Mimada con obras y apoyo no siempre legal por el gobierno de Salinas de Gortari, el corporativo Gutsa ?de Juan Diego Gutiérrez Cortina? conservó el trato preferente durante el zedillismo y el foxismo Dado el historial de la constructora, documentado por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, estas ventajas no se deben a su eficiencia, sino al influjo de un grupo de funcionarios que han conservado el mando de las finanzas públicas en los tres sexenios Aunque la constructora Gutsa, propiedad de Juan Diego Gutiérrez Cortina, ha sido una de las empresas más cuestionadas por incumplimiento de contratos y la baja calidad de sus obras, recibió un trato privilegiado durante el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari y obtuvo millonarios contratos en las administraciones de Ernesto Zedillo y Vicente Fox Ahora, legisladores de los tres principales partidos políticos la acusan de ocasionar daño patrimonial a la nación Gutsa forma parte de la lista de empresas que fueron rescatadas mediante el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y está acusada por un particular de apoderarse "ilegalmente" del World Trade Center (WTC) Así mismo, se vio involucrada en las obras de desastrosos proyectos foxistas como la megabiblioteca José Vasconcelos y la segunda terminal (T2) del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Además, auspicia el Centro de Estudios, Biblioteca y Museo Vicente Fox Pero sólo a partir de que la constructora incumplió dos contratos que se le otorgaron en 2003 para el mantenimiento de la autopista México-Acapulco, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) está analizando si le cancela los contratos de manera definitiva Diputados exigieron que a Gutsa se le finquen responsabilidades para resarcir los daños y que se le inhabilite para llevar a cabo obras públicas Con la élite salinista Los cuestionamientos a Juan Diego Gutiérrez Cortina se remontan a 1998 Según un informe del Subcomité de Recuperación de Cartera del Fobaproa, Gutsa formó parte de las 745 empresas y personas calificados por el Fobaproa como uno de los "asuntos que originaron flujos en los Programas de Compra de Cartera" La información sobre el Fobaproa ?incluida la relativa a Gutsa? fue entregada a la Comisión para Investigar el Funcionamiento del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) ?que sucedió al Fobaproa? presidida por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar en la LVII Legislatura El 20 de mayo de 1997, en la segunda sesión del Subcomité de Recuperación de Cartera, se atendió uno de los casos en que Gutiérrez Cortina fue rescatado por el Fobaproa: la pugna de Gutsa con la empresa Escala Internacional, a la que el propio Subcomité decidió entregarle 72 millones de dólares para que concluyera los estacionamientos del WTC La historia de las maniobras de los propietarios de Gutsa para apoderarse del centro de negocios fue detallada por el reportero Antonio Jáquez en la edición 113 de Proceso: Casi a la media noche del 15 de julio de 1998, Francisco de Paula León, uno de los socios originales del WTC (con Alfredo Suárez Ruiz), demandó por la vía civil a funcionarios federales de las administraciones salinista y zedillista ?sobre todo José Córdoba Montoya, Carlos Ruiz Sacristán y Guillermo Ortiz? por otorgarle privilegios al poderoso grupo Gutsa y desplazar, mediante "presiones y violencia", a los socios originales De Paula León recapituló: siete años antes, el 14 de junio de 1991, Ortiz era secretario de Hacienda y citó a los socios originales del WTC en su despacho Ahí les informó que el gobierno federal había cancelado el contrato para la compra de acciones de su empresa, Escala Internacional, misma que, en cambio, realizaría la transacción con una empresa privada (Gutsa), por un monto máximo de 5 millones de dólares Al oponerse De Paula a esa medida, Ortiz los citó para el día siguiente, a "la reunión final" Cuando el socio del WTC llegó, acompañado de su abogado Arsenio Farell Campa, ambos se percataron de que Ortiz sostenía una conversación telefónica "Aquí está este hijo de la chingada de Francisco de Paula León, Trataré de intimidarlo para llegar a un acuerdo?", habría dicho el secretario de Hacienda a su interlocutor Farell Campa entró al privado de Ortiz e interrumpió su conversación para decirle que lo habían escuchado Al final, De Paula fue "obligado a venderle a Gutsa" En la demanda de 1998, De Paula señala que Gutsa no cubrió los créditos de Bancomext, del Banco Mexicano Somex ni de Banamex, por lo que esas deudas fueron absorbidas por el Fobaproa, "causando un grave perjuicio a las finanzas públicas" La demanda del empresario De Paula León llama la atención sobre el hecho de que Gutsa declaró al Fobaproa que había comprado el proyecto en 189 millones de dólares, cuando a los socios de Escala sólo les pagó 5 millones En entrevista, Francisco de Paula explica que después de nueve años de juicio perdió en segunda instancia Cuando Ortiz se enteró del fallo, inmediatamente promovió un incidente en el que pide a De Paula el pago de 1001 millones de dólares por daños y perjuicios En vista de esto y de que el Juzgado de Segunda Instancia no tomó en cuenta 67 pruebas contundentes a su favor, De Paula promovió el pasado 21 de mayo un recurso de queja ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil Por su parte, la familia de su socio Alfredo Suárez Ruiz presentó en enero de 2000 una demanda mercantil por el despojo del WTC, y en octubre interpusieron ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal una denuncia penal contra los funcionarios salinistas Pedro Aspe Armella, entonces secretario de Hacienda; Guillermo Ortiz (subsecretario de Hacienda), Francisco Gil Díaz (subsecretario de Ingresos) y Carlos Ruiz Sacristán (subsecretario de Egresos); Enrique Vilatela Riva, director de Bancomext, igual que contra los socios de Gutsa: los hermanos Gutiérrez Cortina, Juan Diego, Pablo, Alonso y Cosco En su denuncia, la familia Suárez Ruiz refiere que el 24 de mayo de 1992 el subsecretario Gil Díaz los obligó a firmar un convenio para ceder a título gratuito sus derechos sobre el WTC, después de "secuestrarlos" tres días en las oficinas de la Secretaría de Hacienda En el mismo documento Alfredo Suárez asegura que dos hermanas de Juan Diego Gutiérrez Cortina están casadas con un tío y con un hermano de Pedro Aspe, de quien dependían Guillermo Ortiz y Gil Díaz en los años del despojo Además de Gutsa, otra empresa de los Gutiérrez Cortina fue rescatada por el Fobaproa: Desarrollo Inmobiliario Vía (Divisa), debido a un adeudo con Bancen por 787 millones de pesos Con intereses moratorios, el monto ascendió a 11437 millones, según revela el acta que el Subcomité del Fobaproa entregó al diputado Ramírez Cuéllar Los accionistas de Divisa, de acuerdo con el mencionado Subcomité, son Gutsa Inmobiliaria (996%), Juan Diego Gutiérrez Cortina (01%), Antonio Gutiérrez Prieto (01%), Antonio Gutiérrez Cortina (01%) y Lucio Pablo Gutiérrez Cortina (01%) En el mismo documento se indica que el subcomité autorizó también el rescate del Grupo Acción, que encabeza Antonio Gutiérrez Cortina, hermano de Juan Diego En el Consejo de Administración de esa empresa participan, entre otros, Pablo Escandón Cusi, Antonio Madero Bracho (miembro de la Comisión de Financiamiento del PRI para la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari), Alejandro Martí García, Dionisio González García y José Antonio Patrón Castro El tema del Grupo Acción fue agendado por el Subcomité de Recuperación de Cartera del Fobaproa a partir de las sesiones 11 y 12, correspondientes al 12 y al 26 de agosto de 1997, respectivamente La propuesta fue "pagar el crédito que se tiene (que tenía Grupo Acción) con Banco Santander Mexicano por 75 millones de pesos, con un descuento de 38%" Agrega el subcomité: "Consideramos más conveniente recibir un pago en efectivo, otorgando un descuento, en vez de reestructurar a un plazo de 12 años, corriendo el riesgo de que el crédito tenga problemas (no pago) a futuro Así, en este caso, la suma absorbida por el Fobaproa fue de 225 millones de pesos, correspondiente a 30% de descuento sobre la deuda total" Arropados por Fox El pasado 20 de marzo se registró otro escándalo que implicó a Gutsa: después de detectarse múltiples anomalías en su construcción y en su funcionamiento, la llamada megabiblioteca José Vasconcelos fue cerrada ("temporalmente") antes de que transcurriera un año desde su apertura, "debido a que la cimentación del edificio presentaba una complicación" (Proceso 1585) Sari Bermúdez, amiga de Marta Sahagún de Fox y directora del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, apareció como la responsable de que el costo de esta obra se elevara de mil millones de pesos a 2 mil 200 millones Según consta en el libro blanco del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE), entregado al reportero Jenaro Villamil, Gutsa Infraestructura se encargó de construir la primera etapa del edificio "A" de la megabiblioteca, bajo el contrato 77-001/04, por 97 millones 829 mil 800 pesos y fechado el 1 de diciembre de 2004 Un segundo contrato, por 4 millones 297 mil 287 pesos, se firmó el 24 de febrero de 2006 y fue para la construcción de paraguas en los edificios H e I de la misma institución Otra de las obras cuestionadas del gobierno foxista es la edificación de la terminal para vuelos internacionales (T2) del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), debido a que costó 400 millones de dólares y su vida útil será de sólo siete años, no de 50, como había anunciado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes La revisión de la cuenta pública 2005 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que la construcción de los edificios de la T2 registra numerosas omisiones y actos irregulares (Proceso 1589) El contrato para esta obra, por 519 millones 523 mil 800 pesos, fue adjudicado en noviembre de 2005 a Administradora Gutsa y Gutsa Infraestructura Ambas empresas se comprometieron a concluir los trabajos en septiembre de 2006, pero solicitaron una prórroga para enero de 2007, que también incumplieron Entre las irregularidades del proyecto del AICM, es que la construcción se llevó a cabo sin evaluar el impacto por el probable incremento de los niveles de ruido por la construcción y operación de la T2 y sus vías de acceso Además, Gutsa inició los trabajos sin contar con la manifestación de impacto ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ni con el dictamen de impacto urbano Por su parte, Gutsa apoya al ahora expresidente Fox Apenas el pasado 2 de agosto, la página web del diario AM (amcom), documentó que según la Dirección de Registros Públicos y Notarías, el Centro de Estudios, Biblioteca y Museo Vicente Fox fue constituido como asociación civil el 3 de noviembre de 2006, días antes de que concluyera el mandato presidencial, por 45 asociados, entre ellos Juan Diego Gutiérrez Cortina, de Gutsa Éste no va solo; lo acompañan los empresarios Federico Sada, del Grupo Vitro; Lorenzo Zambrano, de Cemex; Olegario Vázquez Raña, de Grupo Ángeles; Roberto Hernández, presidente del Consejo de Administración de Banamex; Bernardo Gómez Martínez, vicepresidente de Televisa; Ricardo Salinas Pliego, de TV Azteca, y por su puesto el hombre más rico del mundo, Carlos Slim Los caminos del dinero En 2002, la Auditoría Superior de la Federación detectó un adeudo de Gutsa Construcciones con Capufe por 1 millón 933 mil 400 pesos, que se refiere a los anticipos no amortizados que se le dieron a la empresa al amparo de los contratos 99091/98, 99092/98 y 99024/99; los dos primeros del 5 de octubre de 1988 y el tercero del 8 de abril de 1999 En ese entonces estaba al frente de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) el priista Gustavo Carvajal Moreno Según la ASF, los anticipos no autorizados corresponden a febrero, marzo y abril de 1999, quedando pendientes de amortizar 492 mil 400 pesos del contrato 99091/98; 639 mil pesos del segundo contrato mencionado, y 10 millones 802 mil pesos del tercero El 3 de septiembre de 2001, Capufe reclamó a Fianzas Monterrey Atenía y al Grupo Financiero Bancomer las garantías de los anticipos otorgados en dichos contratos Sin embargo, dos meses después la Dirección Jurídica de Capufe recibió un escrito de Fianzas Monterrey y del Grupo Financiero Bancomer en el que señalan que su cliente, Gutsa, "se opone al pago por considerar que el adeudo que se le reclama como anticipo pendiente de amortizar ya ha quedado liquidado" "No es posible acceder al pago de dichas fianzas debido a que existen incumplimientos por parte de Capufe", agregan las afianzadoras de Gutsa, sin especificar a qué incumplimientos se refieren No obstante ese comportamiento, Gutsa dejó su huella en la llamada Autopista del Sol, que presenta fallas de construcción y deterioro de la cinta asfáltica El año pasado, después de auditar a Capufe, el Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública reveló la discrecionalidad en la asignación de contratos para reparación y mantenimiento de la autopista durante los sexenios de Salinas, Zedillo y Fox Esa auditoría revela que, en el sexenio de Fox, Capufe otorgó a Gutsa Infraestructura y Caminos y Pavimentos del Sur licitaciones por cerca de 600 millones de pesos, sin que cumplieran los requisitos establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, ni los plazos acordados para la ejecución, conclusión y entrega de aquellas obras A pesar de estas irregularidades, Gutsa reclamó y obtuvo la autorización oficial para que Capufe la indemnizara con más de 100 millones de pesos por supuestas horas muertas, acumuladas debido a "condiciones imprevisibles" en los trabajos que realizaba en la autopista Esta maniobra fue descubierta en junio pasado por el Banco Nacional de Obras (Banobras), responsable de administrar la Autopista del Sol a través del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC) Resulta que Capufe asumió la supuesta responsabilidad por los retrasos y autorizó el pago de la indemnización por medio de dos convenios conciliatorios derivados de los contratos 161-226/03MF209-6108 (por 39 millones 706 mil 91 pesos) y 148-228/03MF209-6108 (por 60 millones 608 mil 664 pesos), suscritos el 11 de octubre de 2005 con Gutsa ante la Secretaría de la Función Pública En el expediente DE000008/2006-21, Banobras establece que las cantidades reclamadas por Gutsa y extrañamente avaladas por la paraestatal "se generaron por causas imputables a Gutsa y/o Capufe, por lo que, en su caso, no debería cubrirse ese pago con cargo a los recursos del FARAC, hechos que pueden constituir responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados en la firma de los convenios" (Proceso 1558) Tan sólo de 2005 a la fecha, las malas condiciones de la Autopista del Sol han provocado 506 accidentes automovilísticos, con 89 personas muertas y 577 lesionadas, según denunciaron diputados federales Junto con los legisladores Moisés Alcalde, del PAN, y Jesús Ramírez Stabros, del PRI, el 26 de julio el diputado perredista Humberto Zazueta acusó a Gutsa ante medios de comunicación de haber incumplido el contrato para la autopista y de abandonar los trabajos de reconstrucción de la misma, ocasionando pérdidas por 20 millones de pesos en 2006 Después, el 26 de julio, los diputados perredistas pidieron información sobre las auditorías que la SFP efectúa a la SCT y Capufe, y propuso un punto de acuerdo para exhortar a que la primera dependencia informe sobre el inicio del proceso para inhabilitar a Gutsa Infraestructura y cancelar en definitiva su licencia para construir cualquier tipo de obra pública También exhortaron a la SFP para que informe sobre el fincamiento de responsabilidades resarcitorias por las irregularidades detectadas en todas las obras en que ha intervenido Gutsa Por lo pronto, en su página en internet, la empresa de los Gutiérrez Cortina presume cerca de 100 contratos de obra de carácter federal, estatal y privado que se le han asignado en 19 estados del país