China: los límites de la disidencia

Liu Xiaobo, disidente chino. Apoyo en Hong Kong. Foto: AP
Liu Xiaobo, disidente chino. Apoyo en Hong Kong.
Foto: AP

A la par del pujante desarrollo económico, el gobierno chino ha mostrado relativa tolerancia a las manifestaciones de protesta. Como no ocurría hace apenas un lustro, existen huelgas de trabajadores, periodistas que investigan corruptelas del poder, abogados que invocan los derechos humanos durante un juicio o líderes del Partido Comunista fulminados por la presión popular. Pero la tolerancia oficial tiene límites: no se admite ninguna acción que cuestione al sistema de partido único. El control sobre los disidentes es férreo y la represión brutal: hostigamiento, detenciones arbitrarias, encarcelamientos, torturas físicas y psicológicas…

BEIJING (Proceso).- Chen Guangcheng desafió al poderoso Estado chino… Y ganó.
Ahora, este abogado y activista espera en un hospital de la capital a que la parsimoniosa burocracia china tramite su pasaporte para volar a Estados Unidos, donde prestigiosas universidades lo han invitado para que estudie derecho.
Su odisea comenzó el pasado 22 de abril cuando saltó el muro de dos metros que rodea su casa en Dongshigu, poblado de la provincia de Shandong, y eludió a los policías y a las cámaras de vigilancia desplegados en su pueblo. Una colega disidente lo recogió en auto y lo condujo hasta la embajada estadunidense en la capital. Seis días después salió de este inmueble hacia el hospital para que curaran su tobillo roto; iba acompañado por funcionarios estadounidenses. Al día siguiente denunció ante las cámaras de televisión que éstos lo habían abandonado. Estaba acorralado y vencido cuando el gobierno chino encontró una salida diplomática al conflicto: autorizarían su salida para que pudiera estudiar en el extranjero.
El caso revela una lucha cotidiana y desigual. De un lado, las autoridades, convencidas de que progreso y disensión no se mezclan; del otro, el disidente Chen, abogado autodidacto y ciego desde los cinco años, quien defendió primero a sus vecinos analfabetos contra los excesos del poder local, y posteriormente denunció la existencia de siete mil abortos y esterilizaciones forzados en su provincia. Pasó cuatro años y tres meses en la cárcel por “daños en la propiedad pública y por organizar a las masas para interrumpir el tráfico”. Después sufrió 19 meses de arresto domiciliario extrajudicial aderezado con golpizas periódicas.
“La represión a disidentes se ha intensificado desde el verano de 2008, aunque estos continúan su lucha tenaz por la defensa de los derechos humanos”, señala por correo electrónico Wang Songlian, investigadora de la organización Human Rights Defenders, con sede en Hong Kong.
A partir de ese año ocurrieron las protestas étnicas del Tíbet y Xinjiang. En marzo se produjo una revuelta popular en Lhasa, capital del Tíbet. La población tibetana atacó a los han (etnia mayoritaria en China) y forzó la intervención del ejército. Según las autoridades el saldo fue de 19 muertos. En julio de 2009, pobladores uigures (etnia predominante en la región de Xinjang) salieron a la calle y masacraron a cientos de han. Las autoridades de Beijing informaron que en esa acción murieron 200 personas; la mayoría pertenecía a los han.
El temor de Beijing creció con las revueltas que el año pasado derribaron a gobiernos en países árabes. Decenas de activistas, abogados de derechos humanos, artistas e intelectuales fueron detenidos, interrogados o recluidos en lugares secretos.

Pacto tácito

Luego de la matanza de Tiananmén en 1989, el gobierno y la población establecieron un acuerdo tácito de progreso a cambio de estabilidad. Muchas de las medidas de apertura que en ese entonces reclamaban los estudiantes llegaron de manera pacífica con el desarrollo económico. En China hay decenas de miles de protestas al año, pero ninguna ataca al andamiaje del sistema: se protesta por un problema particular, por un líder local corrupto o una fábrica contaminante. Aunque están prohibidas por ley, el régimen tolera algunas de estas manifestaciones.
En este país no existe democracia al estilo occidental y tampoco se espera que la haya, pero millones de jóvenes estudian en el extranjero y la clase media aumenta cada día. Nadie podía imaginar un lustro atrás que en China hubiera huelgas de trabajadores; periodistas que investigan corruptelas del poder; abogados que invocan los derechos humanos durante un juicio, o líderes del Partido Comunista fulminados por la presión popular. Internet también ha colaborado para que este país sea más abierto.
En dos siglos los chinos vivieron sucesivamente la rapiña colonialista occidental, el imperialismo japonés, una guerra civil, una Revolución Cultural que provocó desmanes sociales, y la mayor hambruna de la historia moderna.
Hoy son conscientes de que viven mejor que hace cinco, 10 y 20 años y, más importante aún, saben que estarán mejor en un lustro. La confianza en el futuro hace imposible que aquí triunfe una revolución como la que se dio en los países árabes.
El contexto de una mejoría gradual en el respeto de los derechos humanos de la población en general hace más contrastante la represión a los disidentes políticos.
La disidencia abarca una tipología heterogénea: brillantes intelectuales como Liu Xiaobo, premio Nobel de la Paz y condenado en 2009 a 11 años de prisión; célebres artistas como Ai Weiwei, acusado por supuestos delitos fiscales y pornografía, o tenaces activistas como el propio Chen Guangcheng.
Los casos se suceden. Algunos ejemplos:
Hu Jia, prominente activista que denunció la violación de derechos humanos en China y pidió reformas democráticas, fue condenado en 2008 a tres años y medio de prisión. El tribunal esgrimió como pruebas sus artículos publicados dentro y fuera de China y las entrevistas concedidas a la prensa extranjera. Recibió el prestigioso premio Sajarov de los derechos humanos que otorga el Parlamento Europeo. Hoy se encuentra en libertad.
Gao Yaojie, anciana ginecóloga rural descubrió en los noventa que el Sida contraído en transfusiones ilegales estaba matando a campesinos pobres en la provincia de Henan. Al menos hubo 100 mil muertos. China negó la existencia del Sida durante muchos años y la doctora sufrió el arresto domiciliario. Hoy vive exiliada en Estados Unidos.
Gao Zhisheng, abogado de miembros de la Iglesia católica y de la organización espiritual Falun Gong, denunció que fue torturado por la policía secreta. Desde 2010 se ignora su paradero.
Los disidentes no suelen “disfrutar de los juicios justos” previstos por la ley china. La mayoría son condenados por el eufemístico delito de “subversión contra el Estado”.
“Son juicios que abonan a la frustración. Apenas tienes margen para reducir la pena que los fiscales exigen. A menudo interrumpen mis alegatos. Decenas de veces he denunciado las violaciones del procedimiento legal y nunca he conseguido nada”, comenta en entrevista telefónica Liang Xiaojun, abogado especializado en la defensa de activistas.
Liang no pudo evitar la pena de nueve años de prisión para Chen Wei, famoso escritor que subió a internet 26 ensayos a favor de la democracia. El litigante recuerda que en ese juicio su defendido, un hombre pacífico, llegó escoltado por policías con ametralladoras. Durante la audiencia se le prohibió al defensor que utilizara su computadora y otros aparatos electrónicos.
Hasta ahora se desconoce cuántos presos políticos hay en China. Según las autoridades de Beijing, ninguno.
A Liang lo presionan las autoridades: “Cada mes me citan para tomar el té y preguntarme en qué casos estoy trabajando. Normalmente no son reuniones tensas. Sólo lo fueron durante la Revolución Jazmín (en los países árabes). Llegaron a mi casa, me confiscaron la computadora y acosaron a mi familia”.
Chen había firmado la Carta 08, el documento más célebre de la disidencia china. Fue publicada en internet en diciembre de 2008, en el marco de la conmemoración del 60 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Antes de que las autoridades la censuraran fue firmada por unos 300 intelectuales chinos, entre ellos Liu Xiaobo, uno de sus impulsores.
El manifiesto exige la realización de profundas reformas políticas, como la separación de poderes y el fin del partido único. Cuestiona, pues, el andamiaje del sistema, y ahí termina la tolerancia de Beijing.

Valentía

La policía controla a los disidentes durante todo el año, pero en ocasiones se acentúa la presión en su contra. Así ocurre cuando existen crisis políticas internas o al acercarse las fechas de importantes cónclaves políticos como algún congreso del Partido Comunista o la visita de un importante líder extranjero. Entonces, la policía detiene a disidentes, les impone arrestos domiciliarios, los interroga y les prohíbe hablar con los periodistas extranjeros.
Actualmente coinciden todas estas circunstancias: en marzo pasado fue defenestrado Bo Xilai, alcalde de Chongqing y jefe de una facción dentro del PCCH, debido a acusaciones en su contra por corrupción (Proceso No. 1852). Un mes después –en vísperas de la visita a China de la secretaria de Estado Hillary Clinton– ocurrió el caso del disidente Chen Guangcheng, lo que tensó las relaciones con Washington. En octubre próximo se realizará el Congreso del PCCH para renovar la dirigencia del país.
Por ello no fue extraño que se encontraran fuera de servicio la mayoría de teléfonos de disidentes a los que llamó este reportero. Otros activistas se negaron a dar entrevistas. Adujeron que las autoridades les advirtieron que no hablaran con la prensa extranjera. Las comunicaciones por correo electrónico tampoco son seguras. Los disidentes temen represalias, las cuales a menudo se extienden a sus familias. La lucha por la democracia en China no es para pusilánimes.
“La primera vez que me encarcelaron pensé mucho si todo eso valía la pena. Sufrí tortura psicológica y física y me preocupaba que mi familia la estuviera pasando aún peor. Es un dilema porque tu familia no elige la vida que le impones. Los disidentes están unidos por su desprecio a la injusticia y el optimismo de que al final triunfará la justicia. Soñar con la libertad es el soporte de nuestras vidas”, cuenta desde Estados Unidos por correo electrónico Yang Jianli, histórico líder de las protestas de Tiananmén de 1989.
Después de que Yang se exilió, regresó a China en 2002 con el pasaporte de un amigo. Fue encarcelado durante cinco años y sólo la fuerte presión del Congreso de Estados Unidos permitió su salida en 2007.
Muchos optan por el exilio, normalmente a través de las porosas fronteras del sudeste asiático y luego se dirigen a Estados Unidos. Su nueva vida tampoco es fácil en un país extraño, con una lengua que la mayoría de ellos desconoce, forzados a buscar un trabajo porque no se vive de la crítica a China. Los atormenta la certeza de que nunca podrán regresar a su país, ni siquiera al entierro de sus padres.
“Como disidente chino que escribe en mandarín no quería salir de mi país. Pero en la época de internet, la lucha no varía mucho desde otro país. En el extranjero tengo más acceso a información y mi trabajo ha mejorado. Los internautas chinos pueden superar la censura y yo no pierdo mi influencia. También Chen Guangcheng podrá crear una ONG en Estados Unidos desde la cual podrá denunciar los abortos forzados”, dice por correo electrónico desde Estados Unidos el escritor Yu Jie, quien huyó el año pasado después de que casi muere debido a que agentes de policía le propinaron repetidas palizas. Su delito fue escribir El mejor actor chino: Wen Jiabao, libro en el que acusa al primer ministro de fingir una “apertura política”.
Y agrega: “Siento un enorme respeto y admiración por los que deciden quedarse, incluso en las situaciones más críticas, como Liu Xiaobo. No soy tan valiente como él”.
La realidad desmiente la opinión de Yu Jie. La disidencia mengua su influencia en el exilio. Han caído en el olvido incluso los más conspicuos líderes de Tiananmén, a pesar de sus décadas de lucha desde Estados Unidos. Ai Weiwei, Chen Guangcheng, Hu Jia o Liu Xiaobo, los disidentes más emblemáticos, permanecen en China, conscientes de que el mundo ignora las denuncias de quienes no sufren la represión porque están en el exilio.
El primer ministro Wen Jiabao es la cara amable del gobierno. Habla con criterio propio. En los últimos meses ha urgido la aceleración de las reformas políticas en China. El mensaje va dirigido a la hornada de nuevos dirigentes que lo relevarán en otoño.
“Ha logrado algo bueno: que se extienda la libertad de expresión sobre las reformas políticas y fijarlas en el discurso público. Aunque la gente tiene razones para el escepticismo sobre su capacidad e incluso sus deseos porque no ha hecho nada concreto, ni siquiera formar un equipo para estudiar las estrategias de apertura como hizo Zhao Ziyang –exsecretario general del PCCH, expulsado por su apoyo a los manifestantes de Tiananmén– en los ochenta. El cambio será muy difícil sin la presión popular, por eso lo más importante es aumentar el poder civil”, considera Yang Jianli.
Además, opina que el empuje hacia las reformas políticas desde el interior del país, tanto de la población como de las facciones del régimen más proclives a la apertura, compensará la tibia presión internacional.
Lo cierto es que en tiempos de apreturas económicas, líderes extranjeros no quieren arruinar un jugoso contrato con el gigante asiático por unas incómodas charlas que ha demostrado ser estériles, ya que Beijing no permite imposiciones. Es frecuente que, en vísperas de reuniones económicas con funcionarios o empresarios chinos, dirigentes extranjeros hagan promesas solemnes de que aleccionaran a China en materia de derechos humanos. En realidad esas declaraciones son para consumo interno de sus países.
“El caso de Chen demuestra que incluso Washington parece intimidado. La economía es el mantra de la política en Occidente y todo el mundo baila alrededor del becerro de oro. Los derechos humanos no son ya un valor importante, o decaen rápidamente. Así ocurrió antes de la Segunda Guerra Mundial”, advierte Mark Shan, de la organización China Aid, con base en Estados Unidos, durante una entrevista vía correo electrónico.
“Los derechos humanos fueron muy importantes en las conversaciones bilaterales entre Beijing y Washington, pero en los últimos cinco años están marginadas. Las violaciones se denuncian una vez al año en un informe que después va a parar al cajón oscuro”, añade desde Taiwan Phelim Kine, investigador de Human Rights Watch.

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