Capturan a otro implicado en homicidio de diputado priista

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- La Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE) presentó a Juan Miguel Martínez Plácido, El Gordo o El Pequeño, como el presunto enlace entre el alcalde priista de Tlapa de Comonfort, Willy Reyes Ramos, y los sicarios que interceptaron y ejecutaron al diputado federal del PRI, Moisés Villanueva de la Luz y su chofer, Eric Estrada en septiembre pasado en la región de la Montaña de la entidad.

Martínez Plácido, de 22 años y originario de la ciudad de Tlapa, es señalado como operador de la banda delictiva denominada Los Rojos, una facción del extinto cártel de los Beltrán Leyva.

El Gordo fue detenido el domingo 20 en una casa de seguridad ubicada en el centro de Chilpancingo, después de “varios intentos de captura”, indicó el subprocurador César de los Santos Mendoza.

Durante una rueda de prensa, realizada en la sede de la Policía Ministerial Estatal (PME), al sur de esta capital, el funcionario estatal informó que de acuerdo con las primeras declaraciones del detenido, éste refiere que Willy Reyes lo contrató, a través de “una tercera persona”, para que asesinara al diputado Moisés Villanueva, a cambio de 300 mil pesos.

Posteriormente, El Gordo o El Pequeño contrató a Antonio Jiménez Chino, El Fantasma o El Baleado, un joven de 19 años que dirigía una “patrulla” al servicio de Los Rojos en la ciudad de Chilapa y actualmente preso en el penal de Chilpancingo, para que participara en el crimen, debido a que Martínez Plácido “no tenía armas”, indica la versión de la PGJE.

El sábado 3 de septiembre, El Gordo refiere que junto con El Fantasma se reunieron en la ciudad de Tlapa, donde fueron contactados por el propio alcalde priista en un punto ubicado entre una gasolinera y una tienda de autoservicio.

Reyes Ramos llegó al lugar a bordo de una camioneta Grand Cherokee, color arena, acompañado por tres de sus escoltas.

Enseguida, los dos pistoleros se subieron al vehículo y el edil priista les entregó 300 mil pesos, en billetes de 500 pesos, y les dijo que la persona que deberían matar iba a acudir al festejo del diputado local del PRI, Javier Morales Prieto, que se realizó la noche del domingo 4 de septiembre, indicó el subprocurador de Justicia.

Posteriormente, detalló el funcionario, el detenido hizo referencia a la forma como interceptaron al diputado federal y su asistente, durante la madrugada del lunes 5 en el tramo carretero que une los municipios de Huamuxtitlán y Xochihuehuetlán, región de la Montaña, donde ambos fueron ejecutados y sus cuerpos localizados dos semanas después.

En el doble crimen habrían participado cinco personas, tres de ellos detenidos: Antonio Jiménez Chino, El Fantasma, y su tío Florencio Jiménez, quien se desempeñaba como agente de la Policía Ministerial adscrito en el municipio de Huamuxtitlán, aprehendidos a principios de octubre, así como Miguel Martínez Plácido, El Pequeño o El Gordo.

Dos más permanecen prófugos, quienes fueron identificados como Manuel Martínez Molina, El Cua Cua, y Luis Manuel Ortega García, El Yogui.

Y uno más identificado como Jorge El Baleado, quien fue ejecutado e inhumado clandestinamente el pasado 2 de noviembre en la ciudad de Chilapa. Este crimen fue perpetrado por Martínez Plácido con el propósito de “borrar evidencias”, aseguró la PGJE.

Apenas este jueves 17, durante una sesión en el Congreso local para recordar al diputado federal ejecutado, su viuda Lucía Leyva Rojas pidió al pleno legislativo que agilice el trámite del juicio de procedencia y apruebe el desafuero de Willy Reyes, quien es señalado por la PGJE como presunto autor intelectual del doble crimen.

Por su parte, el diputado local priista, Marco Antonio Leyva, quien preside la Comisión Instructora, informó que el dictamen sobre la procedencia del desafuero del edil tlapaneco, que sería presentado ese jueves, se pospuso debido a que la PGJE aportó recientemente nuevas pruebas contra Reyes Ramos, que deberán ser analizadas en los siguientes días.

En tanto el edil tlapaneco ha denunciado que la acción de la PGJE se trata de “un complot político” que tiene como objetivo dejarlo fuera de la contienda electoral del próximo año, debido a que aspira a la diputación federal por el distrito 5 con sede en Tlapa, que se encuentra vacante por el homicidio de Villanueva de la Luz.

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