Impunidad en México alcanza 95%, alerta oficina de la ONU

OAXACA, Oax. (apro).- El consultor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Raúl Benítez Manaut, aseguró que, en lo que va del gobierno de Felipe Calderón, han sido detenidas medio millón de personas, de las cuales 450 mil de ellas fueron liberadas debido a expedientes mal integrados, como resultado de la ineficiencia de las agencias investigadoras.

Esa situación, precisó el también investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), revela que 95% de los delitos no se aclaran, lo que refleja el nivel de impunidad que existe en el país.

Durante la “consulta estatal para el diseño de una estrategia nacional de fortalecimiento en seguridad y justicia para medios de comunicación en México” organizada por la UNODC, el especialista hizo hincapié en que el sistema de justicia en el país no sólo es “inquisitivo”, sino que data de la época de Porfirio Díaz.

Consideró que el sistema de justicia en México tiene que actualizarse e implementar el sistema acusatorio, pues de lo contrario –advirtió– seguirá siendo rebasado por el crimen organizado y fomentando la impunidad.

Benítez Manaut advirtió que mientras el crimen organizado busca mecanismos para burlar la ley, el sistema de justicia de México continúa con viejos vicios, como la corrupción, ausencia de profesionalismo y expedientes mal integrados.

Además, añadió, el crimen organizado recluta a niños de entre 9 y 14 años, a mujeres y adultos mayores, para utilizarlos para sus fines, ya que es población que puede salir fácilmente de la cárcel con una buena defensa.

También consideró que “es muy débil la conexión entre la investigación del crimen y el sistema judicial, entonces, las investigaciones se hacen con muchas debilidades documentales, pues los expedientes se arman mal, la escena del crimen se distorsiona y eso hace que los criminales tengan muchos mecanismos de defensa y puedan salir libres”.

Es por ello que las tasas de impunidad son muy altas en México, a causa de la mala integración de expedientes, tal como lo evidencia el documental Presunto culpable.

De acuerdo con cifras oficiales, sostuvo, la tasa de impunidad e ineficiencia de las agencias investigadoras es de 95%, “porque si a un policía le das 10 mil pesos te arma un expediente mal hecho, y eso da pauta para que el juez deje libere al delincuente en 30 días; de ahí que exista entre 80 ó 90% de reincidencia”.

En el foro, realizado en las instalaciones de la Universidad José Vasconcelos, la oficial nacional de Programas de la UNODC, Rubí Blancas Orduña, explicó que “este tipo de talleres representa nuevas formas de integración para valorar que si bien el crimen, la corrupción y la ilegalidad en sus diferentes formas cobran cuotas dolorosas y costosas a la sociedades, también hay importantes experiencias y respuestas innovadoras para que juntos, sociedad y gobierno, trabajen en respuestas a los problemas que enfrentan”.

También destacó que la violencia contra medios de comunicación o periodistas es un fenómeno que no sólo atenta contra el sujeto o la empresa en particular, sino que violenta la libertad de expresión, la capacidad de informar y de ser informado, y por ello afecta la democracia, la percepción y ejercicio de la participación ciudadana, la legalidad y la imparcialidad.

En el caso mexicano, abundó, la violencia hacia este sector ha sido a la vez una vía utilizada por grupos criminales para fomentar ante todo el miedo, y así aumentar la percepción de inseguridad entre la población, además de buscar influir en la generación del tipo de información que se provee como parte de formas de control territorial.

“A mayor impunidad, más crimen; a menor participación ciudadana, más corrupción; a menor prevención, mayor diversificación de formas de criminalidad; a mayor corrupción, mayor permeabilidad de formas de ilegalidad… y así se reproducen, desde una localidad, a escala nacional e incluso internacional, y por ello la importancia de proveer de fuerza al estado de derecho que nos rige”, puntualizó.

Blancas Orduña mencionó que los ilícitos cometidos contra periodistas y medios de comunicación incluyen delitos del fuero común y los relacionados con el crimen organizado, y por ello la UNODC tiene el interés de analizar mejor su situación y correlación con otros sectores, a manera de contribuir como agencia y fortalecer la cohesión, de legalidad, la coordinación con autoridades, capacitación, redes intersectoriales, capital social para promover seguridad y justicia, así como una nueva visión de lo que es y deben ser los medios de comunicación en su ejercicio, considerando los nuevos retos del mundo actual.

En su oportunidad, la comisionada estatal para la atención de los Derechos Humanos, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, mostró la convicción del gobernador Gabino Cué por garantizar las condiciones para el libre ejercicio del periodismo en Oaxaca.

Dijo que no podemos hablar de democracia, sin hablar del respeto irrestricto al derecho a la información, pues “una sociedad informada es una sociedad que posibilita mecanismos más claros y consistentes para su transformación social”.

En ese sentido, ponderó la labor que realizan los medios de comunicación para informar y acercar la realidad a la población oaxaqueña: “Su labor los convierte en sujetos de interés público y a nosotros nos obliga a brindarles los escenarios adecuados para continuar con su trabajo”.

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