Peña Colorada… de vergüenza

En los límites de la entidad con Colima, la minera Peña Colorada invierte centavos para obtener ganancias millonarias. La rapiña con los recursos naturales, la ocupación de tierras y la ridícula renta que se paga a los ejidatarios no se compensa con empleo ni con obras sociales. 

 

En el ejido de Ayotitlán, del municipio de Cuautitlán de García Barragán, en la costa sur de Jalisco, la riqueza se explota desde las capas altas de la tierra con poderosas cuchillas que desgarran sus entrañas para extraer miles de toneladas de hierro en una superficie de 402 hectáreas, pero la actividad puede extenderse en otras 800, en los límites de Jalisco y Colima. 

La empresa Peña Colorada, que es la principal minera de América Latina, requiere más espacio para sus operaciones desde hace tres años, cuando cambió de dueños y reportó el ingreso de capital extranjero.

En la zona cercana al poblado Las Pesadas, decenas de máquinas escupen a su alrededor materiales sin valor que además esterilizan la capa fértil del suelo, y arruinan canales y ríos. Esa pesada huella caracteriza a la empresa, que desde hace más de 40 años trabaja en la parte alta de la sierra de Manantlán, en plena zona de amortiguamiento de la reserva de la biosfera.

César Díaz Galván, jefe de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas (UACI) de la Universidad de Guadalajara, asegura que la compañía justifica su ocupación del área con el pago de rentas “que dan risa”, pero que ayudan a ocultar la tragedia que viven los nahuas del sur del estado.

Para el ingeniero industrial y empresario minero Enrique Rivera, el producto que obtiene Peña Colorada debe tener un costo de 140 a 150 dólares por tonelada, con un nivel de pureza de 68% de hierro, lo cual la convierte en la mina de óxido de hierro más rentable del continente, dice. 

Por desgracia, añade, esa rentabilidad no se traduce en beneficios para los dueños de las tierras y las comunidades afectadas por la explotación del mineral. A juicio del ingeniero Rivera, es urgente que el gobierno del estado intervenga para establecer una cuota compensatoria de un dólar por tonelada extraída, de modo que estos recursos sirvan para el desarrollo social de la población y mitiguen el impacto ambiental.

Al respecto, el representante legal del Consejo de Mayores de Ayotitlán, Gaudencio Mancilla Roblada, indica que antes de 2008, cuando las ganancias de Peña Colorada rondaban los 2 mil millones de pesos anuales, los empresarios pagaban 200 mil pesos por la ocupación temporal de las tierras de los indígenas. 

El abogado Jaime Hernández Lamas afirma que el pago de renta anual aumentó a 380 mil pesos el año pasado, pero que a pesar de eso los beneficios son mínimos para los dueños de las tierras. 

“Con base en los estados financieros de la empresa, nosotros pudimos establecer que por cada 3 mil pesos de ganancia que obtenía la minera, sólo pagaba un centavo a los indígenas por concepto de renta de esas tierras, y el asunto fue plenamente reconocido por los abogados de Peña Colorada recientemente.” 

Esta situación puede cambiar, al menos en parte, si se respeta el acuerdo del pago de 7 millones de pesos anuales por la renta de esos territorios y la promoción de obras de desarrollo social, como se estipuló desde noviembre de 2010.

Con todo, el jefe de la UACI, Díaz Galván, dice que es muy pronto para asegurar que ya cambió la situación, ya que si bien a finales del año pasado Peña Colorada firmó un acuerdo para pagar los 7 millones anuales, está de por medio la idea de conseguir 800 hectáreas más, para ocupar mil 200 en total. 

Lo anterior implica que la minera podría expandirse sin importarle la destrucción del medio ambiente ni la invasión de rutas sagradas que aún recorren las mil 400 familias indígenas de Ayotitlán y Telcruz, añade.

Y señala que el año pasado los integrantes de una comisión especial de ejidatarios se encargó de revisar el asunto de las rentas no pagadas, pero después de esos trabajos sus integrantes aprovecharon la falta de reconocimiento a las autoridades del núcleo agrario para aceptar contratos ilegales con todo aquel interesado en extraer minerales, a cambio de dinero sólo para ellos.

Explotación bárbara

 

El tajo de Peña Colorada es un yacimiento a cielo abierto localizado a menos de 52 kilómetros del puerto de Manzanillo, en el límite de Minatitlán, Colima, y Cuautitlán, Jalisco. 

El área pertenece, supuestamente, a la zona de amortiguamiento del área natural protegida, según decreto presidencial de Miguel de la Madrid Hurtado que data de los ochenta, pero eso no ha sido obstáculo para la actividad de la minera.

Activistas civiles, líderes comunales y autoridades municipales coinciden en que a esta zona no parece llegar la autoridad del gobierno del estado. Óscar González Garí, representante de la Red Jalisciense de los Derechos Humanos, recuerda en entrevista que la revisión de los pagos de 1975 a 1997 muestra que Peña Colorada adeuda a los ejidatarios 115 millones de pesos por el uso y la explotación de sus tierras.

Sin embargo, el asesor jurídico del ejido de Ayotitlán e integrante de la UACI, Jaime Hernández Lamas, resalta que ya en 2011 es difícil ofrecer la documentación suficiente para sustentar jurídicamente este reclamo, aunque está de acuerdo en que la mina sólo ha dejado miseria y marginación.

Recalca que con el contrato firmado en noviembre pasado la minera se compromete a entregar 7 millones de pesos anuales a los ejidatarios por la extracción del hierro y la acumulación del cascajo, e indica que por única ocasión para 2011 se destinaron 3 millones adicionales para atender las afectaciones al medio ambiente. Aun así, dice, la cantidad es baja si se considera que cada tonelada de material extraído puede contener una pureza de 80% de producto ferroso, aunque los datos oficiales de Peña Colorada reconocen sólo 35%. 

Hernández Lamas comenta que en forma apresurada se conoció de un depósito de 4 millones de pesos para completar el pago por 10 millones que corresponde a la renta de tierras en 2011, en un hecho insólito.

El ingeniero Enrique Rivera asegura que mientras en terrenos irregulares la extracción del mineral requiere invertir seis dólares por tonelada, Peña Colorada sólo tiene que invertir tres dólares, debido a sus magníficas condiciones de operación.

Además, explica que el costo de llevar el mineral hasta el puerto de Manzanillo es casi nulo, porque en lugar de utilizar camiones de carga y cientos de horas hombre se usa el sistema rodado: miles y miles de metros cúbicos de agua arrastran el material extraído por tuberías especiales durante más de 50 kilómetros. El costo de este método es la grave contaminación de los recursos hidrológicos.

Celedonio Monroy Prudencio, director de Asuntos Indígenas del ayuntamiento de Cuautitlán, asegura que la minera Peña Colorada tiene interés en que no se reconozca oficialmente a las autoridades ejidales, elegidas desde 2008, por lo que el ayuntamiento tuvo que exhortar al Registro Nacional Agrario para que se legalizara el nombramiento de los representantes de la comunidad, cosa que sucedió apenas el 31 de marzo.

Los empresarios también se han ocupado de poner de su parte a los funcionarios. “En Minatitlán –prosigue el entrevistado– tienen a regidores de diferentes partidos políticos para garantizar el respaldo a sus intereses y decidir en su favor cualquier asunto. En Cuautitlán, a nivel del ayuntamiento no han podido intervenir directamente, pero sí les interesa el comisariado ejidal de Ayotitlán, porque gracias al control de esa posición logran todo sin importar la postura de los ejidatarios, y eso es lo que han hecho siempre”.

Monroy Prudencio acepta que el ayuntamiento de Cuautitlán carece de recursos para realizar las obras requeridas en la zona, pero dice que cuando las autoridades de Colima se enteran de cualquier mejora que beneficia a los pobladores, de inmediato llegan con policías a detenerla, mientras el estado de Jalisco sigue ausente. “Seguramente las autoridades de Jalisco ni siquiera saben dónde están las comunidades que le menciono”, lamenta. 

Recuerda que el anterior comisariado ejidal, Jesús Michel Prudencio, fue impuesto por los dueños de la mina porque era su empleado. 

En medio de este conflicto, Hernández Llamas puntualiza que los avances que ahora se observan no son suficientes para “cantar victoria, el asunto es muy delicado. A los ejidatarios siempre se les da puras migajas en relación con lo que debería de pagar la empresa por la renta de terrenos, por arrojar sus desechos y por la extracción del mineral. Ayotitlán es un ejido de los más grandes de Jalisco, pero con muchos conflictos internos a raíz de los pleitos por la tierra y la presencia de la minera”.

Al respecto, González Garí enfatiza que hay cerca de una decena de poblados acosados por la misma minera, como Plan de Méndez, Cerro Prieto, Cortapico, La Astilla, Las Pesadas, El Platanar, La Piedra, Jocotlán y El Mameyito. Agrega que desde hace varias décadas ahí se cometen actos de lesa humanidad, porque se pisotean todos los derechos de la población indígena asentada desde hace cinco siglos. Incluso, informa, la presión de la mina ya provocó la desaparición de poblados como Los Potros, y está a punto de hacer lo mismo con Las Parotas. 

Pobreza importada

 

Desde 2008 la minera Peña Colorada es propiedad de la empresa Ternium, a través de Mittal Steel, una firma italiana-argentina que tiene como socio principal al empresario Lakshmi Mittal, de origen indio y considerado el hombre más rico de Europa, el quinto en todo el orbe. La revista Forbes de abril de 2010 calculó su fortuna en 28.7 mil millones de dólares.

 Mittal es conocido por su vida extravagante. En 2003 adquirió la vivienda más cara en el registro de los negocios inmobiliarios: la llamada Casa de los Jardines en Londres, por 128 millones de dólares. Esa vivienda tiene 12 habitaciones, cochera para 20 autos, baños turcos, salón de baile, una galería de arte y una piscina en cuya elaboración se utilizaron piedras preciosas. Sus pisos son de mármol blanco como el del templo Taj Mahal, emblemático de la India. 

En 2004, el magnate invirtió 60 millones de dólares en la boda de su hija Vanisha, que tuvo lugar en un palacete francés del siglo XVII.

 Datos por demás ofensivos cuando se comparan con la forma de vida de los mil 400 integrantes de la Comunidad Indígena Náhuatl de Ayotitlán, cuya marginación sólo puede compararse con la de los huicholes de Mezquitic y de Bolaños. 

La falta de empleo, la raquítica infraestructura en vías de comunicación, el rezago en salud y en educación, obliga a muchas personas a huir de sus comunidades, que padecen altos índices de analfabetismo y cada vez peores condiciones de salud, como se evidencia en el peso y la estatura de los niños. 

Para la minera Peña Colorada, las actuales condiciones de su operación son alentadoras: tiene una producción anual de 8.7 toneladas de hierro triturado y su permanencia está garantizada al menos por 10 años. Además, “la UNAM les hizo un estudio –dice Hernández Llamas, quien tuvo acceso a ese documento–, y ahí se observa que existe una reserva de 200 millones de toneladas, y eso significa que el rendimiento del yacimiento les garantiza extracción para cerca de 80 años”. l

 

 

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