“Familia por familia”, la consigna de Los Zetas contra Moreira

Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila. Foto: Especial
Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila.
Foto: Especial

SALTILLO, COAH. (Proceso).- La tarde del miércoles 3 José Eduardo Moreira Rodríguez, coordinador de Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social en Ciudad Acuña, Coahuila, se dirigía a un acto organizado por el diputado local Cuauhtémoc Arzola. Nunca llegó. Varios de los asistentes dijeron haber visto una camioneta parecida a la del muchacho abandonada cerca del ejido Santa Eulalia. Arzola acudió al lugar.

Ahí encontró a José Eduardo con dos tiros en la cabeza y un mensaje cuyo contenido no fue revelado, pero que se sabe que hablaba de una venganza de Los Zetas.

Según los primeros resultados de las investigaciones y de acuerdo con Carlos Ariel Moreira –hermano menor de Rubén y Humberto– el asesinato del joven hijo del exgobernador y exdirigente nacional del PRI fue anunciado en pancartas colocadas en Piedras Negras, Coahuila, en las que se amenazaba a la familia. José Eduardo era el más vulnerable.

Así, el asesinato parece responder a la muerte de Alejandro Treviño Chávez, sobrino de Miguel Ángel Treviño Morales, L-40, segundo al mando de Los Zetas.

Treviño Chávez murió en un tiroteo con efectivos del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE) de la procuraduría estatal.

“Familia por familia”, fue la consigna de Los Zetas contra Rubén Moreira en mantas colocadas en diversos puntos de Coahuila el mismo miércoles. Aunque dicha información no fue dada a conocer por el gabinete de seguridad coahuilense, otro de los hermanos Moreira, Carlos Ariel, confirmó el dato.

“Hubo mantas donde señalaban que iban a ir por uno de nosotros y se fueron por el que estaba más cerca de ahí, que no tenía cómo protegerse, no sabía cómo defenderse. Iban en contra de la familia por lo que pasó en Piedras Negras (la muerte de Treviño Chávez), es la información que yo tengo”, dijo en el funeral de su sobrino.

A partir de la fuga de 131 reos del penal de Piedras Negras el pasado 17 de septiembre los operativos que derivan en balaceras han aterrorizado a los habitantes de aquella ciudad y de Acuña.

La mañana del miércoles 3, efectivos del GATE abatieron a cuatro pistoleros, entre ellos Alejandro Treviño.

El procurador de Coahuila, Homero Ramos Gloria, informó que el hallazgo del cuerpo de José Eduardo Moreira fue reportado desde Ciudad Acuña a las 21:20 horas del miércoles 3.

Un día después llegaron a Saltillo funcionarios de la Marina, la Defensa, Gobernación, la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública federal para coordinar las investigaciones.

Entre los funcionarios federales que encabezarán las investigaciones están la subprocuradora Victoria Pacheco Jiménez; Luis Arturo Oliver Cen, jefe de Estado Mayor Presidencial de la Secretaría de la Defensa Nacional, y el almirante José Santiago Valdés Álvarez, jefe de Estado Mayor de la Marina.

También participarán Jaime Domingo López Buitrón, director general del Cisen; Luis Cárdenas Palomino, comisario de la Policía Federal, y el general Noé Sandoval Alcázar, comandante de la IV Región Militar.

Es decir: Todo el aparato de seguridad del Estado para buscar a los asesinos del hijo de Humberto Moreira.

Y los primeros resultados de las investigaciones llegaron pronto.

El viernes 5 el procurador Ramos informó que ya se había detectado que algunos funcionarios municipales presuntamente estaban implicados en el asesinato. “Tenemos tres presentados” en Saltillo y “cuatro arraigados que estuvieron declarando prácticamente la noche entera en Acuña”, aseguró en una entrevista radiofónica.

 

Feudo de los Treviño

 

La franja fronteriza coahuilense enfrenta un escenario de terror desde hace meses, producto de la disputa entre el Cártel del Golfo y Los Zetas, por la guerra interna entre el grupo de Miguel Ángel Treviño Morales, L-40, y el de Iván Velázquez Caballero, Z-50 o Talibán, y por la lucha entre la mafia y las fuerzas de seguridad.

Entre desapariciones de familias enteras en los municipios cercanos –Allende, Morelos, Nava y Zaragoza– y ejecuciones y tiroteos que no se reportan por el régimen de terror aplicado contra la prensa local, las evidencias de las múltiples confrontaciones apenas quedan registradas en las redes sociales.

Compuesta por los municipios Hidalgo, Guerrero, Piedras Negras y Ciudad Acuña, la frontera de Coahuila es controlada por Los Zetas desde 2002, cuando barrieron la estructura criminal de Los Texas, una banda que en los noventa tuvo gran fuerza dentro del Cártel del Golfo cuando lo comandaba Juan García Ábrego.

Desde entonces y hasta 2007 Raúl Lucio Hernández Lechuga, El Lucky o Z-16 (detenido en diciembre pasado en Veracruz), fue responsable de las operaciones en Piedras Negras. Pero ese año fue enviado como relevo Óscar Omar Treviño Morales, L-42, quien mantiene el control del norte de Coahuila para su hermano L-40 (Proceso 1736 y 1846).

La importancia de los Treviño en la estructura criminal de Los Zetas se ha revelado a partir de la detención de otros dos de sus familiares. El pasado 12 de junio efectivos de la Armada detuvieron a Juan Francisco Treviño Chávez, El Quico, en un centro comercial de Monterrey. Con él estaba Jesús Chávez, quien de acuerdo con la Secretaría de Marina era jefe de plaza de Los Zetas en Sabinas Hidalgo, Nuevo León.

Juan Francisco es hermano de Alejandro, el abatido el miércoles 3, y son hijos de José Treviño Morales, quien a principios de octubre fue detenido en Oklahoma por lavado de dinero; la investigación resultante salpicó en plena campaña electoral lo mismo a priistas que a panistas debido a la implicación del político y empresario veracruzano Francisco Colorado Cessa (Proceso 1857).

Tras el asesinato de José Eduardo Moreira y el anuncio del despliegue de seguridad, la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Coahuila emitió un comunicado expresándole a Humberto Moreira sus condolencias, pero le recordó que lleva años buscando que las autoridades federales y estatales se coordinen para aclarar la situación de los desaparecidos.

El gobierno estatal emprendió una cruzada en medio de la violencia exacerbada. Entre otras cosas en los meses recientes Rubén Moreira prohibió los casinos; impulsó y aplica una radical ley seca que permite a los policías ingresar a lugares privados a suspender fiestas y tiene un programa de recompensas.

Dicho programa salió a relucir cuando el pasado 17 de septiembre se fugaron 131 reos del penal de Piedras Negras y el gobernador ofreció recompensas de 200 mil pesos por cada fugado reaprehendido.

Pero la violencia no cesa. Crece.

La noche del 27 de septiembre los enfrentamientos se repitieron durante dos horas por distintos rumbos de Piedras Negras, con bloqueos de avenidas, vehículos incendiados y un tiroteo continuo que duró una hora.

Al mando de Z-40 y de Heriberto Lazcano, El Lazca, Los Zetas han operado en Coahuila con impunidad, infiltrando los cuerpos de seguridad local y federal y la estructura de la VI Zona Militar.

Desde la caída de Sergio Villarreal Barragán, El Grande, expolicía judicial de Coahuila y exagente de la PGR, plazas como Torreón, que estaban en poder de los hermanos Beltrán Leyva y del Cártel de Sinaloa, pasaron a manos de Los Zetas.

Uno de los primeros zetas que controló Coahuila fue Germán Torres Jiménez, Z-25 o Tatanka, un exmilitar y fundador de ese grupo.

Fue detenido en Poza Rica, a donde huyó después de conocerse que coordinó el plagio del estadunidense experto en secuestros Félix Batista el 10 de diciembre de 2008 en Saltillo. Su ubicación fue denunciada a la Policía Federal por los mismos dirigentes del grupo.

Desde su llegada a Coahuila Los Zetas contaron con la protección de autoridades de todos los niveles. Esas relaciones salieron a relucir durante el mandato de Humberto Moreira, ya que el hermano de Jesús Torres Charles, su procurador, recibía miles de dólares por estar al servicio del grupo.

Los Zetas penetraron las filas del Ejército, la PGR, la Policía Federal, la PGJE y las policías estatales. La detención de cuatro líderes zetas reveló la complicidad de altos funcionarios a los que el grupo delictivo les pagaba fabulosos sueldos (Proceso 1837).

Incluso en esa época varios líderes fijaron su residencia en el estado, para desde ahí operar en Monterrey y otras plazas. Capos regionales como Sigifredo Nájera Talamantes, El Canicón; Juan Oliva Castillo, La Rana, quien ordenó el atentado al casino Royale, y Alberto José González Xalate, El Paisa, detenido en abril de 2012, tenían su centro de operaciones en Saltillo.

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