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Sin voluntad política

El gobierno de Felipe Calderón carece de voluntad política para superar los problemas estructurales que hacen posible la violación de los derechos humanos en el país, afirma Rupert Knox, investigador para México de Amnistía Internacional. En entrevista con Proceso advierte: si no se deroga el fuero militar y se mantiene el uso político de la PGR, México no podrá romper “el ciclo vicioso” de la injusticia, el cual reproduce cotidianamente los abusos de los “poderosos” y la impunidad de que disfrutan. Por lo pronto desde el lunes 9  se encuentran en México los relatores especiales de la OEA, Catalina Botero, y de la ONU, Frank La Rue, invitados por el gobierno.

 

LONDRES.- A principios de este año Rupert Knox sostuvo un encuentro con funcionarios del Instituto Nacional de Migración en el piso decimoséptimo de la institución, en una sala desde la cual, recuerda, gozaba de una “maravillosa vista de la Ciudad de México”. 

Knox, quien desde hace 10 años es el investigador especializado en México de la organización Amnistía Internacional (AI), trabajaba en ese momento en un reporte –que se publicó en abril pasado– acerca de las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas mexicanas de seguridad contra inmigrantes extranjeros pobres.  

El investigador europeo comenta de 
aquella reunión: “Esos funcionarios decían estar comprometidos con la política migratoria y con el respeto de los derechos humanos. No lo dudo, ¿pero qué pasa cuando esos compromisos deben salir de las enormes oficinas gubernamentales para aplicarlas sobre el terreno? Pues que no hay mecanismos que garanticen su aplicación”.

En una extensa entrevista con Proceso, Knox consideró que el gobierno de Felipe Calderón carece de voluntad política para colocar el tema de la protección de los derechos humanos “al más alto nivel de Estado”.

Aunque reconoce que hay avances en los últimos 15 años, Knox es enfático en su diagnóstico del país en materia de derechos humanos: de no levantarse el fuero militar y de continuar el uso político de la Procuraduría General de la República (PGR), el gobierno de Calderón no podrá romper con lo que Knox califica como “el ciclo vicioso” de la injusticia mexicana.

 

Burocratismo

 

“México –señala Knox– es un país muy avanzado en su política de firmar y ratificar los tratados internacionales de derechos humanos. El desempeño de México en el Examen Periódico Universal del Comité de Derechos Humanos de la ONU fue muy abierto, un ejemplo para otros países. Lo mismo su Programa Nacional de Derechos Humanos. A nivel exterior México muestra un compromiso absoluto con los derechos humanos. Sin embargo, éste se diluye a un grado muy bajo cuando lo debe cumplir a escala local.”

Expone: “Existen rezagos y problemas estructurales que permiten las violaciones a los derechos humanos. Pero también existe en el gobierno mexicano la presunción de que la política para proteger tales derechos es algo que se puede asumir simplemente con posturas personales del presidente o de un secretario de Estado”.

Según Knox, “el gobierno no tiene propiamente una política enfocada en la materia y tampoco realiza la inversión política al más alto nivel de gobierno que permita lograr los cambios necesarios. Esa inversión implica que los funcionarios consideren el tema de los derechos humanos como un eje fundamental de su actuación, de tal modo que tales derechos puedan pasar del ordenamiento legal de los tratados internacionales a todos los niveles de la población”.

Knox –quien viajará a México en septiembre próximo– juzga “esencial la voluntad política para cambiar esas estructuras” que soportan las violaciones a las garantías individuales en México. Hasta ahora, acusa, dicha voluntad no existe.

Pone un ejemplo: “La Secretaría de Gobernación y organismos de la sociedad civil están debatiendo el contenido del que será el programa de protección de defensores de derechos humanos. El gobierno se ha comprometido a crearlo. La discusión lleva apenas seis meses y ya comenzó a burocratizarse: el gobierno dice que es un ‘programa’, que no puede ser un ‘plan’ porque eso contiene normas federales y lo que se necesita es un ‘mecanismo’.

“Si se sigue en ese camino –advierte el entrevistado–, no tenemos esperanza de que el mecanismo que establezca ese programa servirá más que otras instancias burocráticas: para superar la herencia de la ine­ficacia del Estado, hay que imponer una agenda eficaz y rápida, y esa agenda este gobierno no la ha mostrado.”

Abunda Knox: hasta antes de su sustitución como secretario de Gobernación, Gómez Mont “no estaba participando en las discusiones de ese programa. Los representantes de la PGR son de bajo nivel. Es un indicador de la importancia que el gobierno otorga a los derechos humanos. No se ve el compromiso de colocar la defensa de tales garantías a nivel de una política de Estado. No existe la voluntad política que se requiere para realizar los cambios”.

–¿Nota diferencia entre los gobiernos panistas y el antiguo régimen priista en la forma de abordar la temática de los derechos humanos?

–Ha habido grandes cambios. La ley de transparencia fue un avance tremendo si tomamos en cuenta que el Estado mexicano ha sido tradicionalmente opaco. En la época de los presidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo hubo claroscuros, pero hubo avances importantes como la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Con el PRI, la política de derechos humanos la manejaba la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE): la imagen en el exterior era lo que importaba. Hace 15 años la Secretaría de Gobernación era una institución distinta: era imposible que ella, a nivel de política interior, asumiera la política de derechos humanos, como se planteó con la ley de transparencia.

En ese sentido, señala Knox, “ha habido una evolución positiva”, pero actualmente “el país está en un proceso lento de marcar su nivel de compromiso con los derechos humanos”.

“La inversión política en la cuestión es algo que únicamente se percibe en los resultados, los cuales, hasta ahora, han sido decepcionantes. Hay un discurso gubernamental que es positivo, pero no se ve con claridad si éste va más allá y enfrenta los problemas para impulsar los cambios sustanciales necesarios”.

 

El factor militar

 

Al experto se le comenta que el gobierno de Calderón depende de las fuerzas de seguridad para enfrentar, por ejemplo, al narcotráfico. Se le pregunta entonces en qué medida puede controlarlas para que no cometan abusos a los derechos humanos.

Knox expone: “El problema más grave en México no es que un agente de seguridad o un militar cometa tales abusos, sino que las posibilidades de ser denunciados y llevados ante la justicia son muy escasas. Los mecanismos de rendición de cuentas a escala federal, estatal o municipal, deben garantizar una investigación imparcial para determinar responsabilidades: es el elemento fundamental para imponer un control sobre esas fuerzas. En ese sentido la jurisdicción militar continúa siendo un instrumento para perpetuar la impunidad de los soldados, puesto que no garantiza tal imparcialidad de las investigaciones en casos de violaciones a los derechos humanos.

–AI lleva años haciendo ese diagnóstico en sus informes, y las violaciones en México a los derechos humanos han aumentado por parte de policías y soldados…

–La razón es evidente: el despliegue mucho más amplio del Ejército en un contexto que el propio gobierno de Calderón llama ‘una guerra’. Su participación activa en funciones de seguridad pública contra el crimen organizado expone a los soldados a situaciones donde pueden cometer con más probabilidad esas violaciones. La pregunta es: ¿el aumento de las denuncias está ayudando a imponer un control civil de forma adecuada a los militares? La respuesta es que no.

La Secretaría de Gobernación “dijo que el gobierno va a presentar una iniciativa de reforma al código penal militar, en cumplimiento con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Radilla. Lo interesante es ver si se reformará el artículo 57 de dicho código, que impone el fuero militar a la justicia civil, o si se va a buscar una fórmula para evitar cumplir la obligación de que los militares sean juzgados por tribunales civiles en casos de violaciones a los derechos humanos”.

Pero el investigador advierte que tal reforma “tampoco garantiza la aplicación cabal de la justicia”.

Explica: “En un informe que publicamos en septiembre pasado, comprobamos que la PGR es cómplice de la impunidad imperante en el país. Concluimos que la PGR no investiga cuando puede investigar y deja un amplio espacio de maniobra a la justicia militar. Por tanto, es necesaria una actuación más comprometida de la PGR, que no vemos”.

Y advierte que sin ese compromiso por parte de la PGR y la aceptación del predominio del fuero civil por parte de los militares, la organización británica no espera una mejora del sistema de impartición de justicia en México.

Abunda Knox: “Éste seguirá siendo un instrumento para fabricar procesos policiales contra líderes sociales, presos de conciencia como en Guerrero, trabajadores como los del Sindicato Mexicano de Electricistas, mujeres de escasos recursos como Jacinta y Alberta en Querétaro, o activistas como en San Salvador Atenco. El sistema de justicia mexicano está al servicio de los poderosos y la manera en que funciona la PGR sigue siendo un obstáculo para lograr investigaciones imparciales que eviten lo anterior”.

Y agrega que en la “visión de guerra” del gobierno, “éste ignora otros factores, como la pobreza y la marginación, que de no atender a la par que el mero problema de seguridad, aumenta el peligro de que el crecimiento de la delincuencia sea una consecuencia de la falta de Estado”.

“Hay lugares de México –dice el activista de AI– donde hay también una ausencia de un Estado legítimo: es el caso de San Juan Copala, donde el estado oaxaqueño tolera al poder local y no garantiza el derecho a la vida. Por otro lado, entre la federación y el estado hay un gran espacio de impunidad, incapacidad y negligencia.”

Precisa: “La federación dice: ‘hay un deterioro de los derechos humanos pero sólo podemos coordinar esfuerzos’; mientras que los estados reclaman: ‘no tenemos ayuda ni un presupuesto como el de la federación’. Todos se lavan las manos y el problema queda en medio”.

Como experto de AI en la situación mexicana, Knox confiesa que “lo más difícil ha sido conseguir cualquier cambio en la jurisdicción militar”.

Comenta que en una reunión con el secretario de la Defensa del presidente Vicente Fox, Clemente Vega García –realizada en agosto de 2005–, éste le comentó que “todos los días, el Ejército cabildeaba para conservar su fuero”.

–¿Cómo argumentó la posición crítica de AI en su encuentro con el entonces secretario de Defensa?, se le pregunta a Knox.

–Le dijimos que “nosotros no estamos haciendo una crítica a la institución militar, simplemente el Estado tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos contra violaciones a sus derechos humanos. Ante las denuncias debe realizar investigaciones de forma imparcial. Si la sociedad ve que ustedes no tienen nada que esconder y están conformes con que los responsables de eventuales abusos sean llevados ante la justicia civil, esa es una ventaja para ustedes: implica un compromiso con la sociedad, ya que el Ejército estaría reconociendo realmente la obligación de controlar a sus elementos y de respetar los derechos humanos”.

–¿Qué respondió?

–No estuvo de acuerdo. En ese momento el número de denuncias contra el Ejército era muy bajo. Pero AI había hecho campaña por los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosenda Cantú, dos jóvenes indígenas tlapanecas que fueron violadas por militares en el estado de Guerrero, el 22 de marzo de 2002 y el 16 de febrero del mismo año, respectivamente. El secretario Vega García argumentó que las investigaciones militares sobre esos casos fueron imparciales. No aceptó la falta de eficacia ni de independencia. Tampoco tomó en cuenta la cuestión de la percepción pública. El Ejército no puede ser juez y parte de las averigüaciones.

–En su diagnóstico, ¿las Fuerzas Armadas son actualmente más receptivas a emprender una reforma que durante el sexenio de Vicente Fox?

–Es difícil saberlo. El Ejército Mexicano es uno de los más cerrados de América Latina. En Colombia, por ejemplo, AI ha mantenido, y mantiene, un diálogo con sus fuerzas armadas. Y lo mismo en otros países del continente. Pero en México se dificulta ese diálogo. La entrevista con el secretario Clemente Vega sólo fue posible porque Fox lo pidió, lo ordenó e insistió con él acerca de la importancia del encuentro. Pero desde entonces no hemos obtenido respuesta favorable a otras solicitudes que ha hecho AI. Esa cerrazón ha sido un obstáculo para que el Ejército Mexicano se integre más a sus obligaciones democráticas, así como al debate que se da en cualquier sociedad sobre cómo proteger mejor los derechos humanos.

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