Más trata de niños bajo gobiernos panistas

La asociación civil Carriolas Vacías y la Fundación de Niños Robados coinciden en que el tráfico de niños y las adopciones ilegales se incrementaron durante el primer gobierno panista del estado, que encabezó Alberto Cárdenas. Pero los sucesores, también panistas, no han acabado con el problema e incluso sus funcionarios están involucrados en muchos casos.

El 10 de enero la Procuraduría General de Justicia de Jalisco (PGJ) reconoció públicamente la existencia de una red internacional de tráfico de menores con supuestos fines de adopción, en la que están implicados funcionarios estatales y dos conocidos despachos de abogados.
Diversas organizaciones civiles han denunciado desde fines de la década de los noventa este grave problema, que prácticamente está en auge a partir del primer gobierno panista de Jalisco, encabezado por Alberto Cárdenas Jiménez.
Hasta ahora la investigación oficial señala como operadores de las adopciones ilegales al despacho López y López (dirigido por Carlos López Valenzuela y su hijo Carlos) en Guadalajara, y a los licenciados Héctor Manuel Solís Zamora y Luis Humberto Alcántar, en Colima.
Aún falta establecer jurídicamente las responsabilidades en que incurrieron al menos un taxista, “nanas” que cuidaban a los niños mientras se hacían los trámites de adopción en la ciudad de Colima, y las madres biológicas de los menores, así como 12 parejas de irlandeses que pagaron los “trámites legales” –como dicen sus abogados– para convertirse en los padres adoptivos.
Hasta el 30 de enero la PGJ había arraigado por este caso a siete mujeres y dos hombres, entre ellos el hijo de una de las “nanas” que se dedicaba a localizar a menores cuyas madres tuvieran mucha necesidad de dinero. En esa fecha la procuraduría admitió que tenía 11 bebés “asegurados”, de los cuales seis presentan huellas de abuso sexual. El mayor tiene dos años y el más pequeño tres meses.
El 17 de enero comparecieron ante el Ministerio Público las parejas irlandesas: Michael y Anne-Marie Maguire; Alan y Martina Mulvey; Eamonn y Karen Byrne; Daragh y Geraldine Mccann; Brandan y Carolina Kavanagh; Ciaran y Blandid Carey; Paul Francis y Elaine Bridget O’Braian; Cathal y Siobhan Temple; John Thomas y Ciara Mary Compton; Abrose y Erigid McGowan; John Christopher y Sinead Scout y Mark Joseph y Grainne Buckley.
En esa ocasión acreditaron su estancia legal en el país. Todos radican en la colonia Ajijic, municipio de Chapala, como miles de extranjeros. Sin embargo, aconsejados por su abogado Carlos Montoya –al que contrató la embajada de Irlanda– abandonaron México después de que declarararon ante el Ministerio Público el 17 y el 18 de enero.
No obstante, el pasado miércoles 1, el procurador Tomás Coronado Olmos anunció que el caso fue atraído por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), de la PGR. “Los irlandeses no han sido exonerados”, aclaró.
En un comunicado de prensa del jueves 2, la Fundación de Niños Robados (FIND, por sus siglas en Inglés) indicó que también están implicados agentes del Ministerio Público adscritos a juzgados de lo familiar del estado de Colima; el exprocurador social de Jalisco, Pedro Ruiz Higuera y la secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Familia (CEF), Claudia Corona Marseille.
Los delitos se cometieron en agravio de Cristian Guillermo Montes González y Ángel Chávez García, de dos meses; Eduardo Niño Hernández, de cinco; Camila Yaret, de ocho; Naidedin Brillet Esparza Mendoza y Britanie Zoe Pérez Bizarro, de cuatro, todos ellos actualmente recluidos en la casa Hogar Cabañas.
Gancho publicitario

Las madres biológicas entrevistadas por Proceso Jalisco se dicen inocentes, rentaban a sus hijos porque saldrían las fotografías de los infantes en una campaña publicitaria de carteles que promoverían “la vida”, “contra el aborto” y a la “promoción de adopciones”.
Todas ellas viven como “paracaidistas” en los predios de El Rehilete, con calles de tierra y viviendas de tabiques sobrepuestos, lonas, cartones y retazos de plástico, junto a la colonia La Floresta el Colli, en el municipio conurbado de Zapopan. La mayoría no tuvo la oportunidad de estudiar.
María Isabel Hernández Valencia, de 33 años, narró que sus vecinas Licha y Cuca le informaron que unas personas necesitaban bebés para una campaña publicitaria y que pagaban. Con esa esperanza fue al centro comercial Magno y, dice, ahí “lupita y Silvia me recogieron a mi bebé”.
–¿Quiénes son Lupita y Silvia?
–Son quienes se llevaban a los bebés. Lupita fue la que me dijo que me darían 500 pesos diarios; ahí conocí a Silvia, no vi nada malo; mis vecinas ya habían llevado a sus bebés. Nunca me imaginé que ellas (Lupita y Silvia) estaban dando a los bebés en adopción, yo no les firmé nada, yo sé poquito leer y escribir.
–¿Cómo te enteraste que los niños serían dados en adopción?
–En la procuraduría me dijeron que esa mujeres llevaban a los niños a un despacho de abogados (López y López), que durante 15 día los bebés se quedaban con unas personas, eso lo supe cuando me llevaron a la PGJ a declarar.
Por su parte, Elisa Chávez García, de 22 años, dice que su bebé cumplió tres meses el pasado 3 de febrero y se llama Ángel Alejandro Chávez. Ella no sabe leer ni escribir.
“Me dijeron que prestara a mi hijo por 15 días para que le tomaran fotos –relata–, que saldría en un cartel para que otras mujeres que no pueden tener hijos se decidieran por la adopción, me lo propuso mi vecina Lety, quien ya había prestado a su hijo.
“Nos quedamos de ver en la casa de otra vecina que se llama Cecy, es una de las arraigadas. Se lo llevábamos a Silvia, una de las nanas; me hicieron firmar un papel y lo entregué por 15 días. Cuando eso pasó, mi niño tenía 20 días de nacido”.
A Elisa le pagaron 7 mil 500 pesos. El segundo pago acordado no se realizó porque se descubrió la red de tráfico de menores. “Yo no sabía que lo querían dar en adopción; si lo he sabido no lo hubiera prestado”, asegura. Ella vive en unión libre y tiene otros dos hijos: una hija de cinco años y otro de dos.
Martha tiene 17 años, no concluyó el bachillerato y es mamá de Naidedin Brillet Esparza Mendoza, de siete meses. El nombre lo escuchó “en una película”. También ella confió en la vecina Cecy: “Me dijo que no había problema, que ella mandaba a su nieta y todo era seguro”.
Describe el mismo procedimiento: “La niña tenía seis meses. Firmé dos veces un documento que decía que prestaba a mi hija por 15 días para fotos sobre abortos y adopciones. Pagaban 500 pesos diarios de lunes a sábado. Me entregaron un cheque de 6 mil 500 pesos. Después de los primeros 15 días yo la veía muy bien, con ropa buena y biberones de los caros”.
Martha hizo el trato por un mes, a espaldas de su pareja sentimental y de sus padres. “Vi uno de los cartelones en donde salía la nieta de la señora Cecilia. Decía: No al aborto”.
Cruz Guadalupe es mamá de Janeth del Rosario, de seis meses. La rentó para sufragar los gastos de su enfermedad. No sabe cuál es el nombre de su padecimiento pero lo describe: “Mucho reflujo por la boca y también hace del baño con reflujo; a mi hija la tienen que operar por una malformación en su estómago”.
–¿Quién te dijo que podías rentar a tu hija?
–Mi prima Lety. Yo lo hice por la enfermedad de mi hija; ella me dijo que la llevaban con pediatras. La primera vez que la presté fue el 9 de diciembre de 2011 y me la entregaron en 15 días. Me pagaron mil 650 pesos en cheque, y cuando me la entregaron, el 22 de diciembre, me dieron otros 2 mil pesos en efectivo. Me dieron menos que a las demás, que porque ya no querían tanto niño.
Cruz también vive en unión libre y tiene cuatros hijos: de cinco, tres, un año nueve meses y la de seis meses, que está en el albergue mientras se deslindan responsabilidades.
A todas estas señoras los agentes de la PGJ les arrebataron con engaños a sus hijos el 12 de enero. Les aseguraron que “serían revisados médicamente”, pero en vez de ello los internaron en la Casa Hogar Cabañas, que dirige María Amparo González Luna Morfín.
Las señoras sólo pudieron ver a sus hijos tres semanas después, pero fue necesario que interpusieran una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) y pudieron estar con ellos únicamente 15 minutos.
Trata de menores y estafa

Corona Marseille afirmó el 29 de enero, en el programa Foro TV de Canal 4, que el CEF nada tiene que ver en el caso de los irlandeses, ya que se relaciona con la trata de infantes y no con adopciones ilegales.
Sin embargo, en la entidad las adopciones se realizan a través del CEF y la Procuraduría Social, con el aval de cualquiera de los 10 juzgados de lo familiar. Y el abogado de las parejas extranjeras, Carlos Montoya, afirma que el despacho “López y López, que tiene 20 años funcionando, ya habían entregado en el pasado niños en adopción; por eso (a los irlandeses) no les daba miedo darles dinero. (López y López) lo hicieron durante 20 años”.
Para activistas de la asociación Carriolas Vacías, el problema se acentúa con la llegada del PAN al poder. Fue a partir del sexenio del panista Alberto Cárdenas Jiménez (1995-2000), hoy precandidato a la presidencia municipal de Guadalajara, cuando están documentadas irregularidades que implican al CEF.
Este organismo se creó en 1997 y sólo ha tenido dos secretarias técnicas: la primera fue María Luisa de Obeso, esposa del entonces procurador estatal Jorge López Vergara; la segunda es Corona Marseille, quien lleva por lo menos una década en el puesto y es sobrina de la directora de la Casa Hogar Cabañas, Amparo González Luna Morfín, quien tiene varias quejas en la CEDHJ.
Para la FIND, incluso la esposa de Alberto Cárdenas Jiménez, Joan Novoa Mossberger, es parte de la red de tráfico de niños desde que fue presidenta del DIF Jalisco, declaró el presidente de la asociación, Juan Manuel Estrada. Reiteró que ya desde 2002 la había señalado como tal. En Como respuesta Novoa, diputada federal panista y presidente de la Comisión Especial de la Niñez, negó los hechos y a fines de enero dijo que había contrademandado a Estrada Juárez por difamación.
Sin embargo, el activista replica que Corona Marseille no puede decirse ajena al caso, ya que en una reunión “muy acalorada” en la Procuraduría Social realizada en septiembre pasado se le informó de las adopciones irregulares de niños de Jalisco en Colima.
Insiste: “Claudia fue omisa, estaba enterada. Yo le informé a Pedro Ruiz Higuera (extitular de la Procuraduría Social y frustrado aspirante a una diputación federal) a través de un notario público y no hizo nada. Ellos tenían conocimiento de lo que pasaba”.
Ruiz Higuera dejó la dependencia en diciembre pasado, pero su esposa Mayra Josefina Burgos López se quedó como titular de la Subprocuraduría de Servicios Jurídicos de la Procuraduría Social “para cuidarle las espaldas”, como dicen uno de los empleados consultados por este semanario.
La abogada y activista Elsa Stettner fue una de las primeras que denunció públicamente estas irregularidades. A finales de la década de los noventa y en los primeros años de este era parte de FIND y realizó varias denuncias, entre ellas de que el CEF pretendió dar en adopción con documentación falsa al niño Jaime Jonathan Alvarado Rodríguez a una pareja de españoles y sin consentimiento de la madre, una mujer de origen humilde, habitante de Arandas.
Asimismo, entre 2000 y 2001 el CEF intentó dar en adopción a las hijas de Rocío Lara Godínez, de Ocotlán, también de escasos recursos, acusándola de ser bailarina nocturna. A sus dos hijas, Yhajaira Monserrat y María Guadalupe, el CEF les cambió los apellidos por “Guevara del Valle” a fin de iniciar un procedimiento de adopción internacional para la pareja barcelonesa de Ricardo Montal Olle y Nuria Tubau Gonzalvo.
Stettner sostiene: “En el caso de Jaime Jonathan, los españoles me dijeron que habían pagado 15 mil dólares por los trámites legales para adoptarlo. El dinero se entregó a los abogados que fueron contratados externamente por el CEF, que dirigía María Luisa de Obeso. ¿Sabes quiénes eran esos abogados? Los mismos que se desempeñaban como tutores o tutoras de los niños. Una de ellas fue Claudia Corona, que a veces era tutora. Falsificaban las actas de nacimiento para borrarles cualquier vínculo familiar”.
Carlos Montoya, abogado defensor de las parejas irlandesas, dijo que éstas entregaban al despacho López y López más de 25 mil dólares por niño. De ese monto, 6 mil dólares eran para localizar al bebé; 13 mil 600 al conseguirlo y 5 mil más para pagar los trámites “legales”. Aseguró que en todo caso sus clientes son “las víctimas” de un fraude.
Entrevistado en su oficina, el juez del Noveno Juzgado de lo Familiar, Agustín Flores, manifiesta que, en promedio, cada juzgado de ese tipo otorga en adopción entre 10 y 12 niños al año, lo que significa que la cifra total está entre 100 y 120. El 70% se quedan con parejas mexicanas y el resto con extranjeras:
“Legalmente se le da preferencia a parejas de Jalisco, después a las de otros estados, y si no hay adoptantes nacionales, se les otorga a los extranjeros. Cuando el juzgado termina con su sentencia de adopción, impone al CEF la obligación de vigilar el caso para velar por ese interés superior”, explica el juez, pero reconoce que es irregular que un despacho de abogados lleve los casos de adopción fuera de la entidad.
Para el historiador Roberto Castelán, de la UdeG, los escándalos de tráfico de niños tienen al menos un aspecto ideológico y religioso:
“Hay en Jalisco una tendencia de El Yunque, al que pertenece Emilio González Márquez. Ellos tienen muchos nexos con organizaciones en Italia y España. Me refiero a que por su necesidad ideológica y religiosa anteponen un supuesto bienestar del niño por encima de su familia biológica… y por encima de la ley. Creen que esos niños son desechos sociales y ellos buscan rescatarlos a toda costa para darlos en adopción, a fin de que sean mejores ciudadanos, mejores cristianos”.
Aparte José María Muriá, doctor en historia y expresidente de El Colegio de Jalisco, coincide en este punto. Cita la sustracción de niños que padecieron familias españolas en la dictadura franquista, así como las chilenas, argentinas y uruguayas durante los regímenes militares: “En los regímenes totalitarios, llamémosles de derecha, se da abundantemente”.
En Jalisco, dice, estas maniobras ilegales son dirigidas “por una maquinaria que ahora está formada por personas de la alta sociedad, y ojo, todas se dicen católicas. No quiero establecer una constante, pero lo son de la boca para fuera; a ‘los de abajo’, como dijera Mariano Azuela, los ven como cosas”.

Comentar este artículo