GUERRA DE ALTA INTENSIDAD

A más de 100 días de haber estallado el escándalo de los videos de la corrupción que involucran al empresario Carlos Ahumada, Gustavo Ponce, René Bejarano y Carlos Ímaz, las relaciones entre el presidente Vicente Fox y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, continúan descomponiéndose dentro de la misma espiral de acusaciones mutuas
Desde el inicio de este conflicto político -el 1 de marzo, con la difusión del primer video-, los papeles y las estrategias que adoptaron los dos mandatarios han sufrido cambios Atrás quedó el lema de “amor y paz” que, en los primeros días de 2003, enarboló el jefe de Gobierno respecto de sus diferencias con el presidente, cuando juntos dieron el banderazo de salida para el proyecto de rescate del Centro Histórico de la Ciudad de México
Ahora, en el caso del jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien se encuentra acorralado por las denuncias judiciales sobre el caso de El Encino y el que implica a trabajadores del DF, alentadas desde la Procuraduría General de la República (PGR), el tabasqueño optó por la ofensiva y retó al jefe del Ejecutivo federal a que le gane en las urnas y no en los tribunales
Por su parte, el presidente Fox abandonó la pelea frontal, que había emprendido desde que se dieron a conocer los videos de la corrupción, y lanzó a una parte de su gabinete al frente de guerra para desgastar en los tribunales al prospecto más fuerte, según las encuestas, de las próximas elecciones presidenciales
Antes, el 4 de marzo, Fox declaró lo siguiente ante un grupo de empresarios de la Cámara de Comercio de Canadá: “Estamos pasando por una transición del ocultamiento a la apertura, de la apatía a la denuncia, de la transa impune al castigo La herida de la corrupción está supurando, está supurando pus y pronto el cuerpo sanará”
Desde entonces, López Obrador ya acusaba al gobierno foxista de haber orquestado un complot en su contra mediante la distribución de los videos de Carlos Ahumada y el apoyo de personajes como Carlos Salinas de Gortari
El secretario de Gobernación, Santiago Creel, saltó a la arena para intentar acallar las “insinuaciones” del jefe de Gobierno
En cuanto al presidente, el 8 de marzo le respondió a López Obrador en una entrevista con Televisión Azteca:
“Quien a la ligera hace señalamientos o culpabilidades, le pediría que se compruebe () Cualquiera se siente con el derecho de acusar, de señalar, de calumniar, de mentir, de engañar, y las cosas quedan ahí tal cual”
Añadió: “De las menciones con respecto al gobierno federal y a mi gobierno, sí tengo que ser categórico: no hay absolutamente nada, ninguna participación Mal haría yo en estar promoviendo la destrucción de nuestras instituciones, de nuestros partidos Así es que rechazo tajantemente cualquier señalamiento o acusación en ese sentido”
Pero, como revés, el jefe de Gobierno del DF fue todavía más preciso Aseguró que las secretarías de Hacienda y de Gobernación, la PGR, así como Diego Fernández de Cevallos, habían tomado parte en el complot
El 14 de marzo, en una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa realizada en Los Cabos, Baja California Sur, Fox respondió así cuando se le preguntó su opinión sobre lo declarado por López Obrador:
“Por supuesto: rechazo rotundamente que el gobierno federal haya participado, de alguna o de otra manera, en este complot que ha sido señalado Ya se ha expresado, a través de la Secretaría de Gobernación, muy claramente, que se presenten las pruebas, si es que hay tal complot”
Y reviró: “Aquí, creo que lo importante es no perder de vista el hecho -el hecho fundamental- de que ciertamente es un crimen el manejo de los recursos, tal como se mostró en esos videos, y que la justicia tendrá que proseguir Y, como lo hemos señalado, estaremos al pendiente de que quien sea culpable sea castigado”
El domingo 15, en un acto que congregó a miles de simpatizantes en el Zócalo capitalino, el jefe de Gobierno del DF lanzó un desafío al presidente: “¡No nos vamos a rajar!”
Durante dos semanas, el político tabasqueño se ocupó en tratar de acreditar su teoría del complot desde el gobierno, para lo cual dio pruebas de la reunión que el 20 de febrero sostuvieron el empresario Carlos Ahumada -prófugo entonces-, el senador panista Diego Fernández de Cevallos y funcionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y de la PGR
Debido a lo anterior, desde Los Pinos llegaron las primeras señales de un cambio en la estrategia presidencial, en tanto que, imparable, López Obrador demostraba públicamente que desde el 18 de febrero la Secretaría de Hacienda poseía información, proveniente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sobre los numerosos ingresos de Gustavo Ponce a ese país y sobre sus sospechosas transacciones financieras
La Procuraduría General de Justicia del DF jamás fue enterada de esa información, que, en cambio, fue filtrada a Televisa el 1 de marzo, cuando los servicios informativos de la televisora dieron a conocer el video que exhibía al jefe de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal apostando en un casino del hotel Bellagio de Las Vegas
El jefe de Gobierno fue acusado por la PGR de haber violado la confidencialidad de los documentos del Departamento del Tesoro La Procuraduría federal alegó que con ello el político perredista infringía la ley de los servidores públicos Es más: la Secretaría de Hacienda lo culpó de la decisión de las autoridades estadunidenses de suspender la colaboración con México -lo que ocurrió durante sólo unos días- en materia de intercambio de información sobre movimientos financieros sospechosos
López Obrador llegó a declarar que las autoridades federales sabían dónde estaba Ponce, pero Gobernación negó tener información de su paradero e insistió en que la teoría del complot era una cortina de humo para distraer a la opinión pública respecto del problema de la corrupción en el gobierno capitalino
Para entonces, ya eran Santiago Creel y el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, quienes se ocupaban de descalificar toda declaración del jefe de Gobierno sobre el tema
Como consecuencia de esos embates, el Partido de la Revolución Democrática acordó, el 18 de marzo, romper el diálogo con Gobernación en protesta ante la “campaña sucia” desatada por el gobierno federal contra el gobernante tabasqueño
Entre tanto, el presidente Fox, quien en todo momento eludió el llamado de López Obrador a abordar personalmente los temas que enfrentaron a ambos, declaraba: “No nos vamos a prestar a juegos políticos y no nos vamos a prestar a que se evadan responsabilidades por cualquier nivel de gobierno”
Pero la detención en La Habana de Carlos Ahumada y su posterior expulsión a México acentuó el enfrentamiento entre Fox y López Obrador Y, más todavía, llevó a los gobiernos de este país y de Cuba a su peor crisis en más de 100 años de relaciones diplomáticas, problema que casi desembocó en la ruptura total
Cuando el gobierno de Fidel Castro se deshizo de Ahumada, declaró que el empresario había revelado que la difusión de los videos fue parte de un plan con fines políticos Sobrevinieron entonces las expulsiones del embajador de Cuba y de otro diplomático de la isla
La información del gobierno cubano fue ampliada días después, el 5 de mayo, cuando, en conferencia de prensa en La Habana, el canciller Felipe Pérez Roque difundió parte de un video en el que Ahumada se quejó de que “ellos” -presumiblemente personajes del gobierno federal- no habían cumplido la oferta de apoyarlo brindándole protección después de haber grabado los videos de Ponce, Bejarano y Carlos Ímaz, y ante la demanda de fraude que interpuso en su contra el gobierno capitalino
Las encuestas: sorpresas
Durante el conflicto, las encuestas se constituyeron en interesantes termómetros del asunto y sirvieron a los gobiernos foxista y de López Obrador para afinar sus estrategias
El periódico El Universal publicó el 30 de marzo los resultados de una encuesta realizada los días 18 y 19 de ese mes, en los que se mostraba una pérdida de 17 puntos en la simpatía ciudadana para el jefe del Gobierno del Distrito Federal
En abril, López Obrador seguía acreditando en los medios informativos su teoría del complot, en tanto que la PGR le envió dos citatorios para que explicara cómo había conseguido la documentación del Departamento del Tesoro que corroboraba que la Secretaría de Hacienda supo desde febrero de los malos manejos de Ponce Y entonces la percepción ciudadana en torno del conflicto dio un giro
Una encuesta de la empresa Indemerc Louis Harris difundida el 22 de abril reveló que, a pesar de los escándalos, el político tabasqueño seguía a la cabeza en la lista de preferencias ciudadanas con miras a las elecciones presidenciales de 2006 Recibió un puntaje de 36%, contra 27% de Marta Sahagún y 23% de Roberto Madrazo
A partir de entonces, la estrategia presidencial se concentró en recordar constantemente los casos de corrupción en el gobierno capitalino que fueron destapados a raíz de los videoescándalos
En contraparte, el dirigente nacional del PRD, Leonel Godoy, denunció presuntas relaciones de negocios entre los hijos de Marta Sahagún, miembros de la familia Fox y Carlos Ahumada
El 13 mayo, desde Budapest, en su gira por Europa, el presidente Fox le respondió:
“Aquí lo importante es que quienes fueron corruptos, quienes rompieron la ley, paguen el castigo con cárcel, y no sólo quienes desde el lado empresarial hicieron estos actos de corrupción, sino los funcionarios que quedaron comprometidos en ese mismo aspecto () Sobre todo, que nos aclaren dónde está el dinero, a dónde fue a parar, quiénes participaron en estos actos de corrupción, cuánto dinero se desvió de la obra pública, cuánto dinero llegó a manos que no correspondían”
El 14 de mayo, López Obrador tuvo que enfrentar un nuevo conflicto legal Los apoderados del predio El Encino, ubicado en la zona de Santa Fe, exigieron a la PGR solicitar un juicio de procedencia a la Cámara de Diputados para iniciar un juicio político contra el jefe del gobierno capitalino, con la finalidad de desaforarlo y enjuiciarlo judicialmente por no haber respetado un amparo del año 2001 contra la construcción de obras de vialidad en dicho predio
Andrés Manuel López Obrador fue acorralado judicialmente El día 17, la PGR solicitó el juicio de procedencia al Poder Legislativo De la culminación de este caso está de por medio la eventual candidatura presidencial del tabasqueño, ya que si se aprueba su desafuero y se comprueba una falta judicial, no podría competir en 2006, pues la ley impide hacerlo a candidatos con antecedentes penales
Fox se hizo a un lado nuevamente “Hoy el presidente no da línea a jueces y magistrados”, sostuvo en respuesta a los argumentos de López Obrador, quien había asegurado que la denuncia del caso El Encino formaba parte de una estrategia para deshabilitarlo como posible candidato presidencial hacia el 2006
A finales de mayo, la empresa GEA/ISA difundió una consulta según la cual 63% de los entrevistados opinó que la decisión de la PGR de solicitar el juicio de procedencia para desaforar a López Obrador por el caso El Encino obedeció a razones políticas, y 60% consideró que el único fin de esto era eliminarlo de la carrera hacia el 2006
El 27 de mayo, la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados aprobó la solicitud de desafuero contra el jefe de Gobierno capitalino, quien días después, el 9 de junio, lanzó una de sus críticas más fuertes a Fox, a cuyo gobierno calificó de “mediocre”, “torpe”, “hipócrita”, y lo acusó de no haber cumplido con el cambio que prometió
El 7 de junio, el diario El Universal publicó otra encuesta Ésta reveló que la popularidad del tabasqueño repuntó a 70%
Fox, Creel y el procurador Macedo de la Concha han negado sistemáticamente que encabecen una persecución contra López Obrador Pero el martes 8, la PGR nuevamente giró un citatorio al tabasqueño por presunto desacato en un conflicto laboral l

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