Dobla cártel de Sinaloa al gobierno de Guerrero

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- La violencia provocada por la guerra entre bandas del narcotráfico que se disputan el control de la entidad, principalmente la plaza de Acapulco, tiene en jaque al gobierno de Ángel Aguirre Rivero.

Además de ser señalado por “La Barredora” –un apéndice del cártel de Sinaloa– como “protector” de su supuesto primo Víctor Aguirre Garzón, identificado como uno de los líderes del denominado Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), el gobernador ha sido duramente cuestionado por maestros de nivel básico que decidieron parar labores desde el pasado 26 de agosto ante la escalada de violencia y la actitud omisa de las autoridades.

Una semana después de que estalló el conflicto magisterial, las autoridades de los tres niveles de gobierno reaccionaron y ofrecieron instrumentar un plan de seguridad en los planteles escolares, con cámaras de vigilancia y botones de pánico, además de retenes y patrullajes aéreos y terrestres.

La respuesta tardía enfureció a los docentes, quienes han advertido que no volverán a las aulas hasta que se garantice plenamente su seguridad en el desempeño de sus funciones.

La suspensión de labores en los planteles escolares de Acapulco, que, de acuerdo con los paristas, afecta a más de 170 escuelas, principalmente de la zona conurbada del puerto, no ha sido la única manifestación de protesta de la sociedad frente al escenario de sangre y muerte que envuelve al principal destino turístico de la entidad.

El pasado 19 de agosto, empresarios gasolineros suspendieron por tres horas el servicio en una veintena de estaciones, debido a los constantes robos, secuestros y extorsiones que padecen.

Durante casi seis meses de administración de Aguirre Rivero, caracterizada por el nepotismo y la opacidad, la estela de sangre y muerte ha ido aparejada del descarado cobro de cuotas, secuestros y extorsiones contra la sociedad civil, que vive asfixiada y paralizada ante la incidencia criminal.

De acuerdo con un informe de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), de enero a agosto pasado se registraron mil 831 homicidios dolosos en la entidad, de los cuales 520 se perpetraron en agosto, que lo convirtió en el mes más violento en lo que va del año.

Según la dependencia, de esos 520 asesinatos ocurridos en el mes que acaba de concluir, 142 se cometieron en Acapulco, donde las bandas de la delincuencia organizada mantienen desde hace dos años una cruenta disputa por la plaza.

Respecto de los secuestros, en los primeros siete meses del año se perpetraron 30 en diversos puntos de la entidad.

Datos oficiales sobre crímenes vinculados con la delincuencia organizada indican que el registro de ejecuciones coloca a este año  como el más violento en relación con los anteriores, cuando Guerrero era gobernado por Zeferino Torreblanca.

De 2005 a 2010, la administración zeferinista dejó una herencia de al menos 202 secuestros, más de 5 mil homicidios dolosos –11 contra periodistas y 447 contra mujeres– y 170 desapariciones, según cifras de la Comisión de Derechos Humanos (Coddehum), incluidas en su informe anual presentado el 28 de marzo pasado.

Sin embargo, en lo que va de la administración de Aguirre Rivero casi se duplicaron los 993 asesinatos perpetrados en 2010, mismos que fueron documentados por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil.

El desmantelamiento del CIDA

La violencia en Acapulco se acentuó a partir del 1 de agosto pasado, cuando la Policía Federal (PF) detuvo a uno de los principales líderes del CIDA, Moisés Montero Álvarez, El Koreano.

El pasado martes 2, el jefe de la División de Seguridad Regional de la PF, Luis Cárdenas Palominos, señaló que en su declaración ministerial El Koreano refirió que la violencia en Acapulco es consecuencia de los enfrentamientos entre el CIDA y “La Barredora”, que se disputan el control de la plaza, además de otras bandas antagónicas que derivaron de la fragmentación del grupo que en su momento encabezó Édgar Valdez Villarreal, La Barbie.

De los cinco principales líderes del CIDA, la PF detuvo el pasado 7 de marzo a Benjamín Flores Reyes, El Padrino, y poco después a El Koreano, mientras que Isidro Juárez Solís, El Kirri, fue abatido en octubre de 2010 por agentes federales.

De acuerdo con reportes oficiales, los otros líderes del CIDA, identificados como Carlos Barragán, El Melón, y Víctor Aguirre, siguen operando en Acapulco, ahora bajo una nueva denominación.

El desmantelamiento del CIDA benefició directamente al grupo antagónico, “La Barredora”, que emprendió una campaña de terror contra el gobierno estatal para imponer su hegemonía.

El poder de “La Barredora”… y los Aguirre

En un contexto donde políticos, autoridades de los tres niveles de gobierno y jefes militares han sido acusados de brindar protección a la estructura del extinto cártel de los Beltrán Leyva, que durante más de una década dominó el corredor Acapulco-Cuernavaca, el gobernador Aguirre ha rechazado cualquier vínculo familiar con el narcotraficante y líder del CIDA, Víctor Aguirre.

En su afán por rechazar cualquier relación con la delincuencia organizada, el gobierno estatal emprendió una ofensiva contra “La Barredora”, que durante la primera quincena de agosto cobró la vida de decenas de personas y colocó narcomantas atadas a cadáveres que fueron arrojados en distintos puntos del puerto.

De acuerdo con reportes oficiales, “La Barredora” es un grupo criminal que se escindió del CIDA y es liderado por Eder Sosa Carvajal, El Cremas, y Cristian Hernández Tarín, El Cris, hijo de Arturo Hernández, El Chaky, un exjudicial que operó en Guerrero durante la “guerra sucia” y fue formado por el general Arturo Acosta Chaparro, vinculado con el crimen organizado.

Otros líderes del grupo criminal, quienes dirigen una célula denominada “El comando del diablo”, han sido identificados por las autoridades estatales como José Sosa, El Capi, y los hermanos Cleotilde, Sóstenes, Moises y Zeferino Toribio Rentería.

El bastión de “La Barredora” se encuentra en la zona conurbada de Acapulco y el perímetro rural que rodea el puerto de Acapulco, según reportes consultados por Apro.

Cabe recordar que, en un hecho inédito, el 21 y el 23 del mes pasado el procurador de Justicia de Guerrero, Alberto López Rosas, presentó en esta capital a 16 hombres acusados de homicidio y secuestro, señalados como miembros de “El comando del diablo”, brazo armado de “La Barredora”.

Los presuntos delincuentes se dedicaban a realizar acciones de vigilancia, cobro de dinero producto de los secuestros y extorsiones, y a descuartizar y tirar cadáveres en Acapulco.

Durante la exhibición de los 16 sujetos, López Rosas pidió una tregua entre las bandas que se disputan el tráfico y comercio de droga en el estado, bajo el argumento de que que sus acciones violentas han afectado más que a nadie a la población civil.

En respuesta, “La Barredora” dijo que aceptarían una tregua “de tres meses” si el gobernador Ángel Aguirre se deslindaba o reconocía públicamente su presunta relación familiar con el narcotraficante Víctor Aguirre Garzón.

De lo contrario, amenazaron con ejecutar a 50 presuntos miembros del CIDA y atentar contra 10 funcionarios del gabinete de Aguirre.

En un comunicado distribuido el 23 de agosto en varias redacciones de diarios locales, la banda criminal al servicio del cártel de Sinaloa se dirigió de forma irónica al gobernador guerrerense.

“Para que tenga buena memoria”, le recordaron que el padre del líder del CIDA es “Don Artemio Aguirre”.

En el mensaje, reproducido por el periódico El Sur en su edición del miércoles 24, el grupo criminal refirió que una de las casas que  supuestamente tenía el Ejecutivo en la calle Suiza, en Caleta, se la vendió a la hermana del narcotraficante, identificada como Rosario Aguirre, y que el inmueble también perteneció al actual alcalde priista de Acapulco, Manuel Añorve Baños, otro primo de Aguirre Rivero que también ha sido vinculado con el narcotráfico.

La vivienda mencionada se encuentra en la zona donde la mañana del pasado viernes 5 un comando atacó tres residencias localizadas en el fraccionamiento Las Playas, una de ellas marcada con el número 71 y la leyenda “Casa Aguirre”, ubicada como “expropiedad” de Rafael Aguirre Añorve, primo del gobernador y del alcalde porteño, según el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez.

De acuerdo con el documento, firmado por “La mano que dirige el comando del diablo”, el líder del CIDA “pregona el apoyo, protección y patrocinio” que supuestamente recibe del gobernador Aguirre Rivero.

Además, señalaba que Víctor Aguirre mantiene el control de los penales con el apoyo de policías ministeriales, comandantes y funcionarios de la Policía Estatal, que supuestamente forman parte del escudo protector del CIDA.

Hasta ahora, el gobierno de Guerrero ha negado cualquier vínculo familiar del Ejecutivo estatal con el líder del CIDA.

En tanto, el gobernador y el procurador de Justicia han afirmado que la detención de los 16 miembros del brazo armado de “La Barredora” repercutió en la disminución de la incidencia delictiva en Acapulco, principalmente en la zona donde ese grupo mantiene su bastión.

De su lado, el CIDA y “La Barredora” redujeron la confrontación que mantenían en las calles y pasaron a la “guerra” de acusaciones y señalamientos contra autoridades estatales, a través de narcovideos difundidos en la red social de Youtube.

El primo

De acuerdo con informes periodísticos, los señalamientos sobre la supuesta relación familiar entre el Ejecutivo estatal y el líder del CIDA datan de 2009, pero se intensificaron en agosto pasado.

La primera ocasión en que se exhibió públicamente la supuesta relación familiar fue el 23 de septiembre de 2009, fecha en que aparecieron dos narcomantas en distintos puntos de Acapulco.

El mensaje decía que cuando estuvo preso, Víctor Aguirre se asumió como primo “del político Ángel Aguirre Rivero” –que en ese tiempo se desempeñaba como senador priista–, por lo que presuntamente gozaba de protección oficial.

Además, se le responsabilizó de controlar la venta de droga al interior de la cárcel de Las Cruces y ordenar la muerte de supuestos pistoleros al servicio del cacique priista de Petatlán, Rogaciano Alba Álvarez, detenido en febrero de 2010 por sus nexos con el cártel de Sinaloa.

La segunda ocasión en que se vinculó a Aguirre Rivero con el líder del CIDA fue el 27 de enero de este año, cuando, siendo candidato de la izquierda a la gubernatura de Guerrero y a tres días de la elección, fueron colocadas dos narcomantas en zonas públicas de Acapulco.

Más tarde, el 11 de abril, seis días después de que un grupo armado incendió el “Acatianguis”, asentado en la zona conurbada del puerto, comerciantes bloquearon el bulevar Vicente Guerrero y responsabilizaron al CIDA del siniestro. Además, exigieron al gobernador que detuviera “a su primo” Víctor Aguirre.

El panfleto que desató la psicosis en las escuelas

El paro laboral en distintas escuelas de Acapulco inició después de que un trabajador administrativo de un plantel escolar, ubicado en la zona conurbada del puerto, recibió un mensaje en el que se le exigía la entrega de la mitad del salario del personal docente a manera de “cobro por derecho de piso” o de lo contrario serían asesinados.

En entrevista, varios profesores que participan en el paro, quienes pidieron el anonimato por temor a represalias, afirmaron que el panfleto fue sólo un detonante ante el miedo y la psicosis que ha provocado la narcoviolencia en la sociedad porteña, pues, según dijeron, existen casos de secuestros y extorsiones en contra del sector magisterial de Acapulco que no han sido denunciados ante la desconfianza en las instituciones.

Pese a que en un principio las autoridades estatales y municipales minimizaron y descalificaron la protesta de los docentes, al afirmar que se trataba de una estrategia “para no laborar”, el delegado de Servicios Educativos en la región Acapulco-Coyuca, Julio Bernal Reséndiz, reconoció públicamente que hasta el lunes 29 de agosto, cerca de 400 trabajadores del magisterio mantenían cerrados 90 planteles, medida que perjudicaba a cerca de mil 500 alumnos de centros educativos localizados en las colonias Ciudad Renacimiento, La Venta, Las Cruces y Emiliano Zapata.

El pasado lunes 5, los profesores informaron que de los 500 centros educativos que existen en la región escolar Acapulco-Coyuca, 350 habían parado labores.

Al siguiente día el gobernador desmintió esa información, al asegurar que sus datos indicaban que sólo 52 escuelas estaban cerradas.

Luego anunció un “plan de seguridad” en los planteles escolares de Acapulco y 14 municipios más, entre ellos Chilpancingo, Iguala, Taxco, Pungarabato, José Azueta, Petatlán y Tecpan, zonas donde el narcotráfico mantiene sometida a la sociedad.

No obstante, Aguirre Rivero se negó a hablar sobre las “cuotas” que cobra el crimen organizado al sector productivo en la entidad. Sólo se limitó a decir que ante la escalda de violencia desatada, “todos somos vulnerables” de sufrir los embates del crimen organizado.

La tibia respuesta del gobernador convenció a los docentes porteños de no regresar a las aulas hasta que las autoridades garanticen absoluta seguridad en las colonias donde se encuentran sus escuelas.

Sin embargo, el conflicto tiende a agudizarse, debido a que desde el martes 6 miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) tomaron las oficinas centrales de la SEG, en esta capital, así como las subcoordinaciones de servicios educativos que se localizan en las ocho regiones escolares de la entidad.

La medida de la CETEG es en respaldo a la exigencia de mayor seguridad en las instituciones, debido a que los casos de secuestro, hostigamiento y extorsión contra trabajadores de la educación no sólo se presentan en Acapulco, sino también en las regiones Centro y Tierra Caliente, donde cada día los docentes corren el riesgo de ser “levantados” cuando se trasladan a los centros educativos ubicados en la zona de la sierra, informó el dirigente del magisterio disidente Gonzalo Juárez Ocampo.

Ayer, el dirigente de la sección XIV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Emiliano Díaz, se reunió con los representantes sindicales de los trabajadores que impulsaron el paro en Acapulco.

Al término del encuentro, que se prolongó por más de cinco horas, el líder del SNTE en la entidad declaró a los medios de comunicaciónn que si las autoridades hubieran puesto la atención debida a la exigencia de los docentes, el paro laboral ya habría concluido a estas alturas.

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