios en los que coloque a las víctimas en el “papel central” de cualquier “acción, medida o política que se adopte; el trabajo colaborativo con las organizaciones de la sociedad civil; la cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos y, sobre todo, el actuar autónomo e independiente”. De igual manera, recordó que en materia de organismos públicos de derechos humanos los Estados miembros de la ONU deben cumplir con los Principios de París, que fijan las características que deben tener estas instituciones nacionales, una de ellas la independencia. Para ello, detalló, existe el Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, “que examina y analiza el cumplimiento de los mencionados principios por la institución nacional de los derechos humanos de cada país”. Entre los aspectos revisados por el Subcomité se encuentra el proceso de designación, que es “uno de los aspectos más importantes que se revisan periódicamente”, apuntó la ONU-DH. En México, abundó, hay varios organismos autónomos que deben fortalecerse precisamente a través “de los procesos de designación de quienes ocupen sus puestos directivos u honoríficos, a efecto de que estén dotados de una plena legitimidad democrática”. En el número 2244 de la revista Proceso se dio a conocer que la nueva titular de la CNDH tendrá que dar cuenta de seis recomendaciones formuladas por el Subcomité de Acreditación (SCA), adscrito a la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), luego de que el organismo fuera sometido a revisión en noviembre de 2016. El SCA hizo observaciones sobre la destitución y el nombramiento del presidente o presidenta de la CNDH y recomendó que el organismo promueva modificaciones legislativas para que haya garantías de seguridad jurídica para los titulares, así como para que se estipule “un proceso que fomente la selección basada en los méritos y garantice el pluralismo para garantizar la independencia del personal directivo”, así como “la formalización de un proceso de selección y nombramiento transparente, incluido un proceso de consulta pública con organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil”. En el documento firmado por la jefa adjunta del SCA, Afarin Shahidzadeh, dirigido al entonces ombudsman Luis Raúl González Pérez, el 1 de diciembre de 2016, se hicieron recomendaciones sobre “el pluralismo en la composición de miembros y personal de la comisión”. En ese sentido, se alentó a continuar interactuando con organismos internacionales y definir el papel del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, establecido en la Ley General para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada en el 26 de junio de 2007. El SCA también hizo observaciones sobre “el número de recomendaciones emitidas por la CNDH, sustancialmente menor que el número de denuncias de violaciones a derechos humanos recibidas”, por lo que pidió al organismo “revisar sus procesos para asegurar que sus métodos de operación actuales no resulten en un fracaso para abordar violaciones sistemáticas de derechos humanos”.