Exigen indígenas la liberación del maestro Alberto Patisthán

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis. (apro).- Unos tres mil indígenas tsotsiles de la organización pro-católica “Pueblo Creyente” marcharon hoy por las calles de esta ciudad colonial para exigir la libertad del maestro indígena bilingüe, Alberto Patishtán Gómez, condenado injustamente a 60 años de prisión.
Los miles de indígenas adheridos al “Pueblo Creyente” de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, que portaron velas y flores, lanzaron consignas para exigir la libertad de Patishtán Gómez, acusado de perpetrar una emboscada donde murieron varios policías estatales en el año 2000.
Los indígenas que el pasado 31 de agosto realizaron una jornada de ayuno y de oración para pedir la libertad del que consideran un preso político, dijeron que el motivo de la marcha fue para dar a conocer las injusticias que está viviendo Alberto y exigir su inmediata liberación.
La marcha partió de la gasolinera San Juan en las afueras de San Cristóbal de Las Casas y de ahí partieron a la Catedral de San Cristóbal donde en plena Plaza de la Resistencia, como se le llama al atrio, celebraron una “Santa Misa Liberadora”.
Marcelo Pérez Pérez, párroco de Simojovel quien se dice “acompañante del Pueblo Creyente del Equipo Tsotsil” encabezó la movilización.
Durante la misa, dijo:
“Hoy como iglesia, nuevamente estamos presentes para solidarizarnos con nuestro hermano Alberto Patishtán y expresarle que no está sólo, que no nos cansaremos hasta que goce de su plena libertad”.
El presbítero también exigió al gobierno federal y estatal “en nombre de Dios todo poderoso” poner un alto a las injusticias en contra de los pueblos indígenas. “Basta de sentencias llenas de injusticias, basta de sufrimientos que se le está cometiendo a nuestro Hermano Alberto Patishtán”, les exigió el párroco.
La organización ligada a la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas se define como un Pueblo Creyente “iluminado con la Palabra de Dios”.
Patishtán Gómez fue detenido en el municipio de El Bosque, en el norte de la entidad, en junio de 2000 y acusado de participar en una emboscada donde murieron siete policías estatales y dos personas más resultaron heridas.
Fue sentenciado a 60 años de prisión, y debido a su activismo ha sido trasladado a diferentes reclusorios, incluido el de Guasave, Sinaloa, de donde fue regresado a Chiapas el mes pasado, luego de diez meses de protestas.

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