Impunidad garantizada

El gobierno de Estados Unidos decidió liberar este año 36 millones de dólares como parte de la Iniciativa Mérida (condicionados al abatimiento de los actos de impunidad del Ejército Mexicano), pero mantiene congelados otros 26 millones para 2011. Entre tanto, el Departamento de Estado documenta las numerosas violaciones a los derechos humanos que cometen las Fuerzas Armadas de México en la guerra contra el narcotráfico, la mayoría de las cuales permanece sin castigo.

 

WASHINGTON.- En la lucha desatada por Felipe Calderón contra el narcotráfico, el Ejército Mexicano presuntamente ha cometido más de 2 mil 500 violaciones a los derechos humanos, de las cuales sólo 40 son atendidas actualmente por los tribunales militares, según un informe del gobierno de Estados Unidos.

El reporte del Departamento de Estado –que se entregó al Congreso estadunidense– indica que los casos sometidos a cortes marciales son de soldados que asesinaron, violaron o torturaron y lo hicieron cuando estaban ebrios o drogados.

“De acuerdo con los datos más recientes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), actualmente 40 soldados se encuentran bajo proceso en tribunales militares por denuncias de violaciones a los derechos humanos que han tenido lugar durante el gobierno de Calderón”, destaca el documento titulado Reporte México-Iniciativa Mérida.

“Los casos bajo investigación no están disponibles para el público por determinación de las leyes mexicanas”, advierte el reporte, cuya elaboración y envío al Congreso tuvo como objeto notificarle que “se liberaban” 36 millones de dólares en el marco de la Iniciativa Mérida, como parte del apoyo de Estados Unidos a la guerra contra el narcotráfico.

Para “liberar” el dinero, el informe sostiene que, pese a las constantes denuncias de ciudadanos mexicanos, las Fuerzas Armadas están mejorando su labor para garantizar la defensa de los derechos humanos (Proceso 1767).

En el documento –del que este semanario tiene una copia–, el Departamento de Estado notifica al Congreso, por ejemplo, que 15 soldados y cuatro oficiales mexicanos están siendo procesados judicialmente ante un tribunal militar “por violencia” que resultó en “un homicidio” durante un “incidente” que tuvo lugar el 1 de junio de 2007 en Sinaloa de Leyva, en el estado de Sinaloa.

“Un destacamento de soldados que estaba apostado al lado de un camino en Sinaloa de Leyva, en el estado de Sinaloa, y que fueron reportados en estado de ebriedad y drogados, abrieron fuego contra una camioneta que transportaba a tres adultos y cinco niños, matando en el acto a una mujer y a una niña de tres años”, destaca el reporte.

El Departamento de Estado informa que el 10 de junio de 2007 un juez de la III Región Militar, en Mazatlán, ordenó el arresto de los 19 militares, que ahora están presos y en espera de juicio.

Los detenidos son el capitán Cándido Alday Arriaga; los tenientes José Alejandro Zavala García, Enrique Galindo Ávila y Saraín Díaz Vázquez; el sargento Arturo García Moreno y los soldados Juan Carlos Maldonado Ramírez, Antonio Castillo Martínez, Gustavo Castillo Ramírez, Benito Sánchez Girón, Ismael Ortega González, Eladio Pérez Arriaga, José Paulino Hernández, Francisco Vázquez Esparza, Guillermo Alejandro Velasco Mazariegos, Calixto García Hernández, Francisco Ramírez Jiménez, Argenis Camarillo de la Cruz, Héctor Jiménez Centeno y José Abad Vega Trujillo.

Muchos casos

 

Otros 14 soldados están detenidos en relación con otro incidente: el 26 de marzo de 2008 en Santiago de los Caballeros, también en Sinaloa, en un retén los militares presuntamente dispararon contra seis civiles, cuatro de los cuales murieron.

Los detenidos por este caso son el teniente Víctor Ruiz Martínez y los soldados Antonio Rojas Reyes, Jorge Jiménez Castañeda, Misael Solano Muñoz, José Francisco Balam May, Rubén Arellano Ramos, Juan José Camacho Vega, Nicolás Bautista Martínez, Leónides Cruz Torres, Omar Eliseo Alvarado Ruiz, José Raymundo Hernández González, Rodolfo Herrera Lara, Javier Enrique Vázquez y Patricio Uriarte López.

“Cinco soldados están siendo enjuiciados en relación con un incidente que ocurrió en Naco, Sonora, el 3 de agosto de 2007, cuando los militares detuvieron a tres individuos y sólo presentaron dos ante el Ministerio Público. El 14 de agosto siguiente el tercero fue encontrado muerto y su cuerpo tenía evidencias de haber sido golpeado de manera severa”, detalla el informe.

Los cinco procesados ante un tribunal militar son el teniente coronel Blas Rosendo Cisneros Gutiérrez, el teniente José Roberto Lagunas Huitrón y los soldados César Miguel Palomares, Luis Guadalupe García Olivo y Hernán Ochoa Pérez. Dos médicos militares están actualmente “bajo monitoreo” de un tribunal marcial por el caso de la muerte de Marcela Santiago Mauricio, el 1 de mayo de 2007, en una clínica del Ejército; la mujer pereció “debido a daños neurológicos”. El reporte del Departamento de Estado no da a conocer los nombres de los dos médicos.

Sobre otros incidentes de violaciones a los derechos humanos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas de México, el reporte del gobierno de Barack Obama informa que sólo “dos oficiales y cinco soldados” han sido declarados culpables y sentenciados por las leyes marciales.

“El coronel de infantería del Ejército Uriel Ríos Velázquez fue sentenciado a cuatro meses de prisión por obligar a un soldado a consumir alcohol, lo que dio como resultado la muerte del soldado debido a complicaciones médicas. Este caso ocurrió en marzo de 2005”, enlista el informe del Departamento de Estado.

El otro caso de acusaciones por violación de derechos humanos que concluyó en sentencias condenatorias es el de un teniente segundo y cinco soldados implicados en un incidente en Castaños, Coahuila, el 11 de julio de 2006. “Fueron sentenciados por el papel que jugaron en la violación de nueve mujeres y la golpiza propinada a seis policías en un centro nocturno de Castaños”, subraya el documento enviado al Capitolio por la dependencia a cargo de Hillary Clinton.

Sobre este caso en particular el gobierno de Obama enfatiza que la investigación fue realizada por autoridades militares y civiles en paralelo.

“Los tribunales militares declararon culpables (a los implicados) por abandonar su puesto y recibieron una sentencia de un año y medio a dos años de prisión. En octubre de 2007, una corte civil emitió una sentencia de hasta 41 años de cárcel para tres de los cinco soldados”, agrega el informe.

Los sentenciados por la justicia militar son el teniente Norberto Carlos Francisco Vargas, el sargento Juan José Gaytán Santiago y los soldados Ángel Antonio Hernández Niño, Norberto González Estrada, Omar Alejandro Rangel Fuentes y Fernando Adrián Madrid Guardiola.

No sólo militares

 

Respecto de otras denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas en la lucha contra el narcotráfico en este sexenio, el Departamento de Estado hace referencia a señalamientos dirigidos al personal de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

“De acuerdo con los más recientes reportes de la PGR, tres funcionarios fueron sentenciados en 2008 y uno en 2009 en relación con ofensas a los derechos humanos”, indica el documento. “Al momento de la entrega de este reporte (2 de septiembre de 2010), la embajada de Estados Unidos en México no había recibido los detalles de estos casos”.

Como condición impuesta por el Congreso de Estados Unidos al gobierno de Calderón, las dependencias federales mexicanas implicadas en la lucha contra el narcotráfico deben entregar al Departamento de Estado (por conducto de la embajada) los reportes y denuncias sobre violaciones a los derechos humanos si quieren evitar que se retenga 15% de los fondos comprometidos en la Iniciativa Mérida.

“Como fue reportado por la SSP, dos policías federales fueron sentenciados en conexión con un incidente que ocurrió el 27 de junio de 2007, cuando Santos Quiroz Espinosa fue detenido por la policía en Torreón, Coahuila, y durante su arresto fue objeto de la aplicación de fuerza excesiva, incluyendo quemaduras por toques eléctricos”, describe el informe estadunidense.

El 25 de febrero de 2009, un juez sentenció a un año y tres días de cárcel, “por abuso de autoridad”, a los policías federales Mauro Elorza Ruiz y Yimi Érick López Centeno, a quienes también se les aplicó una multa equivalente a un año de su salario.

El informe puntualiza que, durante 2008 y 2009, la Sedena sólo investigó cinco casos de presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en la guerra contra el narcotráfico. 

El reporte añade que sobre el personal de la Sedena pesan 2 mil 498 denuncias por violaciones a los garantías individuales, 916 por detenciones arbitrarias, 40 por tortura, 806 por incumplimiento de arrestos bajo los procedimientos legales para una detención y 736 por trato inhumano.

Pese a esto y a los pocos casos de investigación, proceso y sentencia de soldados bajo la jurisdicción militar mexicana, el gobierno de Barack Obama decidió liberar los 36 millones de dólares condicionados en la Iniciativa Mérida para este año, aunque ordenó congelar 26 millones más comprometidos para el próximo año (Proceso 1767).  l

 

 

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