Aprueban prisión domiciliaria, uso de brazaletes y videograbación de juicios… en el DF

MÉXICO, DF, 11 de mayo (apro).- El pleno de la Asamblea Legislativa (ALDF) aprobó hoy, con 48 votos a favor, cero en contra y una abstención, la nueva Ley de Ejecución de Sanciones para el Distrito Federal que, en principio, busca reducir la sobrepoblación en reclusorios.
El pleno también avaló cambios a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia local (TSJDF) por las que se trasladan las facultades que hasta hoy tenía el Ejecutivo local para determinar las opciones de preliberación de internos al Poder Judicial.
    El nuevo marco legal crea la figura de juez de ejecución de sentencias y prevé la colocación de cámaras de video en todos los juzgados para grabar desde el inicio todos los procesos, aparte de que prohíbe a los internos portar teléfonos celulares.
A petición del interno, el juez de ejecución de sentencias valorará cada caso para determinar a qué beneficio podría acceder el sentenciado; esto se realizará a través de un juicio oral, público y videograbado.
Asimismo, prevé que aquellas personas que sean primodelincuentes, no hayan cometido un delito grave y su sentencia se ubique entre los 4 y 10 años, puedan cumplir su sentencia en su domicilio y ser monitoreadas a través de brazaletes.
    El diputado local perredista Alejandro Carbajal, promotor de la iniciativa de ley, señaló que esto no será sólo una alternativa, sino que también se acompaña de todo un programa de trabajo comunitario que deberán cumplir los sentenciados, entre otras actividades, realizar algún deporte, un oficio o cualquier tipo de trabajo para cumplir con su pena.
Dijo que en principio no se “contaminará” a los primodelincuentes, detenidos por un delito menor, con el ingreso a un reclusorio; aparte, se van a garantizar los derechos de los mismos reos y se dará más certeza a los procesos judiciales.
    En cuanto a las reformas a la Ley Orgánica del TSJDF, se incorporó un artículo transitorio que otorga 20 días al jefe de Gobierno para que envíe a la Asamblea una propuesta de ampliación presupuestal por 300 millones de pesos, que deberán entregarse al Tribunal para la creación de las dos nuevas salas de ejecución de sanciones y la de los 25 juzgados de ejecución de sanciones.

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