Inglaterra: criminalización de la protesta social

David Cameron, primer ministro británico. Foto: AP
David Cameron, primer ministro británico.
Foto: AP

LONDRES, (apro).- A dos semanas de los peores disturbios, saqueos e incidentes de violencia en Londres y otras ciudades de Inglaterra en casi tres décadas, que terminaron con cinco muertos y cerca de tres millares de detenidos, el impopular gobierno británico del conservador David Cameron optó por criminalizar el estallido y dejar por el momento a un costado el debate sobre las causas sociales de la revuelta.

La administración de Cameron, que enfrenta una de las peores crisis económicas desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), con un índice de desempleo que trepó en julio pasado al 7,9%, con 2.49 millones de desocupados y las finanzas estancadas, eligió el camino de la “mano dura”, las penas “severas” y darle aún más poderes a la policía, para hacer frente a un problema que parece crecer en el Reino Unido.

Más de 2 mil 800 personas han sido arrestadas en conexión con los saqueos, incendios y destrozos ocurridos entre el 6 y 9 de agosto pasado en la capital británica y otras ciudades inglesas, incluidas Birmingham, Manchester, Liverpool, Nottingham, Gloucester y Bristol, que se iniciaron el sábado 6 tras una protesta en el humilde barrio londinense de Tottenham, en reclamo por la muerte del británico Mark Duggan, de 29 años, asesinado a manos de la policía en un episodio que aún sigue sin esclarecerse.

De los más de dos millares de detenidos, hasta el miércoles 17 habían pasado por los tribunales británicos mil 277 sospechosos, de los cuales un 64% permanecía bajo custodia policial. Esa es una situación sin precedente alguno en la historia del país.

La criminalización del estallido generó incluso más polémica en el mundo político, luego de conocerse las penas que las cortes habían otorgado a los responsables de los disturbios, en su mayoría jóvenes desempleados y totalmente desafectados de la sociedad.

Por ejemplo, el martes último dos hombres fueron condenados a cuatro años de prisión por utilizar el sitio de red social Facebook para incitar a los saqueos y la violencia, en tanto que un tercero recibió una pena de 18 meses tras las rejas por haber robado una televisión de un negocio saqueado.

Otros de los casos más polémicos con penas consideradas “demasiado severas” fueron el de Anderson Fernandes, de 22 años, quien por robar dos cucuruchos de helado enfrenta una pena en prisión, o el de Nicolas Robinson, de 23, quien fue sentenciado a seis meses tras las rejas por robar una botella pequeña de agua mineral de un supermercado.

Ursula Nevin, una madre de dos niñas con residencia en Manchester (norte de Inglaterra), fue sentenciada a cinco meses en prisión luego de recibir de una amiga un par de pantalones cortos que habían sido robados el día previo de un negocio en el centro de esa ciudad.

Las sentencias provocaron que un grupo de parlamentarios británicos y de activistas en defensa por los derechos civiles criticaran a las cortes y al gobierno por incentivar un ambiente de “histeria colectiva” y “venganza”.

El parlamentario liberal democrático Tom Barke, experto en leyes, afirmó a la BBC que las sentencias “deberían ser justicia de restauración” y no una “venganza” por lo ocurrido recientemente en el país.

Según Barke, algunos de los sentenciados habrían recibido penas diferentes si hubieran cometido el mismo delito días antes de los disturbios.

En ese sentido, el expresidente de la Asociación de Juristas británicos Paul Mendelle, declaró a la radio 5 de la BBC que si los sentenciados cumplen penas demasiado largas en prisión “esto podría llevar a que pierdan sus trabajos y empleos, creando un mayor problema social”.

“Podría pasar que el costo total que la comunidad tenga que pagar sea mayor que el del delito por el que fueron juzgados”, subrayó el experto, quien pidió a las cortes “no entrar en la histeria colectiva”.

Sin embargo, el ministro para las Comunidades, el conservador Eric Pickles, uno de los principales aduladores del gobierno a las políticas de “mano dura”, sostuvo que las penas duras demostrarán que hay consecuencias serias para aquellos que participan de disturbios.

“Tenemos que entender que esta gente creyó que cometer delitos no les traería consecuencias. No vamos a permitir que la sociedad tenga miedo por su seguridad pública en sus propias casas”, destacó el funcionario.

Al debate se sumó el parlamentario laborista Paul Flynn, quien sostuvo que el gobierno “está incentivando medidas de pánico para recobrar la popularidad perdida”.

“¿Cómo puede ser que veamos estas penas tan duras cuando nuestras cárceles están llenas? Es populismo del más bajo”, indicó el legislador opositor.

Lo mismo opinó el abogado John Cooper, uno de los principales expertos criminalistas del Reino Unido, quien consideró que las sentencias “son una exageración” y consideró que llevarán a una “oleada” de demandas en la Corte de Apelaciones.

Tras las críticas el mismo Cameron salió a defender su posición y la de su gobierno, al indicar que la decisión de las cortes de imponer penas severas a aquellos responsables de los disturbios le hace bien al país.

Según Cameron, es “muy bueno” que los jueces den un mensaje “de dureza”.

“Depende de las cortes tomar las decisiones particulares acerca de cada sentencia, pero han decidido enviar un mensaje de dureza y es muy bueno que los jueces puedan hacer esto”, sostuvo el premier el mismo día 17 tras una visita a la localidad inglesa de Warrington, una de las afectadas por los incidentes.

Como si se hubiera tratado de un tsunami o de un atentado terrorista, el príncipe Carlos y su esposa Camilla, fueron los únicos miembros de la Familia Real británica en visitar a un barrio afectado por los disturbios de comienzos del
mes.

El príncipe y su esposa iniciaron el miércoles 17 su recorrido por la localidad londinense de Tottenham, donde habían comenzado los incidentes, y luego recorrieron los barrios de Hackney, Lambeth y Croydon, todos en la capital británica.

La pareja habló con grupos comunitarios, miembros de los servicios de emergencia y vecinos afectados por los saqueos e incendios de negocios y viviendas.

Lo cierto es que en lugar de buscar las razones sociales al estallido y evaluar la situación de los jóvenes sin empleo en el Reino Unido, el gobierno decidió que obligará a los causantes de destrozos a limpiar las zonas que destrozaron.

El anuncio fue hecho en rueda de prensa en Londres por el vice primer ministro británico, el liberal democrático Nick Clegg. El segundo de Cameron dijo que la medida buscará que los jóvenes procesados que no vayan a la cárcel afronten las consecuencias de sus actos, y agregó que intentará disuadir a aquellos que delinquen por primera vez, y evitar que no vuelvan a hacerlo.

“Quiero que se enfrenten cara a cara con sus víctimas”, afirmó Clegg.

Los vecinos y afectados podrán saber fácilmente quiénes son los responsables de los disturbios, ya que aquellos que sean enviados a limpiar deberán ir ataviados con ropa naranja visible, una chaqueta y pantalón fluorescentes.

El gobierno quiere así que los participantes en los disturbios se enfrenten de esa forma con las comunidades a las que han dañado, y “den la cara”, incluso aquellos adolescentes marginados que salieron a saquear porque no les alcanza con el subsidio de desempleo, de unos 60 dólares semanales.

Todo esto ocurre cuando Cameron confirmó que le dará más poderes a la policía de Inglaterra y Gales para hacer frente a eventuales disturbios sociales, incluido el uso de tácticas “más robustas” como el toque de queda.

El mandatario, acompañado de su leal ministra del Interior, la conservadora Theresa May, declaró en Londres en conferencia de prensa el pasado martes 16 que los agentes policiales habían sido criticados en el pasado por ser “demasiado duros”, pero agregó que contarán con su apoyo si actúan ahora “dentro de la ley y la razón”.

El premier confirmó además que el gobierno emitirá una nueva directiva para la policía, sobre las políticas de seguridad antidisturbios.

Por su parte, May sostuvo que algunos policías le admitieron sentirse “abandonados” por las autoridades, debido a críticas en el pasado por las tácticas policiales, que los dejan “condenados si actúan y condenados si no actúan”.

En ese sentido, la ministra dijo que son necesarios “poderes fuertes y aplicables” para lidiar con “disturbios, criminalidad, bandas violentas y desorden”.

Sin embargo, Kevin Hurley, excomandante de orden público, afirmó que las llamadas políticas “de mano dura” amenazan con crear “un desastre” social, al resolver sólo a corto plazo el problema.

En ese sentido, Paul McKeever, vocero de la Federación Policial, sostuvo que el discurso de May “fue una verdadera bofetada en la cara” de la Policía, debido a que la ministra “demostró que seguirá exigiendo más a pesar de los recortes presupuestarios al sector, que todos en la fuerza policial consideran va en nuestro detrimento”.

El gobierno tiene previsto reducir en 16 mil agentes policiales las fuerzas de seguridad, como parte de su plan de ahorro y recorte del gasto público, y de esa forma achicar el enorme déficit fiscal, que este año trepó a más del 10% del PIB británica.

Tras el anuncio, el grupo Big Brother Watch expresó preocupación por los nuevos poderes ofrecidos a la policía, principalmente el toque de queda, y dijo que el gobierno “está criminalizando” el estallido social.

Daniel Hamilton, director del grupo, sostuvo que el principio de otorgarle a la Policía el poder de decidir libremente por un toque de queda “va en contra de los valores de una sociedad liberal y democrática”.

Cameron enfrentó además la crítica de su propio consejero en materia de seguridad, el exjefe de las policías de Nueva York y Los Ángeles, el llamado “supercomisario” Bill Bratton.

El estadunidense declaró a ABC que el arresto por sí solo no era suficiente para erradicar la cultura de bandas criminales en Gran Bretaña.

El comisario, que fue contratado por Cameron para revisar las medidas policiales en el país, tiene previsto reunirse el próximo mes con el primer ministro para discutir los recientes disturbios e incidentes de violencia en Inglaterra.

De acuerdo con Bratton, quien logró reducir el índice delictivo en Los Ángeles tras los disturbios en esa ciudad en 1992, el problema “atañe a toda la sociedad”.

“El arresto es ciertamente apropiado para los más violentos, los incorregibles, pero mucho de ello puede ser resuelto de otra forma, y no es un tema policial, es un tema social”, subrayó el comisario a la cadena norteamericana ABC, en un programa que se emitió el pasado sábado 13.

El “problema social” tiene una raíz profunda en el Reino Unido.

Como lo informó recientemente el grupo humanitario Oxfam, al destacar en un extenso informe que la inequidad de ingresos en el Reino Unido aumentó en el período 2007-2008, llegando a niveles que solo se daban en la década de los sesenta.

Según ese documento, gobiernos laboristas de Tony Blair y Gordon Brown heredaron una de las sociedades occidentales más desiguales del mundo en 1997 de los conservadores, aunque desde entonces no lograron evitar que la brecha entre ricos y pobres aumentara.

Incluso destacó que tras la subida al poder Cameron con su gobierno de coalición junto a los liberales democráticos, a partir de mayo de 2010, el problema se ha exacerbado incluso más, principalmente por la crisis económica, los despidos en el sector estatal y la parálisis del crecimiento industrial.

Oxfam sostuvo que sólo en 2008 fueron 300 mil más las personas que viven bajo el umbral de la pobreza en Gran Bretaña, con lo que la cifra global sostiene que 13 millones de británicos pasan serias dificultades económicas.

Además, el número de menores de edad que viven en familias de escasos recursos económicos aumentó en 100 mil casos en relación con 2008, por lo que, en opinión de Oxfam, “el Gobierno no podrá cumplir su objetivo para 2010 de reducir a la mitad la pobreza infantil en el Reino Unido”.

Otra organización humanitaria con sede en Londres Save the Children (STC, en sus siglas en inglés), destacaba en un informe dado a conocer en enero de 2010 que al menos 1.7 millones de niños viven en condiciones de “extrema pobreza” en un país europeo rico como el Reino Unido.

Esa nueva cifra representa un incremento de 260 mil menores de 2004 a 2008, y equivale a un 13% de la población infantil británica, dos puntos porcentuales más que en 2004, según la ONG británica.

Siempre según ese informe, la mitad de los niños en Gran Bretaña en condiciones de extrema pobreza viven en familias monoparentales y otra mitad en familias con la mayoría de sus miembros en paro.

Los niños de origen paquistaní, bangladesí y del África Subsahariana tienen el triple de posibilidades de estar en condiciones de pobreza que un niño blanco, advirtió la ONG.

El estudio también destacó que Londres presenta la mayor proporción de niños bajo condiciones de pobreza severa, casi 300 mil niños, la quinta parte del total de Reino Unido.

Los gobiernos laboristas de Blair y Brown habían prometido erradicar totalmente la pobreza infantil para el año 2020, pero nunca cumplieron con esa promesa.

Fergus Drake, director de Save the Children en el Reino Unido, sostuvo en ese sentido: “Es impactante que cuando el país ha vivido niveles de crecimiento económico sin precedentes, la cifra de niños que carecen de lo esencial como ropa de abrigo o una cama haya crecido tanto”.

Sobre Westgate Street, frente a la empobrecida London Fields que fue uno de los epicentros de los recientes disturbios en Londres, varios afiches de artistas y activistas políticos subrayaban la coyuntura que atraviesa ahora Gran Bretaña: “La pobreza no es un crimen”, “Los jóvenes sin futuro deben recibir oportunidades, no la cárcel” y “La cultura y la educación dignifican, la prisión no”, son algunas de las frases de los pósters.

Para muchos el debate recién comienza, aunque tanto las ONGs como parte de la población consideran que al gobierno de Cameron se le está acabando el tiempo si hace oídos sordos al problema.

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