El miniejército de Peña Nieto

Cusaem. Ni privado ni público. Foto: Benjamin Flores
Cusaem. Ni privado ni público.
Foto: Benjamin Flores

Crecieron al amparo del gobierno de Enrique Peña Nieto y tienen en sus filas a más de 35 mil elementos –más del doble de los agentes adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana–, según estimaciones oficiales. Se trata de los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem), un organismo que hoy ni las secretarías de Seguridad Pública ni la Defensa Nacional pueden meter en cintura. Desde hace un año, el diputado Carlos Madrazo Limón denunció ante la PGR las irregularidades con las que se conduce ese “mini-ejército”, como lo califica el legislador.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Considerados como una “mina de oro” –sus ingresos anuales superan los 2 mil millones de pesos, sin fiscalización alguna–, los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem) operan también como una “caja chica” de los políticos mexiquenses, en particular para Enrique Peña Nieto, en cuya administración proliferaron los servicios privados de escolta y traslado de valores de ese organismo.

De acuerdo con oficios del Instituto del Seguridad Social del Estado de México (Issemym), durante la gestión de Peña Nieto Cusaem llegó a tener oficialmente 14 mil 162 elementos, aunque en su página electrónica la corporación menciona “una cifra superior a los 17 mil” y de que otras fuentes estatales hablen de 35 mil. Esta cifra supera ampliamente a los 16 mil agentes adscritos a la Agencia de Seguridad Estatal –rebautizada como Secretaría de Seguridad Ciudadana por Eruviel Ávila, sucesor de Peña Nieto.

Cusaem es “una especie de ornitorrinco”, advierte el diputado local Carlos Madrazo Limón, quien insiste en que se investiguen las irregularidades de estos cuerpos policiacos. “Cuando les conviene a las autoridades estatales y federales (Cusaem) es una policía pública; cuando no, es una policía privada, sintetiza el legislador en entrevista con el reportero.

La “corporación” –como se le denomina en los contratos con dependencias federales, según las copias obtenidas por Proceso– puede cobrar desde 3 millones 300 mil pesos anuales por servicios de vigilancia de 12 elementos en Liconsa, hasta 100 millones anuales para custodiar los bienes decomisados por el gobierno federal al narcotráfico, como en el caso del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), de la Secretaría de Hacienda.

Además, los grandes contratos se otorgan por adjudicación directa, sin someterse a los concursos de licitación correspondientes.

Según distintos estudios e información de personas que laboran en la institución, Cusaem tiene más de 3 mil clientes, a los cuales proporciona servicios de guardias intramuros, custodia de mercancías de movimiento, custodia personal para empresarios, detección de armas, narcóticos, guardia, protección y ataque, entre otras, incluyendo asistencia multilingüe.

Controlado por un grupo de 110 comandantes que lo administran como si fuera una “franquicia de servicios de seguridad”, Cusaem es un verdadero miniejército, pues cuenta con armamento de punta, un parque vehicular superior a las 600 unidades de servicio y patrullaje. Su cobertura abarca el Valle de México y varios estados.

“Estamos hablando de un organismo tan irregular, que puede ser considerado delincuencia organizada”, advierte Madrazo Limón, presidente de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. Hace un año, Madrazo Limón interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República contra quienes resulten responsables por las irregularidades con las que opera Cusaem.

No son pocos los casos registrados en la prensa en los cuales han estado implicados en casos delictivos elementos de Cusaem. En junio de 2009, por ejemplo, fue capturado un grupo de zetas en Jalisco y Querétaro, nueve de los cuales portaban armas de Cusaem y credenciales firmadas por el entonces director de esa corporación, Ciro Mendoza Becerril.
El 9 de junio de ese año, en su emisión unomasunoradio el editor mexiquense Naim Libien Kaui acusó a Cusaem de ser “centro de reclutamiento” de sicarios de Los Zetas.

En febrero de 2010, tres policías que escoltaban a José Jorge Balderas, El J.J. –detenido por su presunta participación en la agresión al futbolista paraguayo Salvador Cabañas–, pertenecían a Cusaem. Los tres comparecieron ante la fiscalía especial en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en la delegación Álvaro Obregón.

En esa ocasión también comparecieron Marco Rutilio Vargas, José Ángel Cabello y Rey Antonio López Vázquez, director jurídico, coordinador operativo y apoderado legal de Cusaem, respectivamente. Asimismo rindió su declaración José Roberto Mancio Bonilla, jefe del agrupamiento 41 de Cusaem, quien tramitó un contrato de servicio de escolta con Maximiliano Peralta Sáenz, una de las siete identidades del J.J., en septiembre de 2008.

Y en agosto pasado, un incidente en Polanco documentó que una de las ladies que agredieron a policías del Distrito Federal –Azalia Ojeda, quien participó en la primera versión del programa televisivo Big Brother– trabajó en Cusaem durante 62 días en el cuerpo denominado Grupo Atenea, especializado en custodia personal e integrado sólo por mujeres. Su tarea consiste en escoltar a mujeres y niños.

Reforma legal a medias

Frente a los numerosos casos de escándalos que involucran a Cusaem y a las denuncias y críticas presentadas por legisladores mexiquenses y federales de la oposición, el 10 de octubre último el titular de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) –ahora denominada Secretaría de Seguridad Ciudadana–, Salvador Neme Sastré, habló de regular a esos cuerpos, pero omitió hablar sobre la posibilidad de fiscalizar sus millonarios ingresos.

Dos días después, el Congreso mexiquense aprobó por unanimidad la nueva Ley de Seguridad Estatal. En su artículo 103, la nueva disposición menciona la posibilidad de que las autoridades locales brinden “servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad a dependencias y organismos públicos, sociedades mercantiles, asociaciones, instituciones educativas y a particulares, por conducto de los organismos que se creen con base en las normas legales aplicables en su carácter de auxiliares de la función pública”.

Un artículo transitorio, propuesto por los diputados panistas Carlos Madrazo Limón y Gustavo Parra Noriega, así como por el priista Carlos Iriarte Mercado, establece que el Ejecutivo estatal deberá “expedir disposiciones administrativas” para regular a policías auxiliares como los de Cusaem.

En la discusión, José Manzur, presidente de la Junta de Coordinación Política, afirmó que “no sé por qué satanizan tanto el trabajo de Cusaem de 20 mil o 22 mil policías que están dándole servicio a muchas oficinas de gobierno, a muchas empresas y que están trabajando bien”.

Lo que autoridades mexiquenses y federales rechazan con energía es tener alguna responsabilidad en la forma en que Cusaem maneja sus fondos y en la falta de auditorías; lo mismo alegan sobre el manejo de los permisos de portación de armas para los agentes de esa corporación, y se deslindan de las constantes acusaciones sobre sus presuntos nexos en delitos contra la salud.

A raíz del caso del J.J., la prensa mexiquense informó que el director de Cusaem, Ciro Mendoza Becerril, protegido del entonces gobernador Enrique Peña Nieto, sabía de las operaciones de narcomenudeo que efectuaba José Jorge Balderas en centros nocturnos ubicados en los municipios mexiquenses de Atizapán, Naucalpan, Tlalnepantla, Huixquilucan y Tecamachalco.

Mendoza Becerril fue relevado de la dirección de la Cusaem el 20 de marzo de 2010. En su lugar quedó Orlando Seguel, de origen chileno, quien se había desempeñado como jefe de la Ayudantía del propio Peña Nieto. El director operativo de la corporación, José Ángel Cabello, fue sustituido por Arturo Centeno Cano, antiguo jefe de escoltas de Peña Nieto.

Los relevos se realizaron en una ceremonia privada en las instalaciones de Cusaem en Tlalnepantla. El evento estuvo encabezado por el entonces comisionado de la ASE, David Garay Maldonado.

Al igual que el J.J, la Cusaem también tiene varias identidades y razones sociales. Su primer registro fiscal data de 1948, año en el que se creó la Jefatura de Policía Independiente del Estado de México y/o Cuerpo de Guardas de Seguridad Bancaria y Comercial. El gobernador era Alfredo del Mazo Vélez, padre de Alfredo del Mazo González y tío abuelo de Enrique Peña Nieto. Los tres exgobernadores son representantes de las dinastías políticas surgidas en Atlacomulco.

Otro registro data de 1985, época en que Del Mazo González estaba al frente del gobierno mexiquense. Según el RFC CGS85 12298A8, corresponde al Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Toluca. El documento acreditado ante el SAT indica que la actividad preponderante del organismo era la prestación de “servicios administrativos municipales”.

Y un tercer registro –el RFC CVA880 629LF9– corresponde al Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México. Tampoco especifica que cobre por servicios de seguridad privada. Sólo menciona como actividad preponderante los “servicios administrativos municipales”.

Esta última denominación, de acuerdo con el registro de derechohabientes del Issemym, tiene 8 mil 285 integrantes, como indica el oficio del 14 de junio de 2010 enviado por María Elena Vázquez Villagrán al diputado Madrazo Limón. Esta misma funcionaria informa que existen 2 mil 996 policías derechohabientes que pertenecen al cuerpo de Seguridad Industrial, Bancaria, Comercial y Urbana del Valle de Toluca. Y 2 mil 881 que están adscritos al cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Toluca.

Así como no es clara su denominación fiscal ni su adscripción al sistema de seguridad social estatal, tampoco se conoce el número exacto de su plantilla laboral. En su página oficial www.cusaem.org.mx menciona que cuenta con 17 mil elementos, pero otras fuentes señalan que en realidad son 35 mil.

Cualquiera de las tres cifras (14 mil 162, 17 mil o más de 35 mil) convierten a la Cusaem en el cuerpo privado de seguridad más grande del país.

Su expansión más importante se produjo durante el gobierno de Peña Nieto, cuando se planteó incorporar a los elementos de Cusaem en nuevos servicios.

En agosto del año pasado se creó el grupo de élite femenil Atenea, encargado de brindar servicios de escolta y protección a empresarios, negocios y esposas de la entidad y del Valle de México, con un costo de 27 mil 600 pesos mensuales por escolta femenina.

En el mismo mes los miembros de Cusaem comenzaron a incursionar en el traslado de valores. Se dotó a la corporación de camionetas y tecnología para el rastreo satelital. En la primera etapa se contó con 10 camionetas blindadas para ofrecer el traslado de dinero de empresarios que lo soliciten. “Contamos también con rastreo satelital”, presumió el entonces director de la corporación, Ciro Mendoza.

En 2009 se creó el sistema Travel Security Services, que incorporó todos los nuevos servicios de Cusaem. Se incluyó una agencia de guardaespaldas para empresarios o artistas que visiten el Estado de México, con costos que oscilaban entre 250 y 400 dólares por día. En todos los casos se trata de escoltas equipados con armas largas, equipos de radiocomunicación y vehículos blindados. Se presumió que tenían 60 elementos con capacitación para este tipo de bodyguards, con asistentes con dominio del inglés, francés, italiano y español.

La prensa mexiquense mencionó como los beneficiarios de este esquema de la Cusaem al entonces secretario de Gobierno Luis Miranda Nava, al exprocurador y actual diputado federal Alfonso Navarrete Prida, y al exsecretario de Gobierno, Manuel Cadena Morales. Los tres eran integrantes del Consejo de Administración.

Algunas versiones extraoficiales señalan que de los más de 2 mil millones de pesos de ingresos obtenidos anualmente, 30% es destinado al pago de nómina y 70% era entregado directamente por Miranda Nava a los gastos operativos de la precampaña de Peña Nieto.

Ninguna de estas cifras se pueden confirmar porque las autoridades estatales –tanto las del gobierno de Peña Nieto como las de su sucesor, Eruviel Ávila–, insisten en que Cusaem no forma parte de la administración pública, por lo que sus ingresos no son auditables; los recursos con que opera tampoco están contemplados en el presupuesto de egresos, a pesar de la obvia contradicción de que el Issemym tiene un registro de 14 mil 162 elementos que cotizan como si fueran trabajadores públicos.

El auditor superior Fernando Valente Baz Ferreira, cercano también a Peña Nieto, respondió a varias solicitudes de información enviadas por el diputado Madrazo Limón entre febrero y julio de 2010. Dijo que las corporaciones que conforman Cusaem “no forman parte de la administración pública estatal”.

El 14 de julio de 2010, Baz Ferreira le “sugirió atentamente” al coordinador estatal de la bancada del PAN que la información sobre la cuenta pública y Cusaem la dirija al secretario de Finanzas estatal.

La portación de armas

El otro problema vinculado a la falta de control de los integrantes de Cusaem es la portación de armas de calibre mayor, como si fueran policía pública. La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establece en su artículo 129, apartado B, que para el uso de armas en las instituciones policiacas, el conducto será la Secretaría de Gobernación, quien debe solicitar a la Secretaría de la Defensa expida la licencia colectiva correspondiente a las instituciones policiacas, “mismas que sólo se solicitarán para las personas que integren su organización operativa y que figuren en las nóminas de pago respetivas”.

La portación de armas de Cusaem violaría este precepto legal, ya que no se trata de un organismo de la administración pública, insiste el diputado Carlos Madrazo. Sin embargo, en la respuesta a un oficio que le envió al secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, solicitándole información sobre las licencias oficiales para la portación de armas de fuego, la dependencia consideró que “no tiene responsabilidad ni competencia” para vigilar este caso, por lo que le recomendó dirigir su petición a la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP).

La SSP respondió a una solicitud similar advirtiendo que Cusaem “no está constituida como empresa de seguridad privada, sino forma parte de la Agencia de Seguridad del Estado de México (ASE), que oferta y brinda servicios de seguridad a particulares a cambio de una remuneración económica, por tanto, no se encuentra regulada por la Ley Federal de Seguridad Privada (sic) y, en consecuencia, no es del ámbito de competencia de la SSP”.

En otras palabras, ni la Sedena ni la SSP se consideran competentes ni responsables para regular el uso de armas de los elementos de Cusaem. Estos cuerpos utilizan la licencia de uso colectivo de armas de fuego expedida a la ASE, con los números 112 y 139.

El oficio de respuesta (folio 25388), firmado por el subjefe operativo del Estado Mayor de la Sedena, Édgar Luis Villegas Meléndez, advierte que la procuraduría y la ASE no pueden utilizar sus licencias para servicios privados.

“De conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se prohíbe a dichas instituciones policiales proporcionar algún servicio de seguridad privada y que el personal operativo de éste porte armamento de la licencia fuera de los actos de servicio”, indica el documento, cuya copia obtuvo Proceso.

Sin embargo, la copia de una credencial de un integrante de Cusaem, firmada por el exdirector Ciro Mendoza Becerril, ampara el uso de arma de fuego bajo la licencia oficial colectiva 139, “concedida por la Secretaría de la Defensa Nacional mediante oficio N.S.L/6614 de fecha 19 de septiembre de 2007”.

Los clientes a nivel federal

A pesar de las numerosas irregularidades, los servicios de Cusaem son contratados por las propias secretarías federales de gobierno, entre ellas la Secretaría de Desarrollo Social, delegaciones de la Secretaría de Gobernación e, incluso, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, responsable de la custodia de los bienes inmuebles, vehículos y mercancías decomisados, entre otros, al propio crimen organizado.

Otra dependencia que firmó un contrato por adjudicación directa con Cusaem es Liconsa. El contrato con el número de registro PSG/65/2010, fechado el 22 de enero de 2010, establece un pago de derechos por 3 millones 295 mil 950 pesos mensuales para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2010.

Según el contrato, el manejo y portación de armas de fuego se denomina equipo “AA”. En la cláusula décima establece que los elementos de Cusaem se obligan “a hacer buen uso” de ese equipo, “así como a mantenerlo en perfecto estado de conservación y funcionamiento, siendo por su cuenta y riesgo el costo de los proyectiles requeridos, dándole el mantenimiento correspondiente a su costa.

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