De 621 edificios en el estado de Puebla afectados por los sismos de septiembre de 2017 –en su mayoría templos de los siglos XVI al XIX–, 380 siguen sin ser intervenidos. Mientras el Instituto Nacional de Antropología e Historia asegura que hay 88 restauraciones en proceso y 46 terminadas, se financiaron con dinero del Fonden, trabajadores consultados por Proceso afirman que éste ni siquiera arrancó. Para ellos, la estrategia oficial ha resultado un fracaso, generando malestar entre los pobladores, la Iglesia y medio centenar de empresas que no han sido liquidadas.
PUEBLA, Pue. (Proceso).- Entre adeudos a contratistas y obras suspendidas, así como reclamos por parte de la Iglesia y de las comunidades, la reconstrucción del patrimonio histórico dañado por los sismos de 2017 en Puebla, encabezada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), arroja escasos avances al cierre de 2019.
No obstante que funcionarios del instituto califican la restauración como un “reto sin precedentes”, sus propios peritos denuncian el fracaso de la estrategia y la falta de activación de los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), y de transparencia en la aplicación del seguro contratado con Banorte.
Según el gobierno estatal, de 621 edificios históricos que resultaron afectados –en su mayoría templos de los siglos XVI al XIX– sólo 241 han sido atendidos. En 121 de ellos ya se concluyeron los trabajos, pero 120 aún están en proceso, mientras que 380 inmuebles siguen sin ser intervenidos.
Estas cifras coinciden con las presentadas por la Arquidiócesis de Puebla al cumplirse dos años del terremoto del 19 de septiembre de 2017, por Francisco Vázquez Ramírez, encargado de la Dirección de Conservación de Bienes Culturales de dicho organismo, quien señala que el INAH no ha aplicado los recursos del Fonden.
El instituto asegura, por su parte, que desde 2018 hay 5 mil 775 millones 690 mil pesos del Fonden, autorizados para 1 252 acciones de restauración de patrimonio histórico en las 11 entidades que resultaron afectadas por los movimientos telúricos.
En el caso de Puebla, el INAH informó que 360 obras se pagarían con el seguro contratado con Banorte, 227 con el Fonden, tres de manera mixta (Fonden y seguro) y 31 con recursos de terceros.
Sin embargo, trabajadores del instituto confirman que al concluir 2019, en Puebla y en las otras entidades afectadas –a excepción de Oaxaca– la aplicación de este Fondo contra Desastres no arrancó. Aunque Salvador Camarena, coordinador operativo de la Oficina de Sismos del INAH, asegura que en esta entidad hay 88 restauraciones en proceso y 46 terminadas que se financiaron con dinero del Fonden.
Los peritos del instituto consultados eñalan que se trata de restauraciones que iniciaron a finales de 2017 y principios de 2018, bajo el acuerdo de que serían pagadas con dinero proveniente de la aseguradora, pero que al declararse agotada esa fuente de financiamiento, los directivos anunciaron que se transferirían y se pagarían con el Fonden. Pero, a la fecha, esas obras transferidas al Fondo no han sido pagadas.
Proceso confirmó la información con contratistas que hacían antesala en las oficinas del Centro INAH-Puebla, quienes aseguraron tener más de un año sin recibir el pago por trabajos ya realizados.
Asimismo, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Puebla, José Antonio Hernández González, manifiesta que el instituto debe dinero a alrededor de 50 empresas que participaron en la reconstrucción entre 2017 y 2018. Incluso, señala que hay empresas locales y foráneas que enfrentan problemas financieros por haber invertido en trabajos que, a la fecha, el INAH no ha resuelto cómo liquidará.
A esto se suma la situación en la cual han quedado obras en proceso que fueron transferidas, ya que la gran mayoría de ellas están abandonadas. Tanto en éstas, como en los inmuebles que aún siguen sin intervenir, los daños han aumentado.
Todo ello ha generado desesperación y enojo en los pueblos, muchos de ellos indígenas. Representantes de esas comunidades, acompañados por sus sacerdotes y autoridades laicas, han acudido a la dirección del INAH para reclamar la reactivación, pero al no encontrar respuesta han amenazado con el cierre de carreteras.
En entrevista, Salvador Camarena sostiene que el INAH hace “grandes esfuerzos” por cumplir con el programa de restauración –dado que, por su magnitud, se le considera un reto sin precedentes en la historia del país–; de ahí que convoque a la solidaridad y comprensión de empresarios, autoridades, comunidades, la Iglesia y medios de comunicación:
“Estamos comprometidos a terminar con la restauración de todos los edificios, y sobre todo con las comunidades porque no nos estamos refiriendo a las piedras, a las paredes que están ahí, sino a lo que significan para las comunidades, tenemos un gran compromiso con ellas.”
No obstante, para Rutilia Amigón, arquitecta restauradora del INAH, la situación que se ha vivido con los raquíticos avances durante 2019, obras suspendidas, adeudos con empresarios y otras situaciones que han retrasado los trabajos, es resultado del “caos y la improvisación” con la que los directivos han conducido el programa de restauración.
Afirma que las autoridades del instituto pretenden “tender una cortina de humo” para ocultar a la opinión pública y a sus superiores en la administración federal “el desorden y estancamiento del Programa Sismo” en los estados afectados.
[caption id="attachment_613668" align="alignnone" width="827"]
Templos destruidos. Foto: INAH[/caption]
La estrategia
En dos cartas abiertas, publicadas en los últimos meses, la arquitecta Amigón y la restauradora Elisa Ávila Rivera, denunciaron que la estrategia que instrumentó el director del INAH, Diego Prieto Hernández, para tratar de dar rumbo al programa de restauración, resultó un fracaso.
En un primer escrito, fechado el 28 de junio, Amigón, Ávila y la restauradora Olga Ramos Hernández pidieron a Prieto “evaluar a fondo” la estrategia iniciada en abril, la cual consistió en centralizar en las oficinas de la Ciudad de México la revisión de las propuestas técnicas y económicas de las restauraciones por emprender en las once entidades afectadas y que serían financiadas por el Fonden.
El proceso consistió en la revisión de los expedientes en sesiones programadas en la Dirección General, con personal contratado –ajeno a la institución–, que conformó una llamada “mesa-taller” y que, según las especialistas, carecía del perfil para conocer sobre costos y conceptos de intervención de edificios patrimoniales, lo que complicó empatar criterios.
En respuesta, Camarena sostiene que esta “mesa-taller” está a cargo exclusivamente de personal de las distintas áreas involucradas del propio instituto, pero los especialistas consultados insistieron en que la revisión de los expedientes fue coordinada por personal ajeno al INAH.
En su escrito, las peritos señalaron que estos constantes viajes a la Ciudad de México, muchos de ellos financiados con dinero propio, para revisar expedientes que aún aprobados tras “tortuosas” revisiones, no se subieron a la página del sistema de CompraNet, derivaron en que este año transcurriera en un “desgaste extremo” y de escasos avances.
Según la oficina de Sismos, de 227 intervenciones que se pagarán con el Fonden en esta entidad, el personal del Centro INAH Puebla presentó 40 solicitudes de proyectos de obra, pero reconoce que aún se encuentran en etapa de “análisis técnico y administrativo”, con el propósito de “garantizar que cumplan con las condiciones de economía, legalidad y factibilidad técnica”.
En el segundo escrito, fechado en octubre y firmado sólo por Amigón y Ávila, se señala que luego de seis meses de trabajo (de abril a octubre) con la llamada mesa-taller, se habían aprobado “numerosos” expedientes que corresponden a las 11 entidades, pero sólo dos (de Tlaxcala) habían ingresado a CompraNet.
Las especialistas informan igualmente sobre una “cuota económica” que las oficinas centrales impusieron a las entidades afectadas para pagar al personal de la mesa-taller. De la cobertura del seguro, que ascendió a 3 mil 500 millones de pesos por evento, los propios directivos del INAH reconocieron que el 5% –es decir 175 millones de pesos por cada uno de los dos sismos de 2017– se destina a la aseguradora para “gastos de operación”.
Los peritos del INAH consultados indican que parte importante de ellos se ha ejercido a través del “taller” que inició con un equipo de alrededor de ocho personas, pero que en los últimos meses sólo operaba con un especialista que hacía la revisión de los expedientes de restauración de los 11 estados. En entrevista, Amigón considera que a este ritmo sólo el proceso de revisión de expedientes podría llevar más de cinco años. Señalan las restauradoras en sus escritos:
“Entre tanto, nosotros, que estamos entre ustedes y las comunidades, continuamos con un raquítico apoyo de la institución, en contraste con las responsabilidades, sobrecarga de trabajo en constante aumento y riesgos a los que nos enfrentamos en campo. Desde el inicio, con frecuencia recibimos sólo instrucciones verbales, para encargos que involucran responsabilidades administrativas.
“Y transcurridos dos años, agotamos ya las respuestas que podríamos dar a la población cuando pregunta, desesperada, una fecha de probable inicio o reactivación de los trabajos en su templo o nos advierten que están cansados de esperar y actuarán por su cuenta.”
En este contexto, agregan que el riesgo es que se pierda patrimonio cultural y que surjan conflictos sociales, y el INAH acumulará “más descrédito”.
“…usted tendrá gran parte de la responsabilidad. Es penoso que insista en continuar al frente del INAH”, le señalan a Diego Prieto al pedirle que dé la cara y ofrezca una disculpa pública porque su trabajo “no ha estado a la altura de la institución que representa”.
Adeudos “desinteresados”
En el primer año del programa de reconstrucción, los trabajadores del INAH Puebla recibieron instrucciones “apremiantes” para que se arrancara el mayor número de obras posible –con prioridad en las que tenían daños menores para que se reflejara en cifras de resultados–. Esto se hizo sin proyecto e incluso sin contrato.
Los directivos del instituto sostienen que “de manera inmediata” se emitió un “Protocolo para la autorización de proyectos de restauración del patrimonio cultural dañado por los sismos”. Los supervisores de obra del instituto aseguran que este documento fue presentado hasta abril de 2018, pero les pidieron que lo firmaran con fecha de septiembre de 2017.
Las empresas que iniciaron entonces, 2017 y 2018, lo hicieron con la promesa de que se les pagaría con los recursos del seguro contratado con Banorte (Proceso, 2185). Esa informalidad con la cual se iniciaron las obras, estuvo acompañada de una falta de regulación total, lo que facilitó que algunos contratistas se quedaran con los trabajos de restauración de más de 20 templos.
Luego, cuando un número no precisado de trabajos estaba en proceso, el INAH informó a los contratistas que los recursos del seguro se habían agotado y que las obras pendientes de pago se cubrirían con recursos del Fonden.
Empresarios locales explicaron a este semanario que tales trabajos quedaron en una especie de “limbo”, pues mientras el INAH asegura que fueron transferidos para pagarles con el Fonden, en realidad se trata de obras que, por su avance, no pueden cumplir con la normativa impuesta por dicho fondo ni con el marco legal que aplica por tratarse de una obra pública.
El problema es entonces que el INAH debe resolver cómo licitar en CompraNet o contratar una obra que ya se hizo o está inconclusa. De modo que aún no está claro cómo se planea acceder a los recursos del Fonden para solventar los compromisos contraídos. Implica, asimismo, resolver cómo se retomarán las restauraciones que permanecen inacabadas.
Sin precisar montos, Camarena acepta el adeudo con contratistas y argumenta que se generó porque “ante la emergencia” derivada de los sismos, “a los trabajos de limpieza, protección y estabilización se incorporaron generosamente múltiples empresas constructoras y luego, con una profunda y desinteresada solidaridad, iniciaron los trabajos de restauración”.
Agrega que el INAH ha expresado su reconocimiento a estas empresas por su “aportación a la restauración de patrimonio”, y que ha mantenido un diálogo en búsqueda de soluciones con los organismos empresariales, bajo la promesa de que el instituto “cumplirá con todos los compromisos adquiridos”.
Otra problemática, según peritos entrevistados a condición del anonimato, es que las obras que ya se realizaron o que están siendo pagadas con dinero del seguro, carecen de la firma de un contrato y, por lo tanto, no cuentan con fianzas, ni garantías contra vicios ocultos sobre la calidad de los trabajos, lo que sería grave si las restauraciones ya hechas empiezan a tener problemas.
En abril de 2019, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) emitió una resolución que obliga al INAH a transparentar la información de contratos de las restauraciones ya concluidas.
Cuestionado sobre cuándo se cumplirá con esta orden, Salvador Camarena reconoce que el instituto no cuenta con contratos por las obras que se llevaron a cabo con el seguro:
“Nosotros no tenemos ningún contrato, sólo tenemos carácter normativo. Es una relación entre el seguro y el constructor por lo que no hay nada que decir al portal de transparencia”, justifica.
El 11 de noviembre pasado, Prieto estuvo en Puebla para una reunión en la que resolvería las dudas de los trabajadores acerca de cómo se destrabaría la problemática.
Este reportaje se publicó el 5 de enero de 2020 en la edición 2253 de la revista Proceso
