La política laboral de Fox, a cuentas ante la CIDH

* Petición de disidentes petroleros y electricistas ante la instancia de la OEA
México, D F, 1 de marzo (apro)- Unos días después que el presidente Vicente Fox fue blanco de una resonante rechifla –por parte de cetemistas que rechazaron la actual política económica y laboral–, su gobierno tendrá que explicar ante la CIDH por qué no se ha garantizado en el país el pleno ejercicio de los derechos sindicales
Y es que, por primera vez en la historia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA aceptó la petición de un grupo de disidentes petroleros y electricistas mexicanos para que la actual administración exponga no sólo por qué se limitan en la práctica varios derechos sindicales, sino también por qué no ha adecuado la legislación laboral para impedirlo
Los líderes Juan Carlos Chávez, de la Alianza Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros (ANDTP), y Jesús Navarrete, de la Coordinadora Nacional de Electricistas –opositores a Carlos Romero Deschamps y a Leonardo Rodríguez Alcaine–, consiguieron que la CIDH programara, para el próximo 3 de marzo, la revisión de las siguientes denuncias: falta de democracia sindical, despidos injustificados, hostigamiento y persecución de líderes opositores a las centrales obreras oficiales, injerencia del gobierno para impedir la libertad sindical mediante las llamadas “tomas de nota” en el reconocimiento de la titularidad de los contratos colectivos de trabajo, y, sobre todo, la falta de acciones oficiales para conformar un marco legal que garantice la libertad y los derechos sindicales
Aunque las resoluciones de la CIDH sólo tienen un carácter de “recomendación”, dicho organismo puede actuar como ‘facilitador’ para sentar en una misma mesa a los llamados trabajadores “disidentes” y a los representantes del gobierno mexicano
“La CIDH, como garante internacional, puede lograr que el gobierno foxista nos escuche y tome en cuenta; que la disidencia se siente en la mesa con ellos es algo que difícilmente se logra en México, pues las autoridades laborales atienden generalmente a los representantes de las organizaciones oficiales –como la CTM y el Congreso del Trabajo–, así como a los líderes charros”, explicó Rodrigo Olvera, representante de Cereal, organismo que trabaja con los grupos disidentes para hacer respetar sus derechos humanos y laborales
En la asesoría legal para obtener la audiencia ante la CIDH intervinieron, aparte del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, Cejil, FAT, Red de Abogados Laboristas y la organización no gubernamental Equipo Pueblo
Se analizarán 53 casos
Durante la audiencia privada que se celebrará en Washington, los trabajadores documentarán por lo menos 53 casos consistentes en: reelecciones fraudulentas de líderes sindicales, persecución de opositores, malos manejos de cuotas sindicales e injerencia del gobierno para favorecer al sindicalismo oficial
El documento que presentarán los trabajadores y asesores legales al organismo internacional –del cual tiene copia Apro– establece que el gobierno de Vicente Fox ha incurrido en los mismos vicios e ilegalidades en materia laboral que los padecidos en las gestiones priistas, violando los artículos 9 y 123 de la Constitución
“La actual administración ha mantenido las limitaciones del orden normativo (…) y se repiten las de orden fáctico, sin que dicha administración tutele, garantice y dé satisfacción plena sobre este derecho (libertad sindical), ya contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y parte esencial de los derechos humanos laborales”, dice
Así mismo, asienta que “el Estado mexicano y, consecuentemente, la actual administración, han desoído la recomendación de 1999 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que a la letra dice: El comité también lamenta que no se tenga la intención de retirar la reserva del Estado (…) con respecto al artículo 8 del Pacto de Libertad Sindical…El comité lamenta en particular que el sindicalismo en el sector público no sea pluralista, y que no se elija por voto directo a los dirigentes sindicales”
A pesar que se trata de una recomendación realizada en 1999, el gobierno de Vicente Fox no ha retirado “su reserva” para el cumplimiento de dicho pacto, con lo cual “rechaza un elemento de exigibilidad para el cumplimiento de los derechos de sindicalización, libertad sindical y huelga, y sigue retrasando la adecuación de la legislación laboral en la materia”
El mismo documento, que será presentado este 3 de marzo en Washington, precisa que se permiten que “subsistan, dentro de la legislación mexicana, una serie de restricciones, exigencias e impedimentos para la libertad de asociación sindical (restricciones que nada tienen que ver con seguridad nacional, orden público o derechos y libertades ajenos)”
Y menciona artículos de la Ley Federal del Trabajo que son utilizados para impedir una completa libertad sindical El artículo 931, por ejemplo, “deja un vacío normativo, puesto que no regula la forma en la que los trabajadores pueden hacer valer su voluntad en el recuento de los votos para definir la titularidad de un contrato colectivo de trabajo, (y) omite garantizar el voto libre y secreto (…) en las elecciones sindicales”
Es un hecho, continúa, que el voto sindical no cuenta con las mismas salvaguardas que el sufragio político-electoral, y se ha impedido que los tribunales garanticen este derecho
Remoción de dos funcionarios, otro reclamo
Aunque el gobierno de Vicente Fox aún no ha determinado quién acudirá a dicha audiencia, podrían presentarse funcionarios de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Trabajo
Por su parte, la CIDH podría emitir la recomendación correspondiente el 28 de marzo, día en que concluye su periodo de sesiones
Los disidentes petroleros y electricistas, así como los organismos laborales y de derechos humanos que participan en esta denuncia harán dos peticiones específicas, una relacionada con la llamada “toma de nota”, y otra consistente en “la remoción del subsecretario de Previsión Social, Fernando Franco González Salas, y de la directora del Registro de Asociaciones, María de las Mercedes Martínez Barrera, que es el lugar donde se avalan las tomas de nota” Esto, por las “constantes violaciones a la libertad sindical en las que se hallan implicados”, explicó Rodrigo Olvera
En un segundo nivel, adelanta, “solicitaremos a la CIDH que recomiende al gobierno mexicano modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, que permitan el libre ejercicio sindical”
Por último, solicitarán que “un grupo especializado de la CIDH conforme una misión que visite México y compruebe la veracidad de nuestro informe, donde detallamos y documentamos persecuciones a líderes laborales, encarcelamientos, despidos injustificados, elecciones antidemocráticas, reelecciones que no estaban permitidas y el hecho de que, gracias a modificaciones en los estatutos, algunos lideres se mantienen en el poder, como son los casos de Romero Deschamps en el sindicato petrolero, y Rodríguez Alcaine en el de electricistas”
Independientemente de esta audiencia, a la que deberá concurrir el gobierno foxista, la CIDH tiene programado presentar, en octubre de este año, un informe sobre la situación laboral y sindical en México, por lo que el grupo de disidentes pedirá que su informe del próximo 3 de marzo sea anexado al primero

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