CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Cámara de Diputados aprobó promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una demanda de controversia constitucional contra el manual de remuneraciones del Instituto Nacional Electoral (INE), por considerar que afectó sus facultades exclusivas en materia presupuestal. La demanda, que se dirigirá al presidente de la SCJN, ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y estará rubricada por la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas Hernández, surgió de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) aprobado por el Pleno con 323 votos a favor, 26 en contra y 83 abstenciones. La Cámara baja solicitará al máximo tribunal del país que invalide el acuerdo de la Junta General Ejecutiva del INE relativo a sueldos y remuneraciones de sus funcionarios para el ejercicio fiscal 2020, que aprobó el 20 de diciembre de 2019. En dicho acuerdo, el INE aprobó el manual de remuneraciones para sus servidores públicos de mando, así como la autorización para publicar la estructura ocupacional en el Diario Oficial de la Federación, además de la actualización de los tabuladores de sueldos para el personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, para el personal de la rama administrativa, y el de remuneraciones para las contrataciones bajo el régimen de honorarios permanentes. De acuerdo con la demanda, el INE violó los artículos 49, 74, 75, 126, 127 y 133 de la Constitución Política, trasgresión que se traduce en la invasión de las facultades de la Cámara de Diputados para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 y para establecer las retribuciones de los servidores públicos. Señala que se impusieron “pagos, seguros, gratificaciones, estímulos, bonos compensaciones y gastos los servidores públicos del INE por encima del salario del presidente de la República, que se empleó como parámetro para establecer el límite máximo de las remuneraciones que pudieran percibir en relación con los demás servidores públicos”. El acuerdo avalado en la Jucopo fue avalado por los grupos parlamentarios de Morena y de los partidos del Trabajo y Encuentro Social (PES), y rechazado por las bancadas de oposición.