Las omisiones criminales de Ulises y Calderón

De nueva cuenta, la violencia larvada en la zona triqui estalló el sábado 21 con el asesinato de cuatro integrantes del Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente. Lo absurdo es que las advertencias ya estaban hechas. En informes entregados en julio pasado al Parlamento europeo, dos diputadas de esta instancia regional que viajaron a la zona del conflicto en Oaxaca dieron la voz de alarma: en cualquier momento –afirmaron– pueden desencadenarse más hechos violentos… Pero los gobiernos federal y estatal desestimaron las advertencias.

 

BRUSELAS.- El pasado 12 de julio la eurodiputada alemana Franziska Keller presentó al Parlamento Europeo un reporte acerca del viaje oficial que realizó a Oaxaca a comienzos de ese mes, en el cual advertía que la situación “terriblemente mala” que encontró en materia de derechos humanos en la región de San Juan Copala podía derivar en cualquier momento en una nueva escalada de la violencia, tal como sucedió.

El sábado 21 por la noche cuatro integrantes del Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente (MULTI) fueron asesinados cuando se disponían a acompañar a la ciudad de Oaxaca a un grupo de mujeres que participaría en una caravana hacia el Distrito Federal. Su propósito era denunciar la situación prevaleciente en el municipio autónomo de San Juan Copala.

El vocero de MULTI, Jorge Albino Ortiz, señaló que el ataque fue perpetrado por militantes de la organización Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), un grupo de corte paramilitar ligado al gobierno de Ulises Ruiz, quien dejará el cargo el 30 de noviembre.

En su informe, que también fue enviado al Parlamento alemán, Keller destacó que los recientes actos violentos en la región “no son casos aislados”, y podrían devenir en múltiples asesinatos.

 La eurodiputada estuvo en México del 30 de junio al 4 de julio de este año, acompañada por su colega finlandesa Satu Hassi. Ella elaboró su propio reporte que coincidió con las advertencias vertidas por Keller.

 En ese documento que la eurodiputada publicó en su página en internet el pasado 5 de julio, consideró “imposible que la situación de asedio contra el poblado de San Juan Copala pudiera continuar durante meses” sin consecuencias trágicas.

En su informe, Hassi consignó que el 1 de julio Keller y ella se entrevistaron en la Ciudad de México con representantes del gobierno federal, quienes les aseguraron que en San Juan Copala no había ninguna situación de emergencia. Prueba de ello, dijeron, era que las mujeres podían salir del pueblo para comprar comida. Además, los funcionarios aseguraron que la falta de energía eléctrica era un mito propalado por los mismos pobladores.

Las dos eurodiputadas viajaron a México para conocer el estado de las investigaciones en torno a los asesinatos –todavía impunes– del ecologista finlandés Jyri Jaakkola y de la activista mexicana Beatriz Cariño. Ambos cayeron en una emboscada de un grupo paramilitar el pasado 27 de abril cuando se dirigían a entregar víveres a la comunidad autónoma de San Juan Copala, cercada por la Ubisort.

En su reporte –al que este semanario tuvo acceso–, Keller indicó que el 2 de julio Hassi y ella se trasladaron del Distrito Federal a la ciudad de Oaxaca, donde se entrevistaron con más de 50 personas para recabar información de primera mano acerca de las graves violaciones a los derechos humanos que estaban sucediendo en la zona de conflicto triqui.

“La gente que había escapado de San Juan Copala –detalló Keller a los parlamentarios europeos– nos dijo que las condiciones de vida allá eran muy difíciles: rara vez hay electricidad, no tienen acceso al sistema de agua, no cuentan con atención médica ni con maestros, pues el pueblo está aislado.”

Y prosiguió: “Los grupos armados se instalaron en las colinas de los alrededores y desde ahí pueden controlar el poblado. Ya han disparado contra personas que se atrevieron a salir de sus casas”.

Keller afirmó que ella y Hassi se entrevistaron con algunas mujeres heridas de bala por los elementos paramilitares. El médico que las atendió –asegura la eurodiputada– determinó que las municiones con las que les dispararon “son expansivas y es posible que puedan ser de tipo dum-dum, prohibidas por las convenciones internacionales de guerra”.

 

La mano del gobierno

 

En su reporte, la legisladora finlandesa se refirió a la gran capacidad de fuego de la Ubisort, cuyos miembros están entrenados para disparar a grandes distancias sin fallar, como ocurrió cuando fueron emboscados Jaakkola y Cariño. Ello sugiere, apuntó, que ese grupo cuenta con el apoyo de Ulises Ruiz. Comentó que en Oaxaca se reunieron con víctimas de la violencia, así como con defensores de los derechos humanos en la sala de juntas del hotel. El gobernador y sus funcionarios no las atendieron, pues argumentaron que estaban muy ocupados en la preparación de las elecciones del 4 de julio.

Algunos sobrevivientes del ataque a la caravana de paz ocurrido el 27 de abril le comentaron a Hassi que desde ese día viven con miedo, pues hay individuos que los vigilan de manera permanente.

Las eurodiputadas documentaron en sus reportes el caso de un grupo de mujeres secuestradas por militantes de la Ubisort.

Narra Keller: “La comida es escasa en San Juan Copala. Como los habitantes no cuentan con ingresos, deben ser ayudados por familiares que viven en otros poblados. Algunos tienen derecho a apoyos estatales, pero deben recogerlos en otras localidades, lo que representa un gran peligro para las mujeres”.

El 14 de mayo pasado, 30 mujeres de San Juan Copala tuvieron que ir al poblado de Juxtlahuaca para recibir esas ayudas. Dos de ellas, explicó la eurodiputada alemana, permanecieron secuestradas durante varias horas, por lo que pidieron protección policiaca para regresar a sus casas.Las autoridades accedieron y les proporcionaron una escolta integrada por 300 elementos de seguridad; sin embargo, señalaron las mujeres, fueron conducidas a otro pueblo, Yosuyoxi. Cuando preguntaron por qué las llevaban a es lugar, uno de los policías les dijo que ellos sólo cumplían órdenes.

Desde ahí –le dijeron a la alemana– tuvieron que caminar a San Juan Copala. Cuando pasaban por Sabana, una localidad controlada por la Ubisort, fueron atacadas. La mayoría pudo huir, pero nueve de ellas fueron secuestradas por 15 hombres armados y permanecieron retenidas todo un día. Les arrebataron sus compras y el dinero.

Antes de viajar a Oaxaca, el 1 de julio, las eurodiputadas se reunieron en la Ciudad de México con Alejandro Negrín, director general de Derechos Humanos y Democracia, de la Secretaría de Relaciones Exteriores; con Carlos Garduño, director general adjunto de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, y con Marcela Mora, representante de la Procuraduría General de la República (PGR).

En el informe de Keller, ésta no ocultó su perplejidad ante los argumentos esgrimidos por los funcionarios mexicanos:

“Nos dijeron que ellos son conscientes de los problemas existentes en Oaxaca, y en México en general, en el terreno de los derechos humanos, pero que mediante una serie de programas y enmiendas constitucionales tratan de mejorar la situación.

 “Sin embargo, explicaron esos funcionarios, México es una república en la que los estados tienen mucho poder; éstos incluso disponen de sus propios sistemas jurídicos, por lo que el gobierno federal no puede intervenir fácilmente en ellos. Así, no sería competencia de éste garantizar la seguridad y los derechos humanos del pueblo de Oaxaca si no hay de por medio una invitación del gobierno local para que intervenga.”

El reporte añadió: “La PGR no sospecha de los grupos paramilitares y considera la emboscada como un ‘incidente aislado’. Para el gobierno federal la tensión en la zona se debe a conflictos internos entre las comunidades triquis. Es cierto que existen tres grupos en conflicto, pero los pobladores de San Juan Copala con los que hablamos nos dijeron que, en realidad, la causa del problema eran los intereses económicos y políticos”.

En las conclusiones de su documento Keller sostuvo: “Aunque el gobierno mexicano se presenta como sensible y comprometido con los derechos humanos, y ha firmado todos los acuerdos pertinentes más importantes de la Organización de las Naciones Unidas, falta que los aplique. El gobierno mexicano no se ve en condición de intervenir en Oaxaca. La población indígena es discriminada y privada de sus derechos, sin que el Estado intervenga ni garantice la seguridad pública”.

 

 

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