El meganegocio del IJAS

Derrotado el PAN en las urnas el 1 de julio último, sus funcionarios se aprestan a llenar sus bolsillos en este Año de Hidalgo. Por lo menos así se conducen algunos directivos del Instituto Jalisciense de Asistencia Social, quienes se niegan a pagar los 25 millones de pesos que adeudan a los grulleros desde hace un lustro. Representantes de ese gremio desnudan el modus operandi de los funcionarios de esa dependencia.

Con el pretexto de que carece de fondos, el Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS) se niega a pagar 25 millones de pesos a los propietarios de las asociaciones Grúas de Guadalajara y Municipios Anexos, A.C. (Agrumaac) y Grúas de Jalisco (Agrujal) por el traslado de vehículos hacia los corralones 8 y 11 desde hace un lustro.

Los acreedores consideran falaz el argumento, pues son testigos, dicen, de los millones de pesos que entran a las arcas de la institución. Sostienen que alrededor de 40 vehículos de lujo salen cada mes de los depósitos para subastarlos.

El problema, comentan los socios de las asociaciones afectadas, es que el dinero se queda en manos de funcionarios como Teodoro Villafaña, jefe de contabilidad del IJAS; Gerardo Reyes, coordinador operativo de patios, y David López, jefe administrativo de servicios generales.

Uno de los integrantes de la Agrumaac,­ quien pide omitir su nombre por seguridad, explica: “Los autos no se rematan. Se supone que van en comodato, por lo que los arreglan, les sacan llave, les ponen placas y los guardan. Algunos de los vehículos terminan siendo propiedad de funcionarios, otros son vendidos con todo y factura, pues el IJAS tiene la facultad de facturar”.

En este mes, agrega, 136 autos de lujo –la mayoría reportados como robados, entre ellos varios Lincoln, Mercedes y Expedition– fueron trasladados por las grúas a cinco talleres mecánicos donde se les dio mantenimiento. De ahí fueron llevados a los depósitos, incluido el de La Venta del Astillero.

Acuerdos incumplidos

 

Proceso Jalisco visitó algunos de los talleres mecánicos donde son remolcados los vehículos por orden del IJAS donde son reparados con cargo al erario. Uno de ellos, el denominado Electromecánico Danny, S.A. de C.V., está ubicado en la esquina de Héroes Ferrocarrileros y la Calle 3. El día del recorrido los trabajadores de ese negocio reparaban una Suburban, una Cheyenne y un auto Platina.

En otro negocio –Automotriz Danny F1–, de calle Mojonera número 1244, se encontraban una RAM, una Durango, una Cheyenne y una Suburban en espera de que le colocaran llantas nuevas y les arreglaran el motor y la transmisión. En la acera, tres lujosas camionetas estaban listas para ser recogidas. Uno de los mecánicos comenta a la reportera que el IJAS acostumbra enviar las de ocho cilindros.

“Las reparaciones –dice– se hacen mediante oficio, a través de un formato y nos pagan mediante un cheque. Es un círculo muy cerrado de los responsables, si acaso son dos los que saben.”

La reportera también acudió al taller Import Llantas, de 5 de febrero y Nicolás Bravo, y al Afinaciones González, en el número 35 de la Calle 68, al oriente de la ciudad. En este sitio se encontraba una camioneta negra con el número de identificación del IJAS 12302I0 en el parabrisas.

Los integrantes de Agrumaac sostienen que cuando un auto tiene reporte de robo y es enviado a algunos de los corralones del IJAS, las autoridades no reportan al propietario dónde está su vehículo. Muchas veces, aseguran, los funcionarios se quedan con la unidad.

Y cuando algún auto es llevado a cualquiera de los cuatro corralones del IJAS, donde hay miles de ellos, su propietario tiene hasta un año para reclamarlo, aunque muchos desconocen que su vehículo fue recuperado, por lo que no acuden a reclamarlo. A ello se debe que no se enteren de las subastas o de que fueron dados en comodato.

También sucede que, como la ley obliga al IJAS a dar aviso a través de la Secretaría de Finanzas, así como a los estados donde los vehículos fueron registrados, los funcionarios del instituto optan por regalarlos. Con ello evitan que los propietarios se enteren dónde está su unidad, dicen los entrevistados.

Desesperados por la renuencia del IJAS a liquidarles su adeudo y ante el inminente quiebre de algunas empresas de grúas, los integrantes de la Agrumaac­ aceptaron la propuesta de uno de sus compañeros que, dice, “tiene nexos con gente del PAN”.

Los entrevistados comentan a la reportera que él los puso en contacto con un despacho donde uno de los socios es Eugenio González Márquez, hermano del actual gobernador, con quien incluso se reunieron ya en dos ocasiones: la primera, en mayo pasado en el restaurante Beno’s de la avenida Guadalupe, a una cuadra del edificio de San Uriel; la segunda fue en junio, en el edificio de San Uriel 890.

En el último encuentro estuvo también su socio Gabriel Cuevas, quien al igual que Eugenio se comprometió a que el IJAS les pagaría “el dinero adeudado. Incluso comentaron que “nos cobrarían 20% de lo recuperado”, indica uno de los entrevistados.­

Eugenio se comunicó con su hermano Emilio y puso el altavoz para que se escuchara la conversación. Le pidió que facilitara el camino para recuperar el dinero y el mandatario contestó que sí”, hasta le indicó a qué bufete jurídico llevar la información, relatan los integrantes de la Agrumaac.

Explican que le entregaron a Eugenio una lista de inventarios y lo acompañaron a ver a Mario Reynoso Esparza, encargado de la subsecretaría de Asuntos del Interior, “quien cambió su actitud hacia nosotros”. El hermano del gobernador, dicen, se reunió también con José Luis González Íñigo, presidente de la Junta de gobierno del IJAS, quien “nos mandó decir que sí pagaba”.

Pero el 31 de julio el IJAS ordenó a los grulleros que empezaran a sacar de los corralones más vehículos de los que suelen remolcar normalmente. Así, en un mes trasladaron 136. Los denunciantes sospechan que es probable que, tras el declive del PAN en los comicios del 1 de julio, los funcionarios corruptos del IJAS busquen ganar más dinero con esas maniobras.

Dos años y nada

 

Los integrantes de la Agrumaac relatan que el 3 de junio de 2010 se reunieron con Juan José Ramos Ramos, de la Secretaría General de Gobierno; Mario Reynoso Esparza y Javier Lechuga Millán, ambos de Asuntos del Interior; Felipe Prado Trejo, de la Secretaría de Vialidad, y Alejandro Esponda Gaxiola, director del IJAS en esa época.

El encuentro fue en las instalaciones de la Subsecretaría de Asuntos del Interior. Ahí se acordó, entre otros puntos, que para que el instituto saldara su adeudo y las grúas siguieran arrastrando vehículos a los depósitos, los asociados de la Agrumaac presentaran la documentación de los servicios realizados.

Los afectados admiten que no cumplieron, pues las autoridades les pedían “los papeles originales” y sin un soporte, lo que les impediría hacer reclamos posteriores.

Según el cuarto punto del acuerdo, “el IJAS obtendrá de las empresas 100 pesos por servicio de salida por vehículo de los patios, cantidad que será cobrada por la Asociación de Grúas, monto que será abonado al pago del resultado del dictamen emitido. Dicha propuesta se respetará hasta que se termine de pagar el monto del adeudo reclamado o hasta que la legislatura autorice en Ley de Ingresos del Estado el cobro al propietario de la unidad trasladada, como cobro que será adicional a la tarifa vigente por el servicio prestado por la compañía de grúas”.

Este último punto sí se concretó, con la instalación de cajas en dos de los depósitos del IJAS para hacer el cobro por la prestación del servicio de “arrastre y salvamento de vehículos”.

No obstante, los afectados aclaran que aun cuando ellos iban a ser los que cobraran por el servicio, son los del IJAS quienes lo hacen. Según la Ley de Ingresos actual, la tarifa por dejar ingresar a la grúa de asistencia o de una aseguradora para sacar un vehículo (derecho de piso) es de 104 pesos.

–¿Por qué no lo cobran ustedes, si así se acordó?

–Porque ellos presentaron la propuesta como suya al Congreso y los legisladores se las autorizaron. Nos jugaron el dedo en la boca, pues no nos han pagado ni un peso de lo que se acordó –responde uno de los entrevistados.

Los afectados calculan que, por el cobro a grúas que no pertenecen a ninguna de las asociaciones oficiales del organismo –Agrujal o Agrumaac–, el IJAS obtiene más de 1 millón de pesos anuales.

“Si cada día se sacan del depósito número 11, 50 vehículos de aseguradoras o de particulares que pagan 104 pesos, estamos hablando de 5 mil 200 pesos. En cinco días la suma asciende a 26 mil; al mes son 104 mil pesos, y al año 1 millón 248 mil.

“Desde que se firmó el acuerdo son casi 4 millones de pesos. Y todavía falta sumar lo que saca el IJAS de los corralones 4 y 8. La pregunta es: ¿por qué dicen que no tienen dinero para pagarnos?

“A eso hay que sumarle que al ciudadano le están cobrando 64 pesos por maniobra y más de 50 pesos de pensión al día, dependiendo de la categoría del vehículo. Creemos que por cada auto se llevan de 10 mil a 15 mil pesos en promedio.”

Otro integrante de la Agrumaac sostiene: “Me tocó ver a un hombre que pagó 54 mil pesos de pura pensión para recuperar un Jaguar. El IJAS está ordeñando la vaca sin ser el dueño”.

El instituto se comprometió también a pagar de manera gradual a la asociación conforme se remataran los vehículos, pero no ha cumplido.

“Ya es tiempo de que cobremos el inventario de los carros que hemos movido. Gastamos en gasolina, sueldo de los choferes y ellos (los del IJAS) son los que ganan. Nos dijeron que nos iban a pagar con los carros de compactación.”

Compactaron 4 mil hace dos meses, fueron como 160 millones de pesos los que entregó la compañía Siderúrgica de Guadalajara al IJAS. “Yo llegué a ver los cheques a nombre de diferentes funcionarios”, pero no de la institución”, menciona uno de los socios de la Agrumaac.

–Si el IJAS no les paga, ¿por qué siguen trabajando para ellos?

–No podemos negarnos a prestar el servicio. Estamos atados de manos. Si no les cumplimos, nos quitan la concesión. No sólo le trabajamos al IJAS, también a la Secretaría de Vialidad. Somos 50 las empresas que depositamos vehículos en los patios del IJAS.

Ya pasaron dos años de la firma de aquellos acuerdos, por lo que los agraviados buscan ahora el apoyo de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) que, a través de su vicepresidente Manuel Sánchez Benavides, ya les externó su apoyo. El martes 28 los grulleros realizarán una manifestación en el centro de la ciudad para difundir su causa y emplazar al IJAS a que les pague los 25 millones de pesos del adeudo.

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