La ley de Ortiz Uribe

A fin de “hacer justicia” contra un particular, en Villa Corona un grupo de ejidatarios, policías y funcionarios invadieron y saquearon un área concesionada por Conagua y propiedad privada. El principal instigador es nada menos que el presidente municipal, José de Jesús Ortiz Uribe, quien desafía (por decirlo suave) a la comisión local de derechos humanos, al Ministerio Público y a los diputados para que detengan su personal forma de “beneficiar al pueblo”.

El presidente municipal de Villa Corona, del partido de Convergencia, José de Jesús Ortiz Uribe, fue acusado por un odontólogo de abuso de autoridad, despojo y robo, pero él dice que sólo pretendió hacer justicia por mano propia.
Eduardo Topete Arámbula, especialista en implantación oral, dos denuncias en contra de Ortiz Uribe. La primera está fechada el 12 de septiembre de 2011, en Acatlán de Juárez (averiguación previa 5849/2011) y quedó consignada con el número 245/2011 en el Juzgado Mixto de Zacoalco.
En esa denuncia también se acusa de esos delitos a otras siete personas, entre ellas el regidor Pedro Ortiz Caldera, el director de Ecología, Herón Rivera Aréchiga; el tesorero, Miguel Ángel Amatón, así como el presidente del comisariado ejidal, Jesús Ortiz Delgado, y su secretario, Manuel Robles Parra.
En la mencionada averiguación previa se menciona que el 9 de septiembre, a las 19 horas, por las calles del poblado de Villa Corona se voceó que todo aquél que deseara quitarle a Topete los terrenos que le fueron concesionados por la Conagua se debían presentar a las 9 de la mañana en la capilla de Guadalupe. “Este aviso fue dado por órdenes del presidente del comisariado ejidal, con apoyo del presidente municipal”, se aclara.
Topete Arámbula posee la concesión de Conagua 08JAL118965/12GSGR99, inscrita en el Registro Público de Derechos de Agua con el número 08JAL111770, que ampara más de 98 hectáreas, “para el uso agrícola, aprovechamiento, explotación y uso de cauces, vasos ubicados en el vaso laguna de Atotonilco, y el aprovechamiento superficial del canal denominado del Pescado”.
Ante la amenaza de despojo, al día siguiente el odontólogo envió una carta al director de Seguridad Pública municipal, Raymundo Ramos Reynaga, para solicitarle su apoyo para prevenir cualquier ataque. Sin embargo, en la dependencia se negaron a recibir el documento y le informaron que ya se dirigían al lugar varias patrullas, pero para auxiliar a las autoridades y a los vecinos convocados.
Al terreno concesionado llegó el abogado del odontólogo, quien vio arribar aproximadamente a 150 personas, 20 policías municipales y al alcalde Ortiz Uribe. También identificó a Rivera Aréchiga, Amatón y los dos representantes del comisariado ejidal.
Topete Arámbula declaró que, “sin mostrar alguna orden de autoridad judicial”, Ortiz Uribe fue el primero en “tumbar una postería que delimitaba claramente los límites de la zona federal concesionada por la Conagua, argumentando solamente que venían a posesionarse de dicho terreno porque era propiedad del ejido”. El abogado logró grabar el despojo y la invasión, y presentó el video como prueba documental.
Después, dice el afectado en su denuncia, el grupo inició “la colocación de postería metálica y alambre de púas en la zona que ya habían invadido y despojado, no sin que antes el presidente municipal advirtiera a varios de mis trabajadores que si quitaban la postería iban a ser detenidos, delimitando y despojando con estos actos aproximadamente 20 hectáreas de zona federal que tenía concesionada”.
No sólo se apoderaron de la zona federal, sino también de tres hectáreas que son propiedad de Topete. El área, conocida como Analco y Las Ánimas, tiene cabañas de descanso, albercas y una terraza. El presidente municipal le entregó todo esto al particular Agustín Gascón.
Como parte de sus pruebas, Topete presentó copia del título de concesión que le otorgó la Conagua y la escritura pública 97, del 20 de marzo de 2003, la cual acredita la propiedad de predio rústico Analco y Las Ánimas.
En esa ocasión, el grupo de invasores robó enseres domésticos y materiales por un valor estimado de 168 mil 600 pesos.
Saqueo con charola

Pero no fue el único robo que cometieron. De acuerdo con la segunda denuncia que Topete presentó y ratificó, a la cual todavía no se le asigna número de averiguación, el 31 de diciembre pasado y por órdenes del presidente municipal, su hijo Leonardo Ortiz Hernández, un grupo de policías y otras personas se presentaron en el predio La Manga, “y sin permiso del suscrito se introdujeron en mi propiedad privada y se llevaron mobiliario e instrumentos que ahí se encontraban”.
En La Manga se encontraba un empleado de Topete Arámbula, Sergio Ruiz Mariscal, quien vio cómo llegaron “unos hombres en un camión de redilas y comenzaron a llevarse bienes muebles que se encontraban en el terreno. Al preguntarles qué estaban haciendo, el chofer contestó que lo habían contratado para echar un flete”.
Ruiz Mariscal le aclaró que “las cosas tenía dueño y lo que estaban realizando era un robo”, pero el chofer manifestó “que eran órdenes del presidente municipal, pero si había problemas él no le entraba”, y se retiró.
Entonces, según relató el empleado, apareció un sujeto llamado Rolando López El Capi, quien por teléfono le avisó al alcalde que Ruiz Mariscal le impedía llevarse el equipo agrícola y el material de construcción. “A los 15 minutos llegaron ocho personas y el presidente municipal en su patrulla personal con remolque y acompañado de cuatro camionetas pick up y una retroexcavadora”, y sin más cargaron dos desvaradoras, una niveladora, una pala con sistema hidráulico y una planta de luz, entre otros bienes.
El tercer robo ocurrió el 2 de enero de 2012, en el mismo predio, adonde se presentó Leonardo Ortiz con dos acompañantes para llevarse más objetos. El hijo del alcalde dijo que lo mandaron “a limpiar aquí, ya sabes que mi papá es el presidente municipal”.
Cuando Ruiz Mariscal le dijo que esos objetos no eran suyos y “que estaba robando”, Leonardo le respondió agresivo: “Fíjate lo que estás diciendo: estás acusando a mi papá de robo. Yo sé dónde vives”. El trabajador se retiró, pero consiguió tomar fotografías del momento en que subían los bienes.
Minutos después llegó el presidente municipal para ayudarle a su hijo. Sustrajeron un motor de troca, una caja de velocidades, 800 blocks, varilla, tres carretes de 300 metros de cable y 500 kilos de saldos de material.
El odontólogo señala que no es el primer intento del ayuntamiento por despojarlo. En 2002, dice, el entonces alcalde Ricardo Jiménez y otros funcionarios realizaron trazos y mediciones en los terrenos de la laguna con el pretexto de entregar predios a pescadores, ganaderos y ejidatarios que carecían de vivienda.
En ese tiempo Topete Arámbula tramitó un juicio de amparo (expediente 713/2002-5), en el cual el juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa determinó “dar oportunidad a las personas señaladas por las autoridades municipales para que defendieran y comprobaran sus derechos supuestamente afectados”, refiere.
Después del desahogo de pruebas se concluyó que los terceros perjudicados no tenían ningún derecho de propiedad y que la Conagua le dio la concesión al odontólogo en forma regular, por lo que se otorgó el amparo “en contra de los actos de molestia y desposesión que se estaban ejecutando por parte del ayuntamiento, lo cual se hizo plasmar en la sentencia definitiva del 26 de enero de 2006, dictada dentro del amparo den revisión número 760/2005, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el estado”.
El 5 de marzo de 2005 el alcalde Adalberto Velasco Antillón, del Verde Ecologista (2004-2006), le envió una carta al presidente de la Asociación Ganadera local para avisarle que Topete demostró con documentos y planos tener el título de la concesión de 98 hectáreas, por lo que es “importante de que se notifique a los compañeros ganaderos de tal situación y no metan ganado en dicha superficie”. Añadió que César Madrigal y Luis Rodríguez deberían sacar sus animales del lugar para “evitar problemas por daños y perjuicios”.
Pese a todo, la siguiente administración municipal acudió ante la Conagua para revocar la concesión. El odontólogo enfatiza que con estas acciones el ayuntamiento en turno sólo busca el apoyo de la gente “para fines electorales”. Recuerda el odontólogo que el entonces regidor Saúl Gallardo Méndez y el presidente municipal Miguel Reyes organizaban juntas cada martes y les prometían a los asistentes que obtendrían autorización para construir 300 viviendas, tanto en la zona federal de la laguna como en la propiedad del dentista, “incitándolos a invadir dichas posesiones”.
Ahora, Ortiz Uribe no sólo está empecinado en quitarle las 98 hectáreas federales, sino que ya invadió en total 11 hectáreas propiedad de Topete Arámbula, por lo que éste presentó la queja 58/12-11 ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).
“No es robo”, es justicia…

En entrevista, Ortiz Uribe argumenta que hizo justicia por su propia mano: “Lo que yo estoy haciendo no está mal ni le estoy quitando nada a nadie injustamente. Yo hablé con él (Topete) y le dije que se resignara. Usted, que es de las tres mejores mentes del mundo, reflexione: a Villa Corona sólo vino a chingarlo”.
Prosigue: “Son más de 10 años que ha afectado al pueblo, al quitarle las 98 hectáreas donde pastaba ganado. Hizo zanjas alrededor y el ganado se cae y se ahoga. Enyerbó ganado de pura gente jodida, con lo que afectó la derrama del pueblo. Nosotros tenemos la posesión, él tiene la concesión. Si topete tiene huevos, aquí también hay. Ahora tiene volteada la tortilla haciendo demandas”.
Según el alcalde, en el área de concesión ya “andan 500 cabezas de ganado. Yo para mí no quiero ni medio centímetro; el que gana es el pueblo”. Niega además que haya robado: “Yo le dije que sacaran las cosas y le advertí: ‘Si pisas aquí adentro (del área federal) sin mi permiso, te vas al bote. Nosotros necesitábamos limpiar el terreno, sacamos las cosas y las llevamos a tirar, no eran cosas buenas”.
Sobre la queja en la CEDHJ, Ortiz Uribe afirma que él fue al organismo: “Ya vine, es puro pinche mitote, desgraciadamente siempre defienden al gandalla, al sinvergüenza y al huevón”. Asimismo le avisaron que presentarían la solicitud de juicio político en su contra, pero sólo comenta: “Qué bueno, para conocer a los cabrones (diputados)”.
En cuanto a las denuncias que hay en su contra, Ortiz Uribe reitera sus amenazas: “Si me tocan a mí, Topete ya no va a poder regresar al pueblo. Le dije al Ministerio Público: ‘Si vienes por alguien de los que están demandados por este cabrón, con uno que levantes, ni sus pinches cuatro hectáreas le vamos a dejar, pa’ que vea lo que se siente ser invadido’”.
Según él, Topete Arámbula invadió pequeñas propiedades. Muestra dos escrituras para casi nueve hectáreas a nombre de Armida Pérez Robles y Virgilio Solís Sánchez. También presenta la copia de la concesión 08JAL102807/12IsGR99, otorgada desde el año 2000 a José Gazcón Ramírez para aprovechar en tres hectáreas los manantiales Analco y Ánimas, así como el Tular, del que –asegura– se apropió Topete.
Cuando se le cuestiona por qué los afectados no presentan la correspondiente denuncia por invasión, dice que sí lo hicieron “pero se han desvanecido”, y despotrica contra las autoridades judiciales.
Agrega que personal de la Conagua ya fue al área que le dio en concesión a Topete y le comentó que éste incumplió con lo estipulado, por lo cual “le van aplicar multas, e incluso me dijeron que la concesión se le puede revocar muy fácil”.

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