ONU y organizaciones civiles analizan situación de los derechos humanos en México

Militares desmoralizados
Militares desmoralizados

MÉXICO, D.F. (apro).- La aplicación del fuero militar en casos de violaciones a derechos humanos, la presencia de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública, las dificultades para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, los riesgos que corren los defensores de derechos humanos y las acciones de limpieza social entre la población callejera, fueron algunas de las preocupaciones que puso de manifiesto la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, durante reuniones con organizaciones civiles y académicos.
Durante su gira por México, Pillay sostuvo varios encuentros con miembros de la sociedad civil, para “tener un panorama previo” a las reuniones que sostendrá con funcionarios de alto nivel entre ellos el presidente Felipe Calderón.
La funcionaria de la ONU recibió información sobre la seguridad del país, en el contexto de la guerra contra el narcotráfico lanzada por Calderón en diciembre de 2006, y más tarde sobre la situación en general de los derechos humanos en México.
Edgar Cortez, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) y partícipe del encuentro, narró a Apro que ante el deterioro de los derechos humanos en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, la alta comisionada “se mostró preocupada” porque pese a los señalamientos continuos de organismos internacionales y de cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) en México se siga aplicando el fuero militar en la investigación abusos cometidos por miembros de las fuerzas armadas.
Navi Pillay, dijo Cortez en entrevista, coincidió con los miembros de las organizaciones civiles sobre la inconveniencia de que “la temporalidad de las funciones de seguridad pública de las fuerzas armadas, se esté convirtiendo, de facto, en una presencia permanente”.
El activista destacó que entre los temas abordados con mayor insistencia por la alta comisionada, destacaron los que “tuvieron que ver con el sistema de justicia en México, que deja en el desamparo tanto a víctimas como a presuntos delincuentes”, porque esta situación, dijo, se suma a las dificultades que se están viviendo para aplicar las reformas del nuevo sistema de justicia penal.
En el segundo encuentro, Agnieszka Raczynska, secretaria técnica de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas (Red-TDT), explicó que la comisionada de la ONU coincidió con las “preocupaciones” expuestas durante el encuentro, sobre todo con la impunidad y el incumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), así como la falta de voluntad para acatar recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos.
En entrevista, Raczynska acotó que los representantes de una treintena de agrupaciones coincidieron en que por parte del gobierno de Felipe Calderón hay una “renuncia del diálogo”, sobre todo en casos que tienen que ver con la protesta social, así como para implementar mecanismos de protección para defensores, periodistas y organizaciones que atienden temas de libertad de expresión.
Raczynska agregó que Pillay pidió a los defensores abundar sobre la presunta estrategia de “limpieza social” del Gobierno de Distrito Federal entre la población callejera, así como de sobre la incidencia de menores de edad y la implementación de las reformas legislativa en materia de derechos humanos.
Cortez y Raczynska señalaron que los integrantes de las organizaciones civiles pidieron a la alta comisionada hacer un balance de los diez años que lleva funcionando en México la oficina de ese organismo dependiente de la ONU.
“Lo que advertimos es que la presencia de la Oficina de la Alta Comisionada no ha influido en la modificación de políticas públicas, por lo que creemos que es momento de hacer una revisión de la estrategia que debe tomarse para acabar, de una vez con todas, con la simulación”, apuntó Edgar Cortez.
En la reunión de seguridad, además de Cortez, estuvieron Juan Carlos Gutiérrez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH); José Rosario Marroquín, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); académicos e investigadores, como Ernesto López Portillo; el abogado genera la UNAM, Luis Raúl González Pérez; así como Isabel Miranda de Wallace y la presidenta de México Unido contra la Delincuencia, Josefina Ricaño.
En el segundo encuentro estuvieron presentes el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, la Red por los Derechos de la Infancia; el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de la Casas; el Centro Fray Francisco de Vitoria, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), el IMDHD, la CMDPDH, el Centro Prodh, entre otras organizaciones.

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