Promueven en Chiapas ley para regular el uso de Internet

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El diputado local del PRI, Noé Castañón Ramírez, presentó al pleno del Congreso del estado una iniciativa de ley para regular el acceso y uso de Internet en la entidad –Ley de Agenda Digital–, con penas de dos, cuatro y hasta ocho años de prisión a quien haga mal uso de dicho servicio.

La iniciativa impulsada por el hijo del secretario general de Gobierno de Chiapas, Noé Castañón León, establece que toda aquella persona que sin autorización modifique, destruya u ocasione pérdida de datos en equipos de información, se le impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión y 100 días de multa.

Además, a quien sin autorización conozca, copie o utilice la información, recibirá una pena de cuatro años de prisión o de 100 a 300 días de multa.

El proyecto subraya también que aquella persona que, estando autorizada para acceder a equipos de información modifique, destruya o provoque pérdida, será sancionará con cinco a ocho años de cárcel.

La iniciativa presentada por Castañón Ramírez, que –dijo– le fue enviada el pasado martes 6 por la delegada nacional del Movimiento de Cibernautas en Chiapas, Marisela Aguilar, plantea en su artículo 19 que a toda aquella persona que suplante una identidad y cause perjuicio alguno se le impondrá una pena de dos años y 150 días de multa.

No obstante, la propuesta de ley pondera la promoción de acceso a la información a través de Internet, y demanda que la red mundial llegue “gratis” a los 122 municipios de Chiapas.

Según el documento, la iniciativa “tiene por objeto fomentar, establecer, promover y garantizar el ejercicio de derechos y obligaciones de los ciudadanos del estado, regulando las medidas y acciones que contribuyan al desarrollo integral de los chipanecos y chiapanecas”.

Señala que el acceso de los ciudadanos al conocimiento global da facultades al Estado “como órgano regulador del ciberespacio y los internautas”.

Apunta:

“El Estado será el órgano rector y regulador de las conductas  externas de los y las internautas en la sociedad de la información, las cuales pueden imponerse a sus destinatarios mediante sanciones o el uso de la fuerza que dispone el Estado”.

Además, añade, “el Estado puede promover la creación, con el apoyo del Congreso, de un órgano especializado con capacidad para combatir delitos informáticos si fuera necesario”.

La única diputada que impugnó en tribuna la propuesta legislativa de Castañón Ramírez fue Alejandra Soriano Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Muchos gobiernos y estados autoritarios pretenden regular las redes sociales con la finalidad de coartar la libertad de expresión, no somos ingenuos, y el PRD no puede estar a favor de una iniciativa que a todas luces haría falta que fuera mejor discutida, mejor analizada”, dijo.

La legisladora recordó el artículo séptimo constitucional y otros instrumentos internacionales que abogan por el derecho a la libertad de expresión, de información y de pensamiento, entre los que destacó el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos o el 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

De acuerdo con la diputada, “tal parece que (con la iniciativa) se quiere copiar lo que estableció en algún momento Javier Duarte, gobernador del PRI en Veracruz, quien encarceló a dos tuiteros por difundir el estado de crisis (desatado) por el narcotráfico” en la entidad.

Soriano Ruiz llamó a los legisladores a no copiar las cosas negativas de otras entidades, y les pidió respetar y hacer respetar las leyes en materia de libertad de prensa, expresión, información y pensamiento en Chiapas.

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