A la CIDH el caso de indígena violada y ejecutada por militares en 2007

Guillermo Galván, titular de la Sedena. Foto: Germán Canseco
Guillermo Galván, titular de la Sedena.
Foto: Germán Canseco

XALAPA, Ver. (apro).- El caso de la indígena Ernestina Ascencio Rosario, asesinada en febrero de 2007 por presuntos militares, será enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en virtud de que se agotaron todos los procedimientos legales en las instituciones mexicanas “sin ningún resultado en la aplicación de la justicia”.

Así lo señaló el activista Julio Atenco Vidal, presidente de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ), quien señaló que las abogadas Carmen Herrera y Pilar Noriega, de la Asociación de Abogados por la Defensa de los Derechos Humanos, preparan ya el recurso correspondiente para presentarlo ante la CIDH.

Mencionó que las comunidades del municipio de Soledad Atzompa –de donde era originaria la indígena de 72 años de edad, quien el 25 de agosto de 2007 fue violada y asesinada por presuntos militares–, que a la fecha siguen reclamando justicia, recurrieron al apoyo de dos grupos de abogados especializados en la defensa de los derechos humanos.

En este caso, dijo, “contamos con el apoyo” del equipo de abogados dirigido por Miguel Cano y por el de la Asociación de Abogados por la Defensa de los Derechos Humanos, quienes ante las instancias judiciales, tanto estatales como federales, reivindicaron el derecho a la información, es decir “a conocer la verdad sobre las causas que motivaron la muerte de la anciana indígena”.

Atenco Vidal puntualizó que este proceso inició luego de las “pifias” de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) y del exgobernador Fidel Herrera Beltrán, quien a pesar de haberse comprometido a aplicar la justicia en el caso de la indígena asesinada, se desistió y avaló lo dicho por el presidente Felipe Calderón, en el sentido de que había muerto “por una gastritis aguda y no por violación”.

A través de un amparo de la justicia federal, diversas organizaciones civiles y familiares de la víctima exigieron su derecho a la información, establecido tanto en la Constitución federal como en la local, ante la negativa de las autoridades estatales para entregar el expediente relativo a los peritajes realizados tras el fallecimiento de la indígena.

Luego de un largo proceso, explicó el activista, el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que recientemente emitió el falló y ordenó a la PGJE que entregara la información solicitada, “pero lo que entregaron las autoridades fue la misma basura de siempre”, es decir, “nada”.

Ante ello, detalló, hace unos días las abogadas Herrera y Noriega consultaron e informaron que luego de haberse agotado todas las instancias relacionadas con la aplicación de la justicia en México, estarían ya listas para presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Nosotros confiamos que los procedimientos que han seguido estas compañeras son los adecuados y aprobamos que presenten el caso, ya que hay familiares de la señora Ernestina que están dentro de nuestra organización y que seguramente tendrán que ratificar la denuncia ante esta instancia internacional”, subrayó.

A través de estos familiares cercanos de Ascencio, cuyo nombre se reservó para evitar que sean presionados por parte de las autoridades estatales, como ocurrió con los hijos de la anciana asesinada, el activista detalló que solicitaron a las abogadas que los representara en todo este procedimiento ante las instancias judiciales mexicanas y ahora ante la CIDH.

Atenco Vidal dijo desconocer cuándo será presentado este caso ante la CIDH, “pero será pronto”, agregó, porque en este momento se está preparando el expediente y recabando e integrando todos los elementos de prueba contra la actuación de las autoridades por negar información sustantiva sobre las pruebas periciales practicadas por peritos de la PGJE.

Estos peritajes, subrayó, “podrían demostrar la existencia del delito de violación y asesinato”, información que el gobierno del estado negó reiteradamente, aun cuando la SCJN ordenó que se entregara a quienes promovieron el amparo. “La PGJE vuelve a dar la basura que ya conocíamos, sólo es un juego para ellos”, insistió.

Lo que en este caso se está exigiendo son las pruebas periciales, puntualizó, “porque eso es lo que realmente puede demostrar o no la configuración del delito” y la probable responsabilidad de elementos del Ejército mexicano en la muerte de la anciana indígena, que perdió la vida luego de ser atacada en su propia comunidad, Tetlatzinga, municipio de Soledad Atzompa.

“Lo que se quiere demostrar es que Ernestina Ascencio fue violada y asesinada, y que no murió por una gastritis, como lo suscribió la supuesta investigación de la PGJE y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en ese entonces presidida por José Luis Soberanes, quien solio fungió como comparsa a lo dicho por el propio Calderón”, acusó.

A cuatro años de los hechos ocurridos en la sierra de Zongolica, dijo, las comunidades indígenas y las organizaciones civiles que conocieron del caso siguen esperando justicia para la anciana de 72 años de edad, asesinada y ultrajada, “por lo que ahora tenemos la esperanza de que instancias internacionales actúen para que se conozca la verdad de los hechos”.

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