Caso Ayotzinapa: López Rosas y 11 funcionarios consiguen amparo

El procurador de Guerrero, Alberto López Rosas; el secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja; y el vocero del gobierno del estado, Arturo Martínez Nuñez. Foto: Oscar Alvarado
El procurador de Guerrero, Alberto López Rosas; el secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja; y el vocero del gobierno del estado, Arturo Martínez Nuñez.
Foto: Oscar Alvarado

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El exprocurador estatal Alberto López Rosas y 11 funcionarios de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Guerrero obtuvieron una suspensión provisional contra la orden de aprehensión que se libró en su contra por incurrir presuntamente en diversos delitos del orden federal derivado del caso Ayotzinapa.

Al respecto, el exfuncionario estatal calificó la acción legal de la Procuraduría General de la República (PGR), en contra de exfuncionarios y trabajadores de la PGJ, como “un vulgar michoacanazo”.

Anunció que exigirá ante el juez que comparezca el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, para que explique quién dio la orden a la Policía Federal de llegar armada al desalojo, así como disparar y levantar las evidencias, “alterando con ello la escena del crimen”.

Insistió en que el gobierno federal “ha maniobrado para esquivar” la responsabilidad directa de la Policía Federal; y acusó a la CNDH y a la PGR de sumarse al interés de encubrir a los agentes federales.

Consultado vía telefónica, López Rosas informó que este día el Juzgado Sexto de Distrito, con sede en Acapulco, le otorgó la medida legal para dejar sin efecto temporal una de las 10 órdenes de aprehensión que el Juzgado Primero de Distrito de Chilpancingo otorgó a la PGR el miércoles 22 en contra de exautoridades y funcionarios de la PGJ.

El Ministerio Público federal acusa a López Rosas, actual aspirante a la alcaldía de Acapulco por el PRD, de cometer delitos contra la administración de justicia, “por favorecer a un inculpado para que se sustraiga de la acción de la justicia, y por encubrimiento, en la hipótesis de desviar u obstaculizar la investigación de un hecho delictivo”, informó ayer la PGR, mediante un comunicado oficial.

El resto de las órdenes de aprehensión libradas por el Juzgado Primero de Distrito fueron suspendidas por el Juzgado Séptimo de Distrito de Chilpancingo, informó la defensa de los indiciados.

Sobre este grupo de exfuncionarios y trabajadores de la PGJ, se informó que la medida beneficia a 11 personas, entre ellos el subprocurador de Justicia, César de los Santos Mendoza; el exsubprocurador, Alejandro Paz y Puente; y el exdirector de Averiguaciones Previas, José Vélez Zapata, a quienes la PGR acusa de delitos contra la administración de justicia, de acuerdo con la indagatoria PGRDGCAP/ZNEVII-114-2011.

Al respecto, el exprocurador indicó que este miércoles 29 pretende entregar la suspensión provisional de la orden de aprehensión al Juzgado Primero de Distrito, debido a que tiene tres días hábiles para hacer valer el recurso legal.

López Rosas volvió a criticar la actuación de la PGR, bajo el argumento de que la investigación es “sesgada, incongruente y superficial”, debido a que los delitos que le imputan no pudo cometerlos porque fue destituido al día siguiente de ocurrido el violento desalojo donde fueron asesinados dos normalistas el 12 de diciembre y con ello, prácticamente quedó fuera de la integración de la averiguación previa que inició la Procuraduría local.

Por su parte, la defensa de los 11 exfuncionarios y trabajadores de la PGJ indicó que la resolución del Juzgado Séptimo de Distrito que les otorgó la suspensión temporal de las órdenes de aprehensión, ordena a la PGR precisar “la naturaleza del delito que se les imputa a los quejosos, los preceptos legales que lo tipifiquen y la fecha en que fue emitida la conducta reclamada”.

También, señala que a los exfuncionarios y autoridades de la PGJ se les impuso, a cada uno de ellos, una fianza de 10 mil pesos, a manera de garantía para evitar “la sustracción de los quejosos”.

La defensa señaló que si el delito que les imputa la PGR es grave, los indiciados en cualquier momento pueden ser detenidos por la Agencia Federal de Investigaciones (AFI); y señaló que por “temor a ser aprehendidos”, los inculpaos que aún laboran en la PGJ, no se han presentado a trabajar.

Por su parte, el gobernador Ángel Aguirre Rivero evitó opinar sobre el caso: “No tengo conocimiento sobre ese punto”, argumentó.

Aguirre fue abordado por reporteros durante un acto realizado en Acapulco, donde se instaló un consejo consultivo para “el rescate” de la zonta “tradicional” de este destino de playa, que encabeza el magnate Carlos Slim, y cuyo objetivo darle impulso a la zona de Caleta y Caletilla.

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