Nuevo León: atrocidades de la Marina

Desde hace casi dos años, cuando efectivos de la Marina empezaron a actuar contra el crimen organizado en Monterrey, se han multiplicado las muertes y cautiverios de inocentes, los cateos sin orden judicial, las desapariciones, las torturas y hasta ejecuciones que se atribuyen a integrantes de la Armada. Una defensora de los derechos humanos afirma que los marinos tienen “permiso implícito para violar la Constitución”, de modo que “pueden robar, secuestrar, desaparecer, matar, y no pasa nada”.

MONTERREY, NL.- A casi dos años de haber iniciado sus operaciones contra el crimen organizado en esta zona, la Marina-Armada de México acumula un largo historial de acusaciones por violaciones a derechos humanos: cateos sin orden judicial, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones, ejecuciones, muertes de inocentes y criminalización de ciudadanos sin mayor sustento que supuestas denuncias anónimas.
Los excesos de los marinos son conocidos desde finales de 2009, pero no fue sino hasta el pasado lunes 19 cuando un actor político, el diputado federal Eduardo Bailey Elizondo, denunció haber sido víctima de un abuso.
El legislador federal priista, coordinador de la bancada nuevoleonesa en la Cámara de Diputados y activo promotor de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, sostuvo que la madrugada del jueves 15, cuando fue a Toluca para asistir a la toma de posesión como gobernador de Eruviel Ávila, unos 30 marinos a bordo de seis camionetas blindadas llegaron a su casa en Monterrey.
Sin más, sometieron a su esposa y a sus hijos.
Ahora, de acuerdo con el legislador, quien concedió varias entrevistas a medios locales el lunes 19, los marinos se disculparon asegurando que había sido un error, producto de una denuncia anónima que señalaba la presencia de hombres armados.
Pero el diputado se dijo extrañado de que el operativo en su domicilio se hubiera efectuado luego de que hizo diversas declaraciones en torno a los permisos de los casinos, en virtud de que él fue uno de los impulsores de la integración de una comisión legislativa que investigue los permisos otorgados por el gobierno federal.

La denuncia anónima

En esta ciudad y su zona conurbada, la Marina-Armada de México inició en noviembre de 2009, antes que en ninguna otra parte del país, sus operaciones en tierra como parte de la guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico.
Como en el caso del diputado Bailey, en la zona se han realizado miles de cateos ilegales con el pretexto de que hubo denuncias anónimas, de modo que los barrios pobres viven bajo un auténtico Estado de sitio, pues tan sólo en los días que siguieron al incendio del casino Royale El Universal y Notimex publicaron que la cifra de cateos realizados por fuerzas federales ascendía a 20 mil.
Uno de esos casos fue el de la familia Acosta, de Apodaca. A Gustavo Acosta Luján le dieron un tiro en la cabeza cuando abrió la puerta de su casa ante un operativo de la Marina. Cayó de espaldas, ante la mirada aterrorizada de su padre y los gritos de hombres, mujeres y una niña, quienes se tiraron al suelo para hacer entender al comando que no oponían resistencia. Convertido, por voluntad del comando, en “criminal”, hasta un alias le inventaron a Gustavo Acosta.
Y no cualquier alias. De acuerdo con el comunicado de la Marina, emitido el jueves 1, Acosta Luján tenía por alias M-3. Esa era la clave abreviada de El Metro 3, Samuel Flores Borrego, uno de los líderes del cártel del Golfo ejecutado ese mismo día, por cierto, aunque su cuerpo fue localizado un día después cerca de Reynosa.
Según la familia Acosta, como a la una de la madrugada del jueves 1 el operativo llegó a su vivienda, en la colonia Jardines de San Andrés.
María Guadalupe Luján, madre de Gustavo, sostiene que los marinos llegaron a su casa y arremetieron contra la puerta. Su hijo Gustavo, de 30 años, intentó calmarlos y les pidió que lo dejaran ponerse el pantalón. Al abrir recibió el disparo.
En la vivienda se encontraban Gustavo Acosta Reyes y María Guadalupe Luján, padres de la víctima, además de sus otros hijos, Daniel y Paola, y su nieta, de nueve años. Abatido Gustavo, a Daniel, de 19 años, lo encapucharon y le pusieron un arma en las manos mientras los demás eran sacados de su hogar caminando descalzos entre vidrios.
El comunicado de la Secretaría de Marina (Semar), emitido la tarde del jueves 1, estableció que una denuncia anónima alertó sobre la presencia de criminales armados, por lo que acudieron a esa colonia. Sus elementos afirmaron que fueron recibidos a tiros, por lo que repelieron la agresión y resultó muerto “el presunto delincuente” Gustavo Acosta.
Agregaron que en el interior de la vivienda localizaron una subametralladora calibre 9 milímetros, un rifle AR-15 y varias dosis de cocaína. A unas casas de ahí la Marina habría detenido a Osnoel Orlando Peña Serna, alias Mascarita o Chaparro, a quien le encontraron, según el comunicado, 250 dosis de cocaína y 50 gramos de mariguana.
Los miembros de la familia Acosta negaron haber tenido armas o droga y exigieron explicar el alias inventado a Gustavo. “Pudieron hacer cualquier cosa en la casa”, advirtió el padre del fallecido el día de su funeral.

Desaparición forzada

En junio pasado, la Marina desplegó tropas en Sabinas Hidalgo, un municipio que se ha visto afectado tanto por la violencia del hampa como por las operaciones de las Fuerzas Armadas.
Como ocurre ya en el área metropolitana de Monterrey, en esa zona las incursiones domiciliarias y las detenciones arbitrarias se hicieron frecuentes desde diciembre pasado, cuando la Secretaría de Marina empezó a dar a conocer acciones en las que detenía o “abatía” a presuntos integrantes de Los Zetas.
Sin embargo, en junio pasado al menos una docena de jóvenes habitantes de ese municipio fueron detenidos por marinos, según testimonios recabados por Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., de Nuevo León (CADHAC), que ya interpuso dos denuncias.
Los familiares de las víctimas pidieron reservar sus identidades, dado el clima de terror que prevalece, pues se producen represalias contra quienes denuncian a la Marina.
Uno de esos casos se produjo cuando un joven hacía base en un sitio junto a su padre, taxista también. El padre del joven, habituado ya al trajín de militares y marinos en el área, ni siquiera se había percatado de que frente a él los infantes llevaban a su hijo detenido, pero alguien le señaló la escena. Entonces corrió para interponerse en el trayecto del camión.
Con desesperación clamó por su liberación gritando que era inocente. Sólo le dijeron que si estaba “limpio” se lo regresarían. Hasta ahora no ha vuelto y, luego de varios amparos, ni la Marina ni autoridad alguna admiten tenerlo bajo su custodia.
Otro caso, de los 12 sobre los cuales se tiene registro en el mismo mes, fue el cateo en una vivienda. A medianoche los marinos llegaron, amagaron a una familia y se llevaron a uno de sus miembros, sin que hasta el momento se conozca su destino.
El común denominador de esos operativos de la Marina, como lo ha documentado CADHAC, es que las personas detenidas son llevadas a un lugar desconocido, de modo que cuando sus parientes exigen que se les someta a un proceso conforme a la ley, la Semar niega que se hayan realizado los operativos correspondientes, aunque sus efectivos hayan aterrorizado a las familias y se hayan llevado objetos de valor de sus casas.

Cronología mortal

El primer operativo de la Infantería de Marina en tierra, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, ocurrió en Juárez, Nuevo León, el 4 de diciembre de 2009, dos semanas antes del tiroteo en el que murió Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca.
Aquel 4 de diciembre la Marina tomó por asalto una finca llamada La Concordia cuando aparentemente los mandos de la plaza pagaban la nómina y el aguinaldo a sus jefes de “estaca”, como se conoce a las células de Los Zetas.
El operativo fue un desastre. Los infantes abatieron a Ricardo Almanza Morales, alias El Gori 1, mando de Los Zetas en el área metropolitana, cuyo cuerpo –junto con el de seis personas más– fue expuesto a medios de comunicación con los pantalones abajo… igual que el cuerpo de Beltrán Leyva dos semanas después.
El cerco de seguridad tendido por la Infantería de Marina en La Concordia fue insuficiente y unas 15 camionetas lograron huir rumbo al casco urbano de Juárez, donde un convoy del Ejército, sin saber del operativo de la Marina, acudía a un reporte de tiroteo. Criminales y soldados se toparon en una avenida céntrica a la hora de salida de las escuelas.
En el fuego cruzado una mujer que recogía a su hija murió y su pequeña recibió un tiro en la cabeza. Ahí hubo siete muertos más y al menos seis soldados resultaron heridos. Por la tarde, un comando presuntamente de zetas reventó una casa de seguridad en Escobedo, Nuevo León, liberó a 17 detenidos de esa organización criminal y ejecutó a dos agentes federales (Proceso 1728).
La ausencia de coordinación entre el Ejército y la Marina se agrava porque ésta muchas veces utiliza vehículos no oficiales. Mandos militares destacamentados en Nuevo León comentaron al reportero su temor de que, al detectar hombres armados en vehículos civiles, les disparen sin saber que son marinos.

Encubrimientos entre corporaciones

El encubrimiento de crímenes también se facilita por la ausencia de coordinación e información interinstitucional, como ocurrió con una ejecución y una desaparición en las que está implicada la Marina.
El 21 de marzo de 2010, el secretario de Seguridad Pública de Santa Catarina, René Castillo Sánchez, un exmilitar, fue víctima de un atentado. Iba acompañado por sus subalternos, los titulares de Policía, Luis Eduardo Murrieta Maya, y de Tránsito, Antonio Marroquín.
Sus escoltas intentaron repeler la agresión. En la refriega murió el policía David Hernández Rangel, además de un civil ajeno a los hechos. Un matrimonio de ancianos resultó herido, así como Murrieta Maya.
Hubo dos detenidos, Lucio Barajas y Humberto Márquez Compeán, quienes fueron transportados en un helicóptero de la Marina a un hospital. Márquez nunca ingresó, aunque al abordar la aeronave fue captado por las cámaras de la televisión local. Horas después fue encontrado muerto, con marcas de tortura, en un predio de San Nicolás de los Garza.
En un comunicado, la Semar responsabilizó de la custodia de Márquez Compeán a funcionarios municipales, con el argumento de que sólo había facilitado el helicóptero. En tanto, el entonces secretario de Seguridad, René Castillo, declaró que “por ser militar” no diría nada sobre la muerte de quien identificaron como narcomenudista.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitirá pronto una recomendación por otro hecho, esta vez de desaparición forzada, ocurrido el 12 de noviembre de 2010, en el que están implicados agentes municipales, ministeriales del estado y marinos.
Se trata del caso de Jehú Abraham Sepúlveda Garza, empleado de una constructora que fue detenido por estacionarse en un lugar prohibido afuera de una tienda Oxxo, a unas calles de su oficina. Había dejado sus identificaciones en su escritorio. Fue llevado por dos agentes de tránsito a la comandancia de San Pedro Garza García.
Un video obtenido por su familia deja ver que, antes de ser ingresado, Jehú fue entregado al agente ministerial Miguel Guadalupe Escobedo, alrededor de las 7:00 de la tarde de ese 12 de noviembre. Una hora después Jehú fue conducido a una patrulla por los agentes ministeriales Brenda Lizeth Perales y Mario Berlín López, bajo el mando del comandante Javier Rangel Rojas.
En los registros de la policía de San Pedro, de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y del cuartel de la Marina no se asentó el ingreso de Jehú. No obstante, de acuerdo con las declaraciones contenidas en la averiguación previa 347/2010-III del fuero común, la detención se produjo pese a que los agentes que la confirmaron cayeron en contradicciones.
Según los agentes de tránsito, el ministerial Escobedo pidió la custodia de Jehú, pero el agente dice que se lo entregaron con el argumento de que pertenecía a la delincuencia organizada y que él, a su vez, lo entregó al comandante Rangel; éste, por su parte, declaró que lo llevó a la AEI, donde lo retuvo dos horas sin causa y que luego lo entregó a la Marina.
Frente a los amparos y pedimentos de información, la Semar negó tener al detenido a pesar de que, en una diligencia efectuada el 28 de noviembre, los marinos Francisco Meneses González y Arnulfo Alejandro García admitieron haberlo interrogado, pero aseguraron que lo dejaron libre 15 minutos después. En otra diligencia, la Semar volvió a negar la detención.
El caso está contenido en el informe de Human Rights Watch sobre desapariciones y asesinatos en Nuevo León. Janeth Olazarán, esposa del desaparecido, y Yadira Sepúlveda integraron la investigación que el Ministerio Público no ha seguido.
La coordinadora de CADHAC, Consuelo Morales Elizondo, insiste en la gravedad de las operaciones:
“Les han dado un permiso implícito para que violen la Constitución. Estamos en total vulnerabilidad, pues no hay estado de derecho. Los marinos, militares, policías federales y hasta los agentes de tránsito pueden robar, secuestrar, desaparecer, matar, y no pasa nada.
“Cuando los crímenes son de la delincuencia organizada, presionamos a la autoridad para que cumpla, pero cuando es la autoridad, y más siendo la federal, sin control ciudadano de ningún lado, la impunidad es plena”, concluye.

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