“La justicia en México tiene precio”

Empecinamiento, burocratismo e indolencia, pero sobre todo injusticia, han colocado al Estado mexicano frente a un litigio más en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hasta esa instancia llegó el caso de dos campesinos ecologistas guerrerenses vejados por el Ejército y las autoridades judiciales de Guerrero. Uno de ellos habla para Proceso desde su exilio en algún lugar de Estados Unidos y asegura, sin contemplaciones: a cualquier nivel en México la justicia tiene precio…

 

COSTA OESTE, ESTADOS UNIDOS.- A unos días de su comparecencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el ambientalista guerrerense Rodolfo Montiel Flores prepara sus argumentos para demostrar que él y Teodoro Cabrera García fueron sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes cuando estaban detenidos y bajo custodia del Ejército Mexicano. También presentará pruebas de las anomalías durante el proceso penal que se les siguió.

La audiencia, que se realizará el jueves 26 y el viernes 27 en San José, Costa Rica, es resultado de la demanda interpuesta en junio de 2009 –caso 12.449– por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la Corte contra el Estado mexicano por las vejaciones de que fueron víctimas Montiel y Cabrera.

Entrevistado por Proceso en una ciudad de Estados Unidos en la que reside como asilado político desde 2006, Montiel asegura: “A los representantes del gobierno mexicano se les va a caer la casa”. Se muestra seguro de su causa e insiste en que sólo busca justicia.

Fundador de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), Montiel fue detenido el 2 de mayo de 1999, junto con Cabrera, por soldados de la XXXV Zona Militar. Estuvieron incomunicados varios días en el 40 Batallón de Infantería, en Ciudad Altamirano, Guerrero, donde los torturaron física y sicológicamente.

Se les fincaron cargos por portación de arma y producción de mariguana, delitos por los que fueron condenados a prisión: Montiel a seis años y Cabrera a 10. Ambos purgaban su sentencia en la cárcel de Iguala, Guerrero, cuando el 7 de noviembre de 2001 el presidente Vicente Fox ordenó que fueran liberados “por razones humanitarias”.

“Desde que salimos de la cárcel Teodoro y yo pensamos que sólo fuera de México íbamos a encontrar justicia. Llegó la hora de que se sepa la verdad; de que en México tanto jueces como magistrados, ministerios públicos, todo tipo de gobierno o autoridad tienen su precio y reciben línea”, acusa Montiel.

Mientras permanecían en prisión, Teodoro y él recibieron los premios Goldman, Chico Mendes y Sergio Méndez Arceo, y la medalla Roque Dalton. Los gobiernos de Ernesto Zedillo y de Vicente Fox, señala Montiel, actuaron con torpeza en su afán de perseguir a los defensores del medio ambiente.

“Fox supo bien de nuestra lucha y de lo que estábamos padeciendo; fuimos liberados por cuestiones humanitarias. Eso quiere decir que el presidente reconoció que hubo tortura, pero no fue capaz de declararnos inocentes, a lo mejor por miedo a los militares o a los caciques”, relata el ambientalista.

La tortura por miembros del Ejército y la falsificación de acusaciones contra Montiel y Cabrera fueron confirmadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la recomendación 8/2000 emitida el 14 de julio de 2000. El organismo pidió a la Secretaría de la Defensa Nacional que la Procuraduría de Justicia Militar investigara el asunto y sancionara a los responsables de los abusos, lo cual nunca ocurrió.

La CNDH señaló como presuntos torturadores al capitán Artemio Nazario Carballo, al sargento Calixto Rodríguez Salmerón y al cabo José C. Calderón Flabiano (Proceso 1241).

 

Debilidad presidencial

 

Fox, sostiene Montiel, fue incapaz de garantizarles seguridad a él y a Cabrera. “Unas semanas antes de salir de la cárcel fue a visitarnos uno de sus asesores de nombre Rodolfo (Lacy, colaborador de Víctor Lichtinger, entonces secretario de Medio Ambiente), y dijo que nos iban a dejar libres pero que una vez fuera de la cárcel nos fuéramos de Guerrero, pues a ese acuerdo llegó Fox con el gobernador René Juárez. Para mí que Fox estaba muy pobre de ideas y se dejó mangonear por el gobernador”, apunta el líder campesino.

El gobierno de Felipe Calderón, dice Montiel, tuvo la oportunidad de evitar que México fuera juzgado en un tribunal internacional “si hubiera hecho lo que tenía que hacer: declararnos inocentes y castigar a los culpables, sancionarlos y permitir que un juez independiente los condenara”, afirma.

Durante la conversación, Montiel se entristece al recordar a su primera abogada, Digna Ochoa, de cuya muerte el 19 de octubre de 2001 culpa al “Ejército y a los caciques”. Dice que no quiso mencionar este asunto cuando fue liberado “porque sentía que estaba en manos de los militares. Cuando me torturaron me dijeron que tenían ojos y oídos en todos lados, tenía miedo”.

Ese temor, plantea, lo obligó a guardar silencio acerca de una escena a partir de la cual se percató de que Ochoa estaba en la mira del Ejército.

“Lo llevo como un remordimiento en mi corazón. Sé que a la licenciada la mató el Ejército porque el día que nos careamos con militares el capitán Artemio Nazario Carballo me hizo señas de que me callara, porque si no, iba a matar a Digna”, cuenta.

Y añade: “Yo me sentía nervioso, estaba temblando. Tenía miedo de que le fuera a pasar algo a la licenciada, porque ella tenía que viajar de Iguala a la Ciudad de México. En un receso que hubo ella se me acercó y le dije lo que había pasado. Ella nomás me comentó que lo hubiera dicho cuando estábamos en el careo, que en ese momento ya no valía”.

Comenta que la muerte de Digna le causa dolor y remordimiento “porque no pude decirle esto que te acabo de contar a su hermano Jesús cuando estaba investigando la verdad. Quería advertirle: ‘No le busques, porque a lo mejor también te sucede algo malo’. Tenía miedo porque cuando salí de la cárcel no tenía ni casa para mi familia y yo sabía que los militares me estaban vigilando”, recuerda.

 

Acosado

 

El riesgo que corrían los ecologistas al salir de la cárcel era tal, que el gobierno de Fox les asignó una escolta que ellos rechazaron.

Durante seis meses, abunda Montiel, activistas de la organización Global Exchange lo protegieron y le dieron apoyo en el extranjero. “Despedí a mis escoltas de Global y mis abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) dijeron que era muy riesgoso; yo les dije que quería sentirme libre”.

De baja estatura, regordete y con un sombrero de palma que casi nunca se quita, Montiel recibe a la reportera con un champurrado y unos tamales, comprados en una tienda cercana al domicilio donde renta un cuarto que comparte con otro paisano, y por el que pagan 400 dólares mensuales.

Pide que no se mencione en qué ciudad vive. Tiene miedo. En junio de 2005, luego de un año de acoso y hostigamiento de militares y desconocidos, el ambientalista decidió emigrar a Estados Unidos, país que conocía por frecuentes visitas a universidades que lo invitaban a hablar sobre su lucha por los bosques.

En 2007, las amenazas llegaron al lugar donde se había refugiado, por lo que tuvo que huir de nuevo.

“Te estamos siguiendo los pasos de cerca, hijo de tu pinche madre”, dice Rodolfo que le gritaron por teléfono, momentos antes de acudir a una reunión de ambientalistas en San Francisco. “Ese día recibí tres llamadas iguales y se los dije a mis amigos en San Francisco y a mis abogados del Prodh. Decidimos que debía irme de donde estaba”.

Para permanecer legalmente en Estados Unidos Montiel contó con el apoyo de Víctor Menotti, del Foro Internacional sobre Globalización, a quien conoció desde que inició la lucha por los bosques en la sierra de Guerrero. Fue él, dice, quien lo puso en contacto con abogados para alcanzar su estatus de asilado político.

Sin más preparación que la primaria, para sobrevivir en Estados Unidos el ambientalista se ha desempeñado como jardinero, albañil, afanador en un casino y empacador de cebollas.

En este empleo trabaja entre 10 y 18 horas al día y gana entre 300 y 500 dólares a la semana, con lo que paga la parte que le corresponde de la renta de su cuartito, envía dinero a su esposa Ubalda y reserva un poco “para comprar comedera”.

Camina con lentitud, como robot, casi sin doblar las rodillas. Siente un hormigueo permanente en los muslos, y en la pierna y el pie derechos sólo tiene sensibilidad en el dedo gordo. “Es por los toques eléctricos”, explica.

Sin dinero para atenderse, Montiel ha sido auscultado por el doctor José Quiroga y la sicóloga Ana Deutch para documentar ante la Corte las secuelas que todavía padece por el martirio que sufrió a manos de militares hace 11 años.

Dice que le quedaron secuelas por la tortura infligida por los militares. Entre éstas destaca las siguientes: pérdida del olfato, disminución auditiva del lado izquierdo, ataques de tos, lesiones en un testículo, dolor constante en la ingle por las descargas eléctricas, daños en nervios de los brazos que le redujeron la fuerza de las manos y lesiones en dos discos de la columna vertebral, que lo obligan a dormir en el suelo.

“Creo que lo que querían era dejarme inválido”, apunta Rodolfo, quien admite que sicológicamente sigue dañado. “Prefiero no pensar en lo que pasó, porque me lleno de tristeza”.

 

“Vamos a llegar al fondo”

 

Montiel sostiene que en octubre de 2006, cuando acudió a la CIDH, en Washington, representantes del gobierno mexicano le ofrecieron llegar a un acuerdo amistoso para evitar una demanda ante el tribunal interamericano. Comenta que rechazó esa propuesta y rindió su testimonio.

“Si me desisto de todo a ellos les hubiera caído muy bien. Pero, ¿qué va a pasar? Yo estoy padeciendo y en cualquier rato me muero por mis males y ellos se quedan muy tranquilos. Los militares van a seguir torturando a más campesinos, porque cuando van a la sierra van a matar, a torturar, a violar. Todo lo malo que ha pasado es responsabilidad de los militares: pueden robar, pueden hacer secuestros, pueden matar y culpar a inocentes. Ya no quiero que siga pasando eso.”

De lo que ocurrió en la sierra de Petatlán luego de su exilio, Montiel reconoce que la organización que fundó se alejó de sus objetivos. “La Organización de Campesinos Ecologistas ahora la dirige una señora de nombre Eva (Alarcón), esposa de Pedro Rojas, líder del PRD. Yo no estoy conforme porque desde que se fundó la organización dijimos que no se debía mezclar con ningún partido, porque si el partido está mal, la organización también, y ahorita el PRD de Guerrero está muy mal”, precisa.

Alarcón es cercana al diputado federal Armando Ríos Pitter, delfín del gobernador Zeferino Torreblanca.

De ganar el caso en la Corte, Montiel pedirá a los jueces que gestionen ante el gobierno de México la creación de una escuela especializada en la conservación de bosques no sólo para la sierra de Petatlán, sino para todo el país. También la creación de un fideicomiso para la apertura de tiendas populares en las zonas boscosas, que vendan a precios bajos a los pobladores para que éstos ya no tengan necesidad ni pretexto para talar bosques.

Los representantes de Montiel y Cabrera, el Centro Prodh y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil, por su acrónimo en inglés), solicitarán a la Corte que se procese a los responsables de la tortura a los campesinos ecologistas en tribunales civiles, castigo a los responsables, reconocimiento de inocencia y una disculpa pública. También pedirán que se denomine “Campesinos Ecologistas de Guerrero” el Premio al Mérito Ecológico Categoría Social, otorgado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

A fin de que no se repitan situaciones de esta naturaleza, pedirán que se aplique una campaña de conscientización acerca del trabajo de los defensores de derechos humanos y del ambiente.

Para el campesino estar lejos de su país, de sus bosques y de su familia “es una humillación, porque no solamente nos han torturado, sino que han inventado miles y miles de mentiras para mantenernos, como quien dice, en el cautiverio”. Por eso, insiste Montiel, “vamos a llegar al fondo, vamos a pelear con las leyes, no con las armas, como el gobierno y los militares están puestos a hacerlo”. l

 

 

 

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