La transparencia, a la basura

Al concluir la presente administración estatal y las 125 municipales, la transparencia y la rendición de cuentas dejan mucho que desear, dicen especialistas en la materia. En Guadalajara y Tonalá se denunció la destrucción de archivos oficiales, entre ellos solicitudes ciudadanas de información que deberían resguardarse al menos seis años. Pero las autoridades de los tres niveles de gobierno se negaron a tomar medidas preventivas y a sancionar a los responsables.

Desde hace algunas semanas, en Tonalá y Guadalajara se destruyen documentos oficiales en forma deliberada o por supuestos errores y excesos de personal de confianza, sin aplicar ningún protocolo legal.

En un antecedente que las autoridades minimizaron, hace unos días aparecieron archivos en papel de la Dirección de Seguridad Pública de Tonalá en un predio cercano a la autopista hacia Zapotlanejo, en las inmediaciones del Cortijo de los Fernández, propiedad de la familia del cantante Vicente Fernández.

Cuando un reportero de Televisa informaba sobre el cierre de esa autopista al tránsito local, se localizaron miles de registros acerca de guardias policiacas, informes de cabina, datos de personas detenidas, servicios requeridos, listas de agentes y rutinas de los gendarmes en servicio.

Mucho peor es lo que ocurrió poco antes de concluir la administración municipal de Guadalajara, el 30 de septiembre: ante la Procuraduría General de la República, una exempleada del ayuntamiento denunció la destrucción de aproximadamente 4 mil archivos en la Unidad de Transparencia e Información (UTI), que corresponden a solicitudes de información de ciudadanos y relacionados con giros comerciales, licencias de construcción, despidos injustificados, indemnizaciones, viajes al extranjero y el polémico caso de las Villas Panamericanas.

La exintegrante del Consejo de Transparencia del ayuntamiento, Cecilia Ayala Dávalos, fue despedida por denunciar la destrucción sistemática de esos archivos. Ella afirma que esos expedientes estaban fechados de 2004 a 2011 y que contenían solicitudes de información sobre las administraciones municipales encabezadas por Jorge Aristóteles Sandoval, Alfonso Petersen Farah y Emilio González.

De los cerca de 4 mil archivos así dese­chados, 3 mil 500 correspondían al periodo de 2006 a 2010, pese a que la ley establece que los expedientes de solicitudes de información pública deben conservarse por los menos seis años. Los papeles fueron botados a la basura en bolsas negras de plástico y en cajas de cartón.

Ayala Dávalos informó de tales anomalías por escrito al presidente municipal, a la secretaría general y a la contraloría, pero lejos de hacer caso a sus denuncias le advirtieron que “no iba a ganar nada” y finalmente la despidieron.

En cambio, dice, las responsables de la destrucción ilegal gozan de la protección de funcionarios de primer nivel, por lo que han proseguido su labor:

“Todo el año 2004 y 2005 las solicitudes de información recibidas por la Unidad de Transparencia fueron destruidas. Esa acción la llevaron a cabo Estela Rubio Nuño y Diana Janette Torres Pacheco; la primera, comadre del exsecretario del ayuntamiento Roberto López Lara, y la titular de la UTI, Nancy Paola Flores Ramírez, decía que Diana es su amiga y maestra de una de sus hijas.”

Para ella, no había otra opción que interponer ante la Procuraduría General de Justicia de Jalisco (PGJ) una denuncia formal por la destrucción ilegal de archivos en el ayuntamiento de Guadalajara (averiguación previa 10417/12).

En la querella, Ayala Dávalos solicita sanciones para las responsables de la destrucción de archivos y contra la responsable de la UTI, por negligencia y por negarse a levantar actas administrativas contra el personal que cometió el ilícito.

“Yo le di personalmente trozos de los expedientes rotos a Nancy Paola Flores (directora de la UTI) y le dije: ‘Mira, siguen rompiendo expedientes’. Ella fue al área de comedor y se dio cuenta de que había bolsas y cajas con documentos originales rotos, pero fue omisa: no sancionó y no sé si notificó a sus superiores. Para el 30 de julio (pasado) ella dio de baja a Jannete sin ninguna sanción ni acta de responsabilidad.”

Según la copia de la denuncia, Ayala Dávalos declaró que ella y sus compañeras estaban depurando y ordenando el archivo: “En la segunda semana de abril, hasta mi lugar de trabajo en la UTI se acercaron Janette Torres y Estela Rubio, y me preguntaron cómo iba con la caja de los expedientes que en ese momento tenía a mi disposición. Les contesté que lento, pero que avanzaba”. Entonces Janette le dijo que tenía un “plan b”, porque al paso que iban no terminarían, y propuso destruir los expedientes para concluir rápido.

Eso fue a principios de abril, en la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua. En la segunda quincena del mes, “las compañeras destruyeron información original, que la ley obliga a resguardar por seis años, y es más, ni siquiera la titular de la UTI tiene facultades para destruir, porque primero se tiene que cubrir un proceso y la titular también incurre en responsabilidad al ser omisa, no sanciona, no toma medidas preventivas. Y las compañeras, ante la actitud indiferente de Nancy Paola Flores Ramírez, destruyen otra parte importante del mismo archivo”.

La segunda ocasión, sus compañeras destruyeron expedientes que ya estaban depurados y ordenados y ya no tenían el pretexto de ahorrarse trabajo. Al darse cuenta de lo que hicieron, Ayala Dávalos buscó de nuevo a Flores Ramírez, le informó e incluso llevó restos de los archivos rotos a la oficina de la funcionaria.

La titular de la UTI se comprometió a investigar el caso y sancionar a las presuntas responsables, e hizo creer que las dos serían sancionadas, cuando en realidad las protegía porque una de ellas es comadre del entonces secretario general del ayuntamiento, Roberto López.

La otra empleada fue removida de su puesto, pero la mantuvieron en la UTI. El colmo es que, a pesar de la supuesta sanción, volvió a destruir archivos oficiales en la unidad.

Ayala agrega que el pasado 2 de agosto su jefa le notificó que “por órdenes de arriba” ya no laboraba en la UTI. El 6 del mismo mes el jurídico de la contraloría, Francisco Estrada Magallón, le advirtió que no iba a ganar nada con denunciar. “Me dijo que si habría una forma de arreglarse y que la resolución podría ser en el sentido de dejar mi nombre limpio y sin mancha como servidora pública”.

Donaciones y gastos opacos

 

Entrevistado sobre la denuncia de la exempleada del ayuntamiento de Guadalajara, José Bautista, catedrático del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y representante de la organización Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra), aclara que ésta no investiga la destrucción de archivos oficiales porque su trabajo se sustenta en la información publicada en las páginas de transparencia, pero considera grave la denuncia, “sobre todo si se da en la coyuntura de la transición de gobierno; existe un reglamento que norma la entrega-recepción y también la Ley de Acceso a la Información Pública. De comprobarse ese hecho… existen elementos para una sanción”.

Informa que, en general, los índices de transparencia del gobierno de Guadalajara se elevaron y que se encuentra en segundo lugar del país en la materia, sólo después de Tlajomulco. Sin embargo, indica que aún falta transparentar la administración local en los donativos de la presidencia municipal.

Se refiere a la denuncia de padres de familia de la escuela primaria Andrés Figueroa, ubicada en la Calle 66 y su cruce con Revolución, en 2010 y 2011 el ayuntamiento de Guadalajara dio a conocer que donaría cientos de modernas computadoras laptop a varias escuelas, y de ese esperado acto de apoyo a la educación de decenas de niños, finalmente sólo vieron en las aulas viejas PC.

Bautista dice que uno de los campos más opacos de la administración municipal es su comunicación con la sociedad: nadie sabe cómo se integran los consejos sociales, que en su mayoría no están confirmados por ciudadanos y donde los cambios se dan con total discreción. Además, el Programa Operativo Anual (POA) se conoce de manera insuficiente.

En materia de obra pública, poco se sabe acerca de quienes ejecutan las obras sociales y en algunos rubros la información sobre uso de recursos aparece dispersa e incompleta. Bautista considera que este punto puede obedecer a una actitud de opacidad de la autoridad.

Además, señala, resulta difícil saber cuánto gasta el ayuntamiento en comunicación social, ya que la información al respecto no es actual ni completa.

Entrevistado aparte, el exdirector del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (Itei), Augusto Valencia, afirma que si bien en 2005 la entidad se vanagloriaba de ubicarse en los primeros lugares de transparencia en el país, ahora aparece en los últimos, pese a que el gobierno lo niegue.

Esto se debe, según él, a que la nueva Ley de Transparencia del Estado de Jalisco y sus municipios, vigente desde abril pasado, no beneficia la rendición de cuentas, sino que aumenta el burocratismo y provoca la inhabilitación de la plataforma de Infomex, y para colmo al Itei se le considera un organismo ineficaz en el que se derrochan 40 millones de pesos al año.

Según datos que aporta el integrante de Cimtra José Bautista, 95% de las solicitudes de información se recibía a través del sistema Infomex, que desde hace meses está desactivado.

Valencia destaca que los gobiernos del PAN y del PRI no sólo se han mostrado poco dispuestos a promover un nuevo estadio en la rendición de cuentas, sino que con la nueva ley ambos partidos se aliaron para promover la opacidad de sus administraciones.

Agrega que las administraciones salientes de los municipios y el gobierno del estado quedaron a deber en materia de rendición de cuentas:

“Es un retroceso importantísimo y dramático, que creo que esa es la forma de describir lo que ocurre. Es un grave error el haber permitido que se publicara la nueva Ley de Acceso a la Información y ahora esperamos que la iniciativa lanzada por el presidente electo, Enrique Peña Nieto, ponga orden en esa materia. La tendencia actual es desaparecer los organismos estatales y fortalecer un esquema de apertura a la información con la aplicación de reglas generales y no sólo de orden local.”

Para el expresidente del Itei, en los municipios de por sí prevalece una marcada falta de transparencia en el uso de recursos públicos, en informes sobre las obras públicas, lo que se agrava al conocerse la destrucción de archivos.

Comentar este artículo