Defensa de los derechos humanos

Emilio Álvarez Icaza, excoordinador de Comunicación y Derechos Humanos del Cencos. Foto: Alejandro Saldívar
Emilio Álvarez Icaza, excoordinador de Comunicación y Derechos Humanos del Cencos.
Foto: Alejandro Saldívar

MÉXICO, D.F. (Proceso).- El nombramiento de Emilio Álvarez Icaza como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una buena noticia. En parte, por ser un reconocimiento a su trabajo a favor de los derechos humanos desde diversas trincheras. En parte, por llamar la atención hacia el importante papel que cumplen los organismos internacionales –regionales o universales, gubernamentales o no gubernamentales– al mantenerse alertas, identificar problemas y promover acciones para la defensa de los derechos humanos en aquellos casos donde se encuentran en peligro.

En México, la herencia de los gobiernos panistas en materia de derechos humanos no es satisfactoria. Lejos de las expectativas que había despertado un partido para quien el tema estaba en el centro de su ideario político, los resultados fueron decepcionantes. Desde el punto de vista formal, hubo avances de indudable importancia. El más destacado: las modificaciones a 11 artículos de la Constitución que, entre otros puntos, elevaron a rango constitucional todos los compromisos en materia de derechos humanos contenidos en tratados de los que México sea parte.

En los hechos, la situación de los derechos humanos, sobre todo durante los últimos años del gobierno de Calderón, tuvo retrocesos. Como ejemplos se pueden citar: el hostigamiento a los defensores de derechos humanos; las agresiones cada vez más brutales contra los migrantes y transmigrantes que se encuentran en territorio nacional; los asesinatos de periodistas y los atentados contra los medios de comunicación; las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros del ejército, asociadas, o no, a su participación en la “guerra” contra el narcotráfico.

La mirada internacional no ha sido indiferente a esa situación. Allí están el último Informe del relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rodrigo Escobar Gil, que señala, entre otros puntos, más de 5 mil denuncias de desaparición forzada de personas. También el Informe de Human Rights Watch correspondiente a 2011, en donde se documentan desapariciones forzadas, tortura, y detenciones arbitrarias en diversos estados de la República Mexicana.

A pesar de la gravedad de la situación anterior, los derechos humanos no ocuparon un sitio destacado en las reflexiones que tuvieron lugar durante el proceso electoral que está por terminar. Merecieron un espacio en las plataformas electorales del PAN y del PRD; no así en la del PRI, donde no se encuentra ninguna sección específica dedicada al tema. Sin embargo, a lo largo de los actos de campaña, los derechos humanos quedaron en el olvido, con la excepción de la reunión de los candidatos con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Por lo que toca a los debates, es obvio que los problemas de derechos humanos no fueron motivo de preocupación.

En ese contexto, llaman la atención los pronunciamientos sobre la posición ante la acción internacional a favor de los derechos humanos, expresada por el candidato Peña Nieto durante una entrevista concedida al famoso columnista Andrés Oppenheimer (Reforma 17/07). Al preguntarle sobre sus planes de política exterior, Peña Nieto no incluyó en su respuesta alguna referencia a la defensa de los derechos humanos o la acción colectiva a favor de la democracia.

Preocupado por esa omisión, el entrevistador insistió en el tema refiriéndose concretamente a problemas que pueden surgir en el continente americano. El candidato respondió entonces: “No está ni corresponderá a mi gobierno hacer juicios de valoración sobre los procesos democráticos que se tengan en otros países” para añadir más adelante “…estoy a favor de observar un cabal respeto a la libre autodeterminación que tengan los pueblos en cada nación”.

Semejante posición, defensiva ante la ampliación de competencias de organismos internacionales, no es ajena a las tradiciones del PRI. Con excepción de la acertada decisión de ser parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 1998, los gobiernos priistas se colocaron siempre en el terreno de mayor resistencia a los cambios que estaban modificando la visión de la soberanía en el caso de violaciones de derechos humanos o ausencia de procesos democráticos. En la actualidad, dichos cambios han conducido, entre otros, a dar a los organismos internacionales la posibilidad de recibir denuncias y peticiones directas de los individuos que sufren de dichas violaciones, así como a permitirles poner en práctica acciones colectivas para reaccionar frente a tales situaciones.

Esa evolución, que obliga a revisar las visiones estrictas de soberanía, tiene una legitimidad internacional muy extendida, ha sido una de los aspectos más significativos de la transformación del orden internacional desde el fin de la Guerra Fría. Hay detractores, claro está, porque abrir la puerta a la acción internacional en asuntos que antes se consideraban estrictamente de jurisdicción interna de los estados conlleva peligros. Sin embargo, cabe hacer notar que dichas detracciones corresponden a países poco respetados por sus credenciales democráticas.

México tiene que vivir los nuevos tiempos con una visión moderna y positiva de la contribución que cumplen los organismos internacionales. No es aceptable regresar a una retórica anacrónica que no corresponde a las realidades del siglo XXI. En estos tiempos, defender los derechos humanos y la democracia no es responsabilidad exclusiva de cada país. Corresponde también a las instancias internacionales de carácter gubernamental a las que se les ha otorgado la tarea de hacerlo, así como a las de la sociedad civil que han adquirido la legitimidad para ejercer esa responsabilidad. Ante la persistencia de situaciones en México que favorecen la violación de los derechos humanos es necesario que esto no se pierda de vista.

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