PANAMA PAPERS GANA PULITZER

El gran debate: derechos humanos o seguridad nacional

Los cambios al marco legal de los derechos humanos que se impulsan desde el Senado son “concesiones” a la izquierda y a la opinión pública para allanarle el paso a la reforma que de verdad les interesa al gobierno federal, al PAN y al PRI: una Ley de Seguridad Nacional que blinde al Ejército contra críticas y denuncias por su actuación en las calles. Algunos legisladores observan que, si se le quita a la Suprema Corte de Justicia su facultad investigadora para dársela a la CNDH, como se pretende, el máximo tribunal perderá una herramienta moral y la comisión se convertirá en un instrumento político.

 

A cambio de aprobar cambios en la Ley de Seguridad Nacional impulsados por el gobierno federal y que legitimarían la presencia del Ejército en las calles, los diputados panistas y priistas se muestran dispuestos a concretar una reforma en materia de derechos humanos operada desde el Senado, que ellos manejan como una “concesión” a grupos de izquierda y organizaciones civiles.

Estas modificaciones constitucionales convertirían a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en un instrumento político que, entre otras cosas, podría desplazar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en investigaciones tan controvertidas y políticamente importantes como la muerte de 49 niños de la guardería ABC, o casos similares a los de Aguas Blancas y Atenco.

Provenientes del Senado y frenadas el 28 de abril en la Cámara de Diputados, ambas reformas son el principal argumento para que se abra un periodo extraordinario de sesiones después del 4 de julio, cuando se elegirá gobernador en 11 estados. Sin embargo, legisladores de todos los partidos consultados por Proceso consideraron que si se genera un conflicto poselectoral en cualquier entidad –por ejemplo en Oaxaca o Puebla–, el periodo extraordinario quedaría cancelado y la discusión de ambas minutas se realizaría de todos modos en el siguiente periodo ordinario, de septiembre a diciembre.

En cuanto a los derechos humanos, desde el martes 8 los diputados reabrieron la discusión y, aunque oficialmente la minuta correspondiente no se ha sometido a debate, el PRI prevé discutirla con el secretario de la Defensa tan pronto concluyan los procesos electorales.

Legisladores priistas y petistas admitieron que llaman la atención sobre el tema de derechos humanos a sabiendas de que están encima las elecciones estatales. “Desde el Senado nos están presionando”, dicen diputados del Estado de México. Por cierto, el tema ha dividido a la fracción del PRI; los 45 legisladores mexiquenses, encabezados por Emilio Chuayffet Chemor y Alfonso Navarrete Prida, se oponen a los cambios impulsados por el coordinador de los senadores, Manlio Fabio Beltrones.

El pasado 28 de abril, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobaron en lo general la reforma en la materia, que implica la modificación de 11 artículos de la Carta Magna y cuyo propósito central es elevar estos derechos a rango constitucional. 

La propuesta elimina, en el artículo 97, la facultad que actualmente tiene la SCJN para investigar casos de “violación grave” a los derechos humanos –misma que ha ejercido en los casos de Aguas Blancas, la represión a manifestantes en Atenco o el desastre de la guardería ABC–, y en su artículo 102 traslada esa atribución a la CNDH. 

Este fue el punto de discordia. Después de cinco horas de debate, los diputados del PRI, respaldados por algunos petistas, se enfrentaron con los del PAN, lo que obligó a suspender la discusión. 

Emilio Chuayffet, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, coordinador de los 45 diputados mexiquenses de su partido –y quien vivió en 1997 los efectos políticos de la investigación que realizó la Corte sobre el asesinato de campesinos en Aguas Blancas, Guerrero–, se opuso a que el cambio sea aceptado tal como lo propone el Senado, pues la facultad en cuestión recaería en una sola persona. 

“Es de tal manera importante –explicó Chuayffet–, que si en la Corte eran los 11 ministros (quienes determinaron las responsabilidades de cada caso), aquí que sea el Consejo Consultivo (de la CNDH), porque si la comisión se va a volver autoridad, el consejo debe dejar de ser consultivo. Esa es una de las consecuencias de hacerlo autoridad.”

El también diputado mexiquense y priista, integrante de la Comisión de Derechos Humanos en San Lázaro, Alfonso Navarrete Prida, apuntó: 

“Lo que extraña del tema no es que la CNDH tendría ahora facultad investigadora, pues siempre la ha tenido. Lo grave es que le atribuyamos el carácter de autoridad y, por lo tanto, la subordinemos al Poder Judicial, cuando es una institución autónoma. Pero también es grave que le estemos dando facultades de autoridad investigadora; en términos de ley eso le corresponde sólo al Ministerio Público.”

Una de las consecuencias, detalló, es que la CNDH podría arraigar, intervenir comunicaciones privadas o pedir que se le presente algún individuo con la fuerza pública. Pero lo más grave, dijo, es que cualquier juez de distrito, con la autonomía que tiene, tendría control jurisdiccional sobre actos de la CNDH. “No sé si eso fortalece a la comisión”, enfatizó Navarrete Prida.

 

Control político

 

El diputado del PT e integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, Jaime Cárdenas Gracia, sostuvo que al retirarle esta facultad a la SCJN se motiva “que ésta pierda peso jurídico y político, pero además que se pierda el equilibrio de los poderes. Con esta iniciativa lo que se lograría es que la SCJN ya no va a poder ser el contrapeso contra los abusos de algunos gobernadores, como sucedió en el caso de Oaxaca, en el cual la Corte determinó que Ulises Ruiz violó los derechos humanos de los ciudadanos durante los enfrentamientos de mayo de 2006 y donde hubo muertos y heridos”.

Pero lo que juzga más peligroso es que con esta reforma se quiera “darle una herramienta política de control a la CNDH, pero también dársela al grupo político que controle a la comisión o a quien lo haya puesto”.

Amplía este punto: “Al recaer esta gran facultad en una sola persona, que es el presidente (de la comisión), lo hace susceptible de que actúe conforme al grupo político del que sea afín, o si no lo es, que pueda ser coptado o presionado por un grupo político. En la Corte existen por lo menos 11 ministros que son los que dirimen” los casos.

Cárdenas Gracia señala que esta iniciativa fue planeada desde el Senado para hacerle el juego al priista Manlio Fabio Beltrones. Algunos diputados del PRI, que pidieron el anonimato, coincidieron en que, de aprobarse la propuesta como está, prácticamente se le entregaría esta facultad al senador sonorense.

La afirmación se debe a que fue Beltrones quien propuso la reforma. En la exposición de motivos de la minuta se recuerda que el 23 de febrero de 2010 el senador sostuvo que la propia Corte solicitó el retiro de dicha facultad; además, otros senadores del PRI, afines a Beltrones, hicieron propuestas similares: Fernando Castro Trenti entregó su iniciativa el 21 de febrero de 2008 y Adolfo Toledo Infanzón lo hizo el 16 de julio de 2008.

En el dictamen de la Cámara de Diputados se añade: “En estas condiciones, el Senado sostiene en su dictamen que para consolidar a la Suprema Corte como un verdadero Tribunal Constitucional tendría que retirársele la facultad de investigación, además de que dicha conclusión es compartida por el propio Poder Judicial de la Federación, tal y como se establece en el Libro Blanco de 2006, página 402, de la reforma judicial”.

En la fecha señalada el presidente de la SCJN era Mariano Azuela, quien sugirió eliminar dicha facultad, lo que no fue aceptado por la mayoría de los magistrados. En esta ocasión, el mencionado Libro Blanco fue utilizado como argumento de Beltrones para transferir la atribución a la CNDH.

Otro indicio de que la intención de Beltrones era contar con una herramienta política es que el actual presidente de la comisión, Raúl Plascencia, fue nombrado gracias al apoyo que le dio el senador Fernando Castro Trenti, quien estuvo al frente de la elección.

El reportero Ricardo Ravelo relata cómo se llevó a cabo el nombramiento y la forma en que Daniel Romero Mejía, afín al expresidente municipal de Tijuana, el priista Jorge Hank Rhon, fue designado tercer visitador, mientras que a Jesús Velasco –otro excolaborador de Hank y amigo de Plascencia– se le asignó la Dirección Adjunta de Comunicación y Proyectos de la CNDH (Proceso 1727). 

“Romero Mejía tiene fama de coyote, gestor de negocios, y se distingue por ser habilidoso en el oscuro mundo del tráfico de influencias”, mientras que, cuando Jesús Velasco era subdelegado de Migración en el aeropuerto de Tijuana, “era ampliamente conocido cómo bajaban los aviones en esa terminal aérea cargados de indocumentados”, escribe Ravelo. En el reportaje también se documenta la cercanía del expresidente municipal de Tijuana y dueño de las casas de apuestas Agua Caliente, Hank Rhon, con el senador Castro Trenti.

A su vez, Susana Thalía Pedroza de la Llave, exvisitadora de la CNDH que también compitió por la presidencia de la comisión, dice en entrevista que está en contra de que la facultad investigadora se le quite a la Corte y se traslade a la CNDH, ya que ésta no es un órgano jurisdiccional ni juez ni Ministerio Público, y considera más conveniente fortalecer la facultad investigadora de la Corte, “pues hemos visto que funciona, y funciona bien”.

También ve el riesgo de que tal facultad se politice al recaer en una sola persona, el presidente de la comisión, y aclara que la CNDH siempre ha investigado. Así lo hizo en el caso de los disturbios de Atenco y ella misma encabezó la indagación.

“En la Corte estos casos se ven de manera colegiada, y si pasa a la CNDH lo haría una sola persona; sería una facultad muy discrecional. Yo siempre he pensado que este tipo de responsabilidades deben recaer en un órgano colegiado”, abunda Pedroza, que labora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM: 

Al comentarle que el diputado Chuayffet presentó como una opción que esta facultad pueda recaer, no en el presidente de la CNDH sino en su órgano consultivo, la exvisitadora tampoco está de acuerdo porque dichos consejeros no son abogados, y tampoco podría recaer en los visitadores, porque ellos están sujetos al presidente de la comisión. En suma, agrega, “no se le debe quitar a un Poder una facultad y trasladarla a un órgano autónomo”, porque son de naturaleza distinta. 

 

Eliminar al vigía

 

Para Porfirio Muñoz Ledo, uno de los promotores de la creación de la CNDH y actual diputado del PT, esta propuesta de reforma se debe a que el gobierno no quiere que exista “alguien que lo controle”.

Denunció que en la Cámara de Diputados se pretende “vender” una gran reforma en materia de derechos humanos, una reforma en materia de derechos infantiles y equidad de género, a cambio de que los diputados aprueben la Ley de Seguridad Nacional para que se legalice la actuación del Ejército en las calles.

“Es una operación del PAN, consentida por el PRI pensando que va a ser gobierno; y al PRD le está pasando de noche en el Senado”, dice, y trae a colación que en 2007 él, con Diego Valadez y varios especialistas elaboraron 94 propuestas sobre derechos humanos, pero éstas nunca se discutieron en el Congreso. En cambio, hoy, el Senado agrega otros elementos “porque nos están mandando una Ley de Seguridad Nacional conformatoria o preparatoria de un estado de sitio, entonces tienen que regalar caramelos para todos lados, ganar la opinión pública y ganar incluso a muchas ONG que están presionando”.

Muñoz Ledo califica como “inaceptable” la minuta del Senado: “Es un atraco a la Constitución, porque la están usando para sus grillas. La utilizan como un trapo de engaño a la sociedad, como un trapo viejo. Van a meter un gol histórico con dos regalos demagógicos: la reforma de derechos humanos y la de equidad y género”.

Ratifica que la CNDH siempre ha tenido la facultad investigadora, de modo que la oferta del Senado no es nueva; en cambio, sí se debilitaría a la Corte.

–¿Se pretende hacer a un lado las investigaciones de la Corte? –Se le pregunta a Muñoz Ledo.

–¡Claro! Estamos ahora entre los que tienen el poder y los que quieren tenerlo. No quieren que exista alguien que los controle. 

Afirma que, si de verdad se quiere fortalecer a la CNDH, se deben tomar en cuenta otros aspectos, como los que el pasado 1 de junio envió él a la Comisión Permanente. Se trata, en primer término, de que al presidente de la comisión lo nombre un consejo directivo, como sucede con el rector de la UNAM, pero lo más importante es darle “dientes” al órgano autónomo. 

Para ello, Muñoz Ledo propone que, primero, cuando haya violaciones graves de los derechos humanos, la comisión tenga la facultad de pedirle a la SCJN que investigue; segundo, que la comisión emita una resolución y, si el funcionario no la acata, se inicie el juicio restitutorio de garantía; y, finalmente, si aún así no se acata dicha resolución, que la CNDH pueda entablar un juicio político.

“Esa es una verdadera CNDH, esos sí son dientes para la comisión. Lo que le dieron son dientes de risa loca: si un funcionario no cumple, va al Senado, dice por qué no acató la resolución y luego se va a su casa a tomarse unos tequilas y a reírse de los legisladores. ¿Ustedes creen que el PRI y el PAN van a querer una comisión así, que esté arriba de ellos? ¡Claro que no, hombre!”

El diputado del PT advierte que se trata de engañar a la sociedad diciendo que es una reforma de avanzada, y se intenta convencer a la oposición al incluir los derechos laborales como tema de la CNDH, pero lo único que se busca es aprobar a cambio la Ley de Seguridad Nacional.

Además, observa, “lo quieren hacer en un periodo extraordinario. Esto es un golpe de Estado militar, aceptado por el Congreso, enmarcado en la debilidad de Calderón por la ambición voraz del PRI… El Congreso debe defenderse con las uñas en contra de un asalto silencioso del Ejército”.

Otros temas de la iniciativa senatorial han sido cuestionados por legisladores de la oposición, incluidos los priistas, como es el anular de la propuesta el derecho pro persona, es decir, de aquél que le da preferencia a la aplicación de la ley, sea nacional o internacional, que salvaguarde mejor los derechos humanos de las víctimas. 

 

 

Comentarios